El impuesto solidario, un raponazo: “El gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores”

La noche de la declaratoria del Estado de Emergencia por el Covid 19. Foto Presidencia de la República

Por William Giraldo Ceballos

No es solo un titular, es parte del inciso noveno del artículo 215 de la Constitución Nacional sobre la declaratoria del estado de emergencia, del cual hizo uso el gobierno del presidente Iván Duque ante la pandemia del covid-19 y el descaro de desconocer el mismo orden legal.

El salario es parte de los derechos sociales de los trabajadores y de ellos hace parte el derecho a la pensión de jubilación.

Sin embargo, el presidente Duque aupado por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla expidió el decreto legislativo 568 (de carácter transitorio) que creó el impuesto “solidario” y el aporte “solidario voluntario” por el covid-19 para ingresos salariales y pensiones de $10 millones o más.

Aunque el enunciado del inciso en cuestión, parece simple y entendible para cualquier ciudadano con sentido común, no parece ocurrir lo mismo con los abogados de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, ni los de las oficinas jurídicas del Ministerio de Hacienda y de la Dirección Administrativa de Impuestos Nacionales, DIAN.

El ordenamiento jurídico para la aplicación del actual Estado de Excepción señala que “podrá el Presidente con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.”

El texto completo del inciso noveno del artículo 215 de la Carta dice “El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo”.

Tampoco leyeron los asesores legales del gobierno que el inciso octavo del mismo artículo precisa que el presidente y los ministros serán responsables “por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.”

La sorpresa para empleados públicos, privados y pensionados de ambos sectores fue recibir recortados sus salarios y sus mesadas pensiónales al comenzar el mes de junio en aplicación de dicho decreto que, por sus características, es abiertamente inconstitucional.

Ya está demandada ante la Corte Constitucional la inexequibilidad del decreto 568, pero el daño ya está hecho y cuando se confirme la arbitrariedad mediante fallo del alto tribunal, no habrá Santa Lucía que valga.

De acuerdo al parágrafo del mismo artículo 215 de la C.N. también podría acusarse falta de diligencia del Gobierno al demorar más allá del día siguiente de su expedición el envío a la Corte Constitucional de los decretos legislativos que dictó en uso de las facultades concedidas con la declaratoria de emergencia.

Pero para volver al tema del “raponazo” disfrazado de solidaridad y buena voluntad, miremos los descuentos aplicados con doctrina de la DIAN:

De $10 millones, el 15 por ciento equivalente a $1millón 230 mil pesos.

De $15 millones el 17 por ciento, es decir $2 millones 244 mil

A los de salarios y pensiones de $20 millones, el gravamen fue del 20 por ciento, equivalente a $3 millones 640 mil.

A $25 millones el 20 por ciento, igual a un impuesto de $4 millones 640 mil.

A honorarios más IVA de $11 millones 900 mil, el impuesto transitorio y voluntario fue del 15 por ciento, equivalente a $1 millón 230 mil.

A honorarios más IVA de $17 millones 850 mil, la tarifa fue del 17 por ciento para un impuesto de $2 millones 244 mil

Honorarios más IVA de $23 millones 800 mil, impuesto del 20 por ciento, un total de $3 millones 640 mil

Y para honorarios más IVA de $29 millones 750 mil se cobró el 20 por ciento con un impuesto a cargo del profesional o contratista de $4 millones 640 mil.

Grave y costoso impuesto “solidario” a quienes trabajan por Colombia, mientras duermen y ganan dividendos en el exterior las reservas internacionales administradas por el Banco de la República

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