La dimisión de la ministra de Justicia ahonda la crisis institucional en Colombia

La ministra de Justicia y del Derecho colombiana, Gloria María Borrero. LUISA GONZÁLEZ REUTERS

Gloria María Borrero presenta su renuncia un día después de la del fiscal general y en medio del terremoto político provocado por la decisión de liberar a un exguerrillero de las FARC

Por Santiago Torrado, Diario El País, Madrid

La ministra de Justicia de Colombia, Gloria María Borrero,ha presentado este jueves su renuncia al cargo, convirtiéndose así en la primera baja en el gabinete del presidente Iván Duque. La dimisión se conoce un día después de la salida del fiscal general Néstor Humberto Martínez, motivada por la decisión de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de ordenar la liberación del líder de las FARC Jesús Santrich, sobre quien pesa una orden extradición de Estados Unidos señalado por narcotráfico.

Borrero, que había estado al frente de la cartera desde que Iván Duque asumió la presidencia del país latinoamericano en agosto pasado, argumentó motivos personales para dejar el cargo. “Son los cambios normales de cualquier gobierno, era una conversación que teníamos desde hace varias semanas con el presidente”, dijo en entrevista exclusiva con RCN Televisión. “Llegó el momento en que el Ministerio de Justicia necesita otro liderazgo”.

La exdirectora de la Corporación Excelencia a la Justicia llevaba tras de sí un considerable desgaste político en los últimos meses, después de no haber conseguido tramitar con éxito en el Congreso ni la reforma a la justicia que propuso ni las objeciones presidenciales al sistema de justicia transicional. Dos de los seis reparos presentados por Duque aludían la figura de la extradición, ahora mismo en el eje del debate público por el caso Santrich. Tras ser contundentemente rechazados por la Cámara de Representantes y no obtener mayorías en el Senado, se encaminan a una revisión integral de la Corte Constitucional.

“He aceptado su renuncia; he conversado con ella hace varios días”, declaró Duque desde Medellín, al agradecer su gestión para “enfrentar la drogadicción y la criminalidad del narcotráfico”, en lo que se antojaba como un esfuerzo por disipar la sombra de una crisis institucional. El mandatario había declarado la víspera que respaldaba la decisión de la procuraduría de apelar el fallo de la JEP sobre Santrich, pero se mostró respetuoso de la separación de poderes y prometió preservar la solidez institucional. 

Duque anunció de inmediato que su relevo será la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Margarita Cabello Blanco, una mujer con una dilatada trayectoria en el ramo. “Tendrá la inmensa responsabilidad de avanzar en todas las reformas que se requieran para la modernización del aparato judicial”, valoró el mandatario al tiempo que le encomendaba la tarea de “liderar todos los esfuerzos para combatir con efectividad el narcotráfico desde el punto de vista normativo, y por supuesto con su liderazgo en el consejo nacional de estupefacientes”.

La renuncia de Borrero se produce en un momento turbulento para la justicia colombiana. Además de la salida del fiscal Martínez y de la vicefiscal María Paulina Riveros, la decisión de Estados Unidos de retirar visas a varios magistrados de las altas Cortes del país sudamericano en las últimas semanas, en pleno trámite de los reparos a la JEP propuestos por Duque, fue ampliamente interpretada como una presión indebida que provocó un intenso debate sobre la independencia judicial y las relaciones exteriores.

Como ya lo hizo su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, Duque se ha propuesto una política exterior cuyo eje principal está en Washington, un socio fundamental en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas desde finales de los noventa. Sin embargo, las relaciones binacionales con la Administración de Donald Trump se han tensado por el nivel récord de cultivos ilícitos, pues Colombia cerró el 2017 con 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que se llevan registros. Parte esencial de esa asociación estratégica es la cooperación judicial. El caso Santrich ha puesto en evidencia las tensiones que produce el deber del gobierno colombiano de cooperar con Washington en la lucha contra el narcotráfico.

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