Jardines de los Andes, floricultora que suspendió contratos temporales y al resto pretende rebajarle salarios

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Agencia de Información Laboral

La gerencia de recursos humanos de Jardines de los Andes, empresa floricultora domiciliada en la sabana de Bogotá (sector que no ha parado de trabajar en la cuarentena) tiene en su mano las cláusulas a los contratos que – según el sindicato Onof (Organización Nacional de Obreros Trabajadores de la Floricultura) – obligaron a firmar a los trabajadores para que aceptaran desmejoras en sus condiciones, como cambio de jornada de tiempo completo a trabajo por horas, licencias no remuneradas, o incluso cláusulas para suspender sus contratos laborales, lo cual es ilegal.

La empresa todavía no ha hecho efectivas estas cláusulas contractuales, seguramente porque la central CTC y el sindicato de industria Onof han estado activos y presionando ante la opinión pública y las autoridades del trabajo. Pero temen que en esta segunda quincena de mayo sí apliquen las clausulas y entonces los trabajadores pasen de jornada a tiempo completo a trabajo por horas, y se recorten severamente sus ingresos.

Son personas que ganan el mínimo, y si trabajan por horas y les hacen los descuentos se les vulnera el mínimo vital. El 70% son mujeres y la mitad de éstas son cabeza de familia”, indicó la abogada Fernanda Cubides Suescún, abogada del Centro de Atención Laboral (CAL) de Facatativá, entidad que desde el comienzo de la crisis viene apoyando jurídicamente a los y las trabajadoras de las flores, sector caracterizado por alta exigencia de metas, pago por productividad, extenuantes jornadas, alto riesgo de accidentes y enfermedades, y enorme carga a la salud mental. Condiciones que seguramente se agravarán por efecto de las restricciones impuestas por la pandemia.

Lo que Jardines de los Andes sí hizo fue cancelar los contratos a los trabajadores (entre 40 y 50) que estaban vinculados a través de  empresas temporales. El sindicato Onof y la CTC, con el apoyo del CAL Facatativá, ya han interpuesto acciones ante el Ministerio de Trabajo, porque la actuación de la empresa tiene visos de ilegalidad. Sería legal si los despedidos fuesen temporales por obra-labor o a término fijo, pero la trampa está en que muchos trabajan en actividades misionales, por tanto, es intermediación laboral ilegal.

La subcontratación es generalizada en todo el sector floricultor como forma de reducir costos operativos y evitar la sindicalización de los trabajadores. En este sector se emplea 190 mil personas, el 55% de ellos tercerizadas. En 2018 representó el 3% de las exportaciones totales del país, y el 17% de la exportación mundial de flores.

Qué hay en bioseguridad en algunas empresas de flores

En lo relativo a la protección de bioseguridad para laborar en medio de la pandemia del coronavirus, el sector de las flores en general no ha cumplido cabalmente con las medidas requeridas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Las empresas no hacen respetar el distanciamiento social ni entregan elementos de bioseguridad, sostiene Gloria Marroquín, presidenta del sindicato Onof.  

Según ella, el riesgo de contagio por el virus no es tanto en las labores de campo de la floricultura, en las que de por sí hay distanciamiento. El problema está en el hacinamiento en los vehículos que transportan los trabajadores a su sitio de labor, y en las apretadas colas que éstos hacen para reclamar sus pagos. Situación que se presenta no solo en Jardines de los Andes, es general en la mayoría de las empresas.

La abogada Fernanda Cubides calificó como violatorias de la norma laboral las clausulas adicionales que Jardines de los Andes les ha impuesto a los trabajadores. Eso solo lo puede hacer por convenio con cada trabajador, no pude ser impuesto. Con el agravante de que la empresa los obligó a firmar bajo amenaza de despido si se negaban, según lo relataron al CAL unos veinte trabajadoras y trabajadores que firmaron las cláusulas.

No sabemos si la empresa las vaya a ejecutar, pero ya las tienen en sus manos y lo puede hacer. Hay mucha incertidumbre entre las trabajadoras por el pago que van a recibir a final de mayo, temen que llegue recortado”, dijo la abogada Cubides.

Constituida en 1972, Jardines de los Andes se compone por tres empresas, que incluye a la Sociedad Comercializadora Internacional Amanay SAS, y a Productora Calfate S.A. Las tres tienen un mismo subgerente para los asuntos del personal y relaciones laborales, y emplean en conjunto a 892 trabajadores, en su mayoría mujeres.

Es una empresa top ten en ventas en la floricultura colombiana, ventas que en 2018 aumentó 5.9%. Vendió $75 mil millones, según información de Onof. “Tiene pues capacidad económica para solventar la crisis, pero la están queriendo descargar toda en los hombros de los trabajadores”, reclamó Cubides.

Por otra parte, Onof ha denunciado una “contabilidad creativa” en Jardines de los Andes, en el sentido de que no reporta todas sus utilidades netas, presenta un aumento “sospechoso significativo” de sus costos administrativos y en el proceso de comercialización. Y tiene una larga historia de prácticas violatorias de derechos laborales. 

Considerando que las acciones que han tomado Jardines de los Andes y otras empresas floricultoras, violan las circulares 21, 27 y 33 del Ministerio de Trabajo, éste debe hacer una fiscalización laboral rigurosa. Asimismo, la debe hacer la Personería de Facatativá.

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