Incertidumbre en Venezuela 

Venezuela en un enero caliente. Foto El País

Editorial

La economía no da tregua a Venezuela. A pesar de una mejora palpable con respecto a los peores años de la crisis y la reactivación paulatina del sector petrolero, las previsiones optimistas con las que se cerró 2022 no se corresponden, al menos por el momento, con la realidad. El fantasma de la hiperinflación ha vuelto a llenar el horizonte de nubarrones y la producción de crudo no acaba de despegar. En este caldo de cultivo, se han reanudado las protestas de trabajadores que demandan un aumento de salario y, una vez más, han elevado la presión social contra el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien se espera este martes en la cumbre de la Celac (la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en Buenos Aires.

Esta nueva oleada de movilizaciones se da en pleno proceso de negociación entre el chavismo y la oposición, en un intento de diálogo hoy estancado por la reticencia de Estados Unidos a desbloquear los activos del Estado congelados en el extranjero y las tensiones con el régimen. Sin embargo, las marchas no tienen en esta ocasión un carácter estrictamente político. En Venezuela priman las condiciones materiales, sobre todo después de años de gestión catastrófica, desfalco de la petrolera estatal, PDVSA, y de sanciones internacionales. La prioridad de la sociedad es evitar la asfixia y conjurar un regreso al pasado reciente.

A las protestas se han sumado profesionales, técnicos y obreros del sector educativo, sanitario, siderúrgico y metalmecánico, trabajadores de la Administración pública y también los jubilados. No les faltan motivos para salir a la calle. El salario mínimo que percibe gran parte de los empleados públicos está fijado en 130 bolívares mensuales, que hoy equivalen a unos 6,5 euros. Aunque ese monto se multiplicó con respecto a los anteriores ejercicios, resulta más que irrisorio frente a la escalada de precios: la cesta de la compra mensual roza, por ejemplo, los 370 euros. Estas circunstancias obligan a millones de personas a depender de las ayudas estatales, sobre todo de los programas alimentarios conocidos como CLAP, creando un mecanismo de compensación que en la práctica favorece a los militantes y simpatizantes chavistas.

Más allá de las complicaciones que puede suponer para Maduro un nuevo frente de protestas, lo verdaderamente urgente es que el Gobierno afronte una situación inviable. La mesa de diálogo instalada en México logró a finales de noviembre un acuerdo para aliviar la crisis humana. Esa fue una buena señal, pero ahora la negativa del chavismo a seguir negociando si Washington no acelera el desbloqueo de los fondos, junto a la situación caótica del bloque opositor, ha vuelto a dejar en agua de borrajas el diálogo. Por eso también, además del horizonte electoral, es imperativo que hagan los esfuerzos posibles para volverse a sentar y llegar a acuerdos capaces de paliar las angustias de una gran parte de la población.

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