¿Huele a corrupción?

Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación. Foto El Espectador

Cecilia Orozco Tascón

La protegida del ultraderechista Alejandro Ordóñez, Margarita Cabello, le debe su carrera pública, después de la inquietante magistratura que ejerció en la Corte Suprema en donde, muy pronto, adquirió fama de manipuladora de cargos judiciales —desde los de juez de pueblo hasta los de presidente de alto tribunal—, a Iván Duque que la nombró en el Ministerio de Justicia cuando le faltaban siete meses para terminar su periodo de togada. Todo estaba milimétricamente calculado: su ingreso al Gobierno era un peaje, una corta espera de un año, cuando le llegaría el turno de retirarse, por tiempo cumplido, al procurador Fernando Carrillo, el estorboso funcionario que se negó a ser el mozo de espadas del mandatario. En contraste y para la tranquilidad del presidente, ella estaba dispuesta a asumir ese rol, si podía figurar como personaje de Estado ante los reflectores y las cámaras. Así fue “elegida” procuradora general.

Cabello ha repetido, en el Ministerio Público, las mañas clientelistas que desplegó en la Suprema. No necesita demostrarse, dado que es hecho notorio, que los puestos de importancia y los salarios mayores en la entidad que dirige han sido distribuidos por ella y por su delegada predilecta, María Lourdes Hernández Mindiola, a la que hay llamar —pomposamente— “jefa de Gabinete”, con una meticulosidad que despierta asombro. No obstante, su mejor faena no es esa sino la que ha realizado para hacerle el quite a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que le ordena a Colombia eliminar la facultad de la Procuraduría que le permite suprimir los derechos políticos de los elegidos mediante voto popular. Cabello y Duque decidieron burlarse de la Convención Americana de la que somos firmantes, fingiendo que cumplían el fallo mientras hacían lo contrario. No podía esperarse que Cabello fuera leal a los estándares internacionales de derechos cuando la decisión de la Corte IDH se debió a la destitución —calificada como arbitraria por el tribunal— que su padrino Ordóñez le impuso al hoy presidente Petro cuando este era alcalde de Bogotá. Obedecer la sentencia hubiera sido como traicionar su credo.

Pero, en cambio, la procuradora general es generosa con otros organismos multilaterales afines con la politiquería criolla. Tal como lo reveló Noticias Uno el fin de semana pasado (ver), la señora Cabello firmó, en 2021, dos convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que cuenta con sede en Bogotá; el primero, firmado en mayo, por $26.000 millones de los cuales la Procuraduría entregó, en dinero contante y sonante, poco más de $12.000 millones a la OEI; esta puso $13.000 millones pero en especie, es decir, con trabajo y sin billetes.

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