¡Increíble! Cobrar impuestos a la corrupción y al lavado de dinero, proponen en la ONU

El lavado de dinero ilícito también evade impuestos

El lavado de dinero alcanza cada año hasta un 2,7% del Producto Interno Bruto mundial. Este delito, junto a la corrupción y la evasión de impuestos constituyen un fraude que priva a los gobiernos de recursos que ayudarían en la respuesta a las emergencias que asolan al planeta.

La adopción de estándares internacionales de integridad financiera haría posible recaudar esos fondos para aliviar las contingencias e impulsar el desarrollo sostenible.

Los miles de millones de dólares que quedan fuera de las arcas públicas por actividades delictivas como la corrupción, el lavado de dinero y la evasión tributaria podrían financiar los esfuerzos contra el COVID-19 y el cambio climático, además de impulsar la lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo sostenible.

Según un informe elaborado por el Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI), una décima parte de la riqueza mundial podría estar oculta en activos financieros extraterritoriales, lo cual impediría la recaudación justa de impuestos por parte de los gobiernos.

De esta manera, en la actualidad el lavado de dinero alcanzaría hasta un 2,7% del Producto Interno Bruto mundial cada año y las corporaciones privaron a los gobiernos de unos 600.000 millones de dólares también anualmente valiéndose de paraísos fiscales.

El Panel de Alto Nivel se estableció en marzo de 2020 para analizar los vacíos y deficiencias normativas y de implementación que facilitan el movimiento mundial de flujos ilegales de dinero proveniente de actividades de corrupción, lavado de dinero y evasión tributaria.

Robo al erario

Estos flujos suponen un robo para los países porque con ellos se podría progresar hacia un desarrollo sostenible que no dejará a nadie atrás.

Además, las actividades ilícitas socavan la confianza en las instituciones, contribuyen a una mayor pobreza y, en la coyuntura actual, también disminuyen los recursos para enfrentar la pandemia de COVID-19 y la crisis climática.

El trabajo del Panel se llevó a cabo mientras la pandemia avanzaba causando estragos en la salud y las economías, exacerbando la desigualdad y evidenciado la necesidad de contar con mayores recursos públicos para invertir en la recuperación y restaurar la confianza en la gobernanza nacional e internacional.

Integridad financiera

José Antonio Ocampo, integrante del panel formado por ex dirigentes y gobernadores de bancos centrales, líderes empresariales y de la sociedad civil, y académicos, explicó que la intención fue recomendar medidas para evitar que continúe la sangría del erario de manera que los dineros se destinen a atender las necesidades sociales.

“Las recomendaciones están orientadas al tipo de acciones qué se pueden hacer a nivel mundial pero también a ver cómo se pueden apoyar los esfuerzos nacionales para tratar de contrarrestar estos flujos que significan enormes dineros que se pueden utilizar para propósitos de desarrollo, máxime en la crisis que estamos viviendo, pero también para mejorar la gobernabilidad.”

Es decir, los expertos del panel propusieron adoptar una integridad financiera que capte y utilice los recursos para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Así, en vez de desaparecer en laberintos offshore o extraterritoriales, los fondos que hoy se desvían ilegalmente, se utilizarían en beneficio de las personas y los lugares que los generaron.

Para conseguir la integridad financiera, dijo José Antonio Ocampo, se deben replantear las estrategias actuales de combate a los flujos ilícitos.

“En primer lugar hay que repensar la forma de atacar estos flujos financieros ilegales en el mundo a través de mayor cooperación internacional y de forma integral, porque algunos se relacionan entre sí. Por lo tanto, se propone que haya un seguimiento coordinado por parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el ECOSOC. En este proceso es muy importante que los países en desarrollo estén sentados a la mesa porque ellos son algunas de las grandes víctimas, como se sabe por los casos de algunos casos de fortunas asociadas a la corrupción que han fluido desde países en desarrollo hacia países desarrollados”, apuntó.

Existen leyes que prohíben el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción, pero son delitos que siguen ocurriendo, ¿qué se necesita para forzar su cumplimiento?

“Se necesita el fortalecimiento de todas las instituciones nacionales que le dan seguimiento a esos temas, en eso puede haber avances sustanciales. En materia bancaria el control del lavado y otros flujos ilegales se puede fortalecer. Yo como ministro de Hacienda en Colombia establecí los mecanismos de revisión de las actividades de los bancos en este campo en colaboración con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Y Colombia es hoy día uno de los países que aparece en los rankings como uno de los mejores en materia de lavado de dinero a través del sistema financiero, aunque hay otras formas de lavado, por ejemplo, el a través del contrabando, que es un tema que Colombia sigue sufriendo. Sí, se puede crear instituciones nacionales con un grado de efectividad importante”, aseveró Ocampo.

Además de las instituciones, los expertos reconocen la labor crucial de los actores no estatales.

“Defendemos a los periodistas y a todos los actores que encuentren información y la den a conocer a las autoridades. Hay que protegerlos de las distintas actividades que puedan perjudicarlos. Esto incluye a las personas dentro de las empresas que saben que hay prácticas ilegales y las informan a las autoridades judiciales. También hay que crear estándares internacionales para los profesionales del derecho, del sector financiero y de la contabilidad a nivel internacional porque se les debe considerar igualmente culpables si están involucrados en los delitos o si asesoran a aquellos que involucrados en lo financiero, legal o contable”, detalló.

Convención sobre temas tributarios

Según el informe del Panel los mecanismos de cooperación tienen que reforzarse para combatir la evasión tributaria y para ello propone un instrumento internacional de la ONU sobre impuestos para que estén incluidos todos los países.

“Una convención de las Naciones Unidas en materia tributaria que establezca los principios de control tributario, los principios de cooperación tributaria internacional y que cree un órgano intergubernamental en las Naciones Unidas que se encargue de los temas tributarios”, abundó Ocampo.

Estos temas incluirían el control sobre las ganancias de capital, añadió el panelista, “ya que es muy típico que esas utilidades se registren en paraísos fiscales”

Recomendaciones

El informe del Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 elaboró 14 recomendaciones entre las que destacan:

Responsabilidad de los países, el sector privado y la comunidad internacional en su conjunto para la promulgación y cumplimento de leyes, persecución de delitos de corrupción y transfronterizos, y tolerancia cero al fomento de flujos ilícitos a título empresarial

Elaboración de una Convención Tributaria de las Naciones Unidas que estipule normas de transparencia en ese terreno y que sea un instrumento legal abierto e inclusivo con participación universal

Establecimiento de un registro centralizado de información sobre los beneficiarios finales del lavado de dinero que tenga base en las normas internacionales

Pago justo de impuestos de los contribuyentes, sobre todo por parte de las corporaciones multinacionales, y diseño de incentivos para combatir la elusión y evasión ficales

Pautas globales para evitar la complicidad de los profesionales financieros, legales y contables.

Normas mínimas de protección a los defensores de los derechos humanos, periodistas y otros denunciantes de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal

Desarrollo de mecanismos de gobernanza nacional sólidos y coordinados que refuercen la integridad financiera para el desarrollo sostenible

Establecimiento de un mecanismo de coordinación global que se ocupe de la integridad financiera de forma sistémica que esté a cargo del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC)

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