¿Es Duque de mala fe?

Foto Publimetro

Su destino de gregario de Uribe, no parece incomodarle. Su Gobierno no despega. Hasta su círculo de amigos generacionales y copartidarios, se quedan sin argumentos en defensa.

Por Octavio Quintero, director El Satélite

Es una desgracia que todo, o buena parte de todo lo que dicta el presidente Duque, sea con intriga y mala fe. Es lo que no le ha dejado esbozar, al cabo de un año, un gobierno propio, salvo que sea de su talante, proceder con segunda intención.

Abundan los ejemplos: el decreto 1163, por medio del cual derogó el decreto 450 de Santos sobre el requisito de convocatoria pública para seleccionar terna de candidatos a fiscal, es el último de la serie de intrigas que pueblan su gobierno, aconsejado por el expresidente Uribe, de eso, ya no hay duda.

En Contexto

El 21 de mayo, la Corte aceptó la renuncia del fiscal NHM; a hoy, 6 de julio, fue tiempo suficiente para hacer la convocatoria… Pero, no; el tiempo se gastó maquinando cómo ocultar la intención de ternar, sin examen público, a uribistas pura sangre, expertos en tapujos, como el que se fue, que le ayuden al expresidente en sus enredos con la justicia.

El tema

El decreto que deroga la convocatoria, se basa en el artículo 249 de la constitución, y dice:

(…)

El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido.

Pero, el 126 dispone:

(…)

“Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública…”.

El artículo que cita el Presidente es original, es decir, conserva el mismo texto expedido en la Constitución del ’91.

En cambio, el precepto que aparece en el artículo 126, fue incorporado a la Constitución por el acto legislativo 02 del 2015. Eso explica la aparente antinomia. El decreto presidencial (1163), no menciona por ningún lado esta norma, tal vez adrede.

Si la Corte Suprema de Justicia, que es la que hace la elección de fiscal general, es una corporación pública de la rama judicial, entonces, la terna que remite el Presidente de la República debe salir de una convocatoria pública: así de simple.

Por lo visto atrás, la derogatoria es abiertamente inconstitucional; y el Presidente lo sabe. Por eso no menciona, en las facultades que cita para expedir su decreto, el artículo 126 de la Constitución, sino el 249.

Ahora, el país político-jurídico está trenzado en discutir la norma derogatoria de Duque para proceder a seleccionar terna de fiscal general. Tal como ocurrió con sus objeciones a la ley estatutaria de la JEP, se trata de desconcentrar la atención de la gente en lo fundamental de un buen gobierno: seguridad pública y ciudadana, salud, educación, empleo y transparencia en la administración pública.

¿Qué puede pasar? Que del bolígrafo de Duque salga el nuevo fiscal: es la intención; y, cuando la norma se caiga, si es demandada, el ardid habrá quedado consumado. Como dicen los campesinos: “después de perro peído, para qué echarle palo al nido”.

Otra alternativa es que la Corte devuelva la terna, por no cumplir el requisito de la convocatoria contemplado en el artículo 126, y en éste tira y afloje, concluya el periodo constitucional del fiscal dimitente, y tan importante organismo, en un país cercado por la corrupción y la violencia inflamada por el narcotráfico, termine en manos de un encargado. Y en rancho de la polarización, siga ardiendo.

De lógica

La mala imagen que tiene el presidente Duque (29%, según Gallup/Junio), se debe, en buena parte, a sus electores arrepentidos. Ninguno de ellos calculó que, el hacer trizas los acuerdos de paz, principal leitmotiv de su elección, implicaría hacer trizas también al país, a través de una rabiosa polarización política que revive las épocas más oscuras de la violencia en Colombia, precisamente, esa que tratamos de dejar atrás con el acuerdo de paz.

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