Por: Salomón Kalmanovitz
Barranquilla y Cartagena han experimentado fases de corrupción intensa con consecuencias disímiles: en una fue eficiente; en la otra, depredadora. En los años 90 la parapolítica se tomó la región Caribe y el recaudo de impuestos lo hacía una empresa de Jorge 40. En vez de usar la coacción para el recaudo, aprovecharon para cobrar coimas y reducirles impuestos a los que las pagaban, con lo cual los ingresos fiscales cayeron, especialmente en Barranquilla. Alcaldes corruptos y venales le siguieron, las empresas públicas y las agencias distritales pasaron a manos privadas, y el desgreño, los elefantes blancos y el abandono fueron la marca de su gestión. La ciudad estaba quebrada, en Ley 550, con todos sus programas concesionados a empresas privadas.
En 2008, Álex Char ganó las elecciones y procedió a hacer una reforma tributaria, actualizó el catastro, subió las tarifas del predial y tecnificó el recaudo, logrando un fuerte incremento de los ingresos de Barranquilla. Procedió entonces a hacer obras públicas que beneficiaron a varias empresas constructoras, incluyendo a la de su familia. Realizó la canalización de los arroyos, el mantenimiento de los parques, el centro de convenciones y el malecón sobre el río Magdalena, al que la ciudad le daba la espalda; además, se dieron mejoras en educación y salud. A pesar de eso, Barranquilla sigue desindustrializada: vive del comercio y los servicios.
Cartagena es la única ciudad del país que se ha venido industrializando en el siglo XXI, especializándose en el sector petroquímico, gracias a su refinería. Ha tenido un largo auge de la construcción y cuenta con el metro cuadrado más costoso del país. El puerto de Cartagena se ha modernizado, disfrutando de grandes olas de turismo internacional y nacional, algo que se ha resentido en 2020. Ha tenido siete alcaldes entre 2012 y 2019, en medio de una rampante corrupción, a pesar de lo cual ha aumentado su recaudo. Los locales pagan pocos impuestos prediales.
Según La Silla Vacía, los Char desarrollaron un sistema de contratación eficiente, en manos de grandes contratistas asociados al clan, que financian las obras aprobadas por el Concejo para después ser reembolsados por el distrito. No recurrían al financiamiento de los bancos. El esquema se presta para el lavado de activos: dinero ilícito o gran capital invertido en obra pública, que la Alcaldía paga puntual a la entrega. El Concejo es sumiso, aprueba contratos y sobre todo vigencias futuras, hasta por el 80 % de los ingresos de la ciudad, lo que la tiene sobreendeudada. Jairo Parada define el sistema como un extractivismo de obra pública, mucha de ella innecesaria y de baja calidad.
Aida Merlano afirmaba que los Char se quedaban con el 30 % de la contratación, pero es más probable que la situación sea similar a la de Santa Marta, donde al intermediario del alcalde le decían míster 15 %.
Cartagena no se ha recuperado de la parapolítica de los años 90. Las obras se demoran insufriblemente, como el sistema de transporte público Transcaribe y el plan maestro de drenajes pluviales, sin el cual la ciudad se inunda cada invierno. La calidad de los servicios de educación y salud es pésima.
Los cartageneros se cansaron de tanto desorden, eligiendo a William Dau nuevo alcalde, quien hizo una campaña sin financiación de los contratistas y contra la corrupción, pensando en aumentar los ingresos, culminar las obras, iniciar nuevas que son verdaderamente necesarias y mejorar la educación y la salud.
