La competencia en el caso Uribe, al final, es lo de menos

El expresidente Uribe está agotando sus recursos procesales. Es una medida que debe respetarse. Pero también debemos rechazar los discursos tan dañinos para el país que ha utilizado en el proceso de defenderse. / Foto: EFE / Mauricio Dueñas Castañeda

Editorial

Dos cosas son ciertas, aunque haya quienes tengan una agenda diseñada para negar esa posibilidad: el expresidente Álvaro Uribe está en todo su derecho de renunciar al Senado y buscar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pierda la competencia en la investigación, pero también es una realidad que las tácticas de él, sus abogados y su partido han buscado desprestigiar a la justicia, crear una hecatombe donde no la hay y pedir que el proceso se ajuste a sus caprichos. Incluso si el alto tribunal decide que el caso pase a manos de la Fiscalía y de un juez ordinario, las instituciones tienen la responsabilidad de demostrar que están en capacidad de llevar con altura la investigación y contarle al país qué fue lo que pasó.

Hay quienes han dicho que si la CSJ pierde competencia en el caso Uribe, será una muestra de que el proceso no llegará a buen puerto. No estamos de acuerdo. Para empezar, todo el acervo probatorio que el alto tribunal ha recopilado seguirá existiendo y si, como lo creemos, es sólido, debe llevar a las mismas conclusiones. De no ser así, la Fiscalía tendría que justificar muy bien su decisión. Si hay motivos para cuestionar el actuar del ente investigador, el país entero tendrá las razones claras sobre la mesa. Además, un juez penal de circuito está en toda capacidad de estudiar el caso. Para evitar que las presiones externas influencien el proceso, lo que debemos, insistimos, es rodear a las instituciones en todas sus manifestaciones. Que quede fuera de toda duda que en Colombia nadie está por encima de las leyes.

Por eso, está dentro de las garantías procesales que el equipo de defensa de Uribe acuda a esta táctica jurídica legal. Lo que sí resulta inaceptable es que sus abogados y defensores de oficio en la palestra pública intenten amenazar a la Corte Suprema de Justicia. Hay argumentos para que los magistrados decidan mantener la competencia, dado que los hechos ocurrieron mientras Uribe era senador, y hay una jurisprudencia que apunta por ese camino. Si el tribunal toma esa determinación, lo habrá hecho en derecho. El mismo expresidente, hace un par de años, había dicho que reconocía la competencia de la alta Corte. Quien sea investigado en Colombia debe comparecer ante los jueces que legalmente le correspondan, no los que él desee.

Debemos ser claros: no pueden utilizarse los discursos públicos para destruir a las instituciones. Aquí no hay un “secuestro”, como dijo el expresidente. Los magistrados no se encuentran en una conspiración en su contra. La Corte no ha dado señales de estar politizada. Su actuar ha sido disciplinado. Los motivos de su decisión unánime están a la vista de todo el mundo. Es una lástima que una persona tan importante para la historia del país haya decidido utilizar, como mecanismo de defensa, la estigmatización. También, que en el partido de gobierno encuentre ecos de sus deseos de tirar por la borda la institucionalidad.

Entonces, sí, el expresidente Uribe está agotando sus recursos procesales. Es una medida que debe respetarse. Pero también debemos rechazar los discursos tan dañinos para el país que ha utilizado en el proceso de defenderse.

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