Estallido social: Sin participación ciudadana no hay solución

EFE/ MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

«De nada nos sirve una Carta nueva, si quienes la aplican y sobre todo quienes deben cumplirla no la desarrollan en su espíritu y sus premisas»

Por William Giraldo Ceballos

Cinco gobiernos han pasado desde la proclamación de la Constitución Nacional en 1991 y no han creado los mecanismos de participación ciudadana que facilitarían soluciones a los problemas que tienen indignados a los colombianos y que desembocaron en el violento estallido social hace 50 días.

La voz de la presidencia colegiada y de la Asamblea Constituyente de 1991 en la proclamación de la Carta Política hace exactamente 30 años. Foto Archivo de la Asamblea Constituyente

«Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político» señala el artículo 40 de la Carta Política, proclamada hace 30 años.

Los 74 delegatarios que reformaron la Constitución vigente desde 1886, consideraron que la participación de los colombianos en la administración pública y la creación de las leyes no debía limitarse a la elección de sus representantes en el Congreso de la República y que los ciudadanos participaran de manera activa en las decisiones gubernamentales.

Al definir las formas de participación democrática la Constituyente ordenó al Estado «contribuir a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan».

Nada se ha hecho al respecto y, por el contrario, con el trasfondo de la pandemia mundial que alteró la vida y la economía en general, el gobierno se escuda en el incumplimiento de esta obligación constitucional para desconocer los reclamos de los diferentes estamentos sociales que se han sumado activa o solidariamente ( por aquellos que no pueden participar en marchas y paros), al estallido que puso fin a 200 años de indiferencia, desigualdad y discriminación social.

No hubo participación de la ciudadanía en la elaboración de la ley 100 que estableció intermediarios financieros y ganancias particulares en la administración del servicio público de la salud, uno de los fines sociales y fundamentales del Estado.

Los jóvenes, las madres cabezas de familias y los trabajadores informales no se sienten representados en el Comité del Paro que impulsó la protesta generalizada y reprimida violentamente por la fuerza pública, porque los gobiernos de Gaviria, Pastrana, Uribe y Santos no impulsaron la ley reglamentaria de los mecanismos de participación ciudadana que les ordenó la Carta.

Tampoco los congresistas que dicen representar el poder soberano del pueblo que los eligió han hecho nada.Ese era el temor de la Asamblea Constituyente de 1991 en el discurso pronunciado en su nombre por el dirigente conservador Alvaro Gómez Hurtado que encabeza esta columna.

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