El Centro Democrático tiene miedo y ahora orquesta con Guatemala las difamaciones contra Iván Velásquez

Iván Velásquez, ministro de Defensa fortalecerá el respeto a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas y enfatizará acciones contra la corrupción. Foto Pulzo

Ahora que la Fiscalía y el gobierno de Guatemala acusan de inmoral al abogado que puso al descubierto la corrupción en ese país y llevó a la cárcel a los mas altos funcionarios de ese país, y en Colombia la parapolítica que tiene en prisión a decenas de dirigentes regionales, senadores y representantes miembros del CD, sus voceros actuales piden la renuncia de Velásquez al Ministerio de Defensa.

Este es un artículo publicado en agosto del año pasado en Revista Corrientes que muestra quién es Iván Velásquez. El investigador que confrontó a Pablo Escobar para rechazar un millonario soborno disfrazado de «regalo».

Acostumbrados a difamar a quienes los critican, los denuncian o hacen pública la verdad de sus opacas actividades, miembros del CD declararon al nuevo Ministro de Defensa como su enemigo.

La inquebrantable integridad moral y ética del abogado Iván Velásquez,  es conocida desde hace 30 años cuando como  Procurador Regional de Antioquia descubrió en Medellín un lugar de torturas supuestamente utilizado por un escuadrón élite  antisecuestro integrado por miembros del ejército y la policía y rechazó tajantemente un generoso «regalo» del capo Pablo Escobar.

Se disgustaron algunos mandos de las fuerzas de seguridad.

Días después, hombres enviados por Pablo Escobar llegaron a su oficina con una maleta llena de dólares, como un gesto generosidad con Velásquez por su trabajo en defensa de la población antioqueña.

El Procurador Velásquez rechazó tajantemente el dinero. 

Para evitar una posible venganza del capo, fue a la cárcel de La Catedral en donde supuestamente se habían sometido a la justicia Escobar y algunos de sus hombres para explicarle personalmente que rechazaba su dinero porque su salario lo pagaba el Estado.

Distinto a lo que se podía esperar de este hecho ocurrido en 1991, es que Pablo Escobar  lo escuchó, se excusó con Velásquez y le dijo que había sido un error  y no estaba buscando nada a cambio.

En una segunda visita a La Catedral, ordenada por el Procurador General de la Nación, Carlos Gustavo Arrieta, para establecer la seguridad del establecimiento y verificar versiones sobre actividades ilegales en su interior, Velásquez se encontró de nuevo con Escobar.

Tomó fotos de las lujosas “celdas”  del capo y de  sus hombres, dotadas con gimnasios, mesas de billar, televisores, muebles y una casa de muñecas para las visitas de su hija Manuela  y hasta chefs para preparar los alimentos.

La «celda» de Pablo Escobar en La Catedral, «la cárcel de alta seguridad» que el capo construyó para «someterse a la justicia».

Las fotos se hicieron públicas  en 1992 y escandalizaron al país porque el gobierno no había dado el tratamiento penitenciario que se esperaba ante el sometimiento a la justicia de  la cúpula del cartel de Medellín.

Semanas después el gobierno decidió cambiar  el sitio de reclusión con el traslado  de Escobar y sus hombres a otra cárcel.

El capo declaró como sus rehenes a los funcionarios oficiales que le explicaban esa noche las razones del traslado y  en medio de confusos hechos en los que se fue la luz y se produjeron explosiones y gritos, Escobar escapó.

En 1997, fue designado Director Regional de Fiscalías en Antioquia.

Encontró una nueva amenaza a la seguridad nacional: el paramilitarismo estaba tomando el control rural en los departamentos de Antioquia , Córdoba y se proyectaba a otras regiones del país.

Sus actividades se centraban en matar activistas sociales y líderes que los paramilitares definían como de izquierda y se preparaban para combatir a las guerrillas con apoyo del ejército.

Para la época  más de 400 grupos de estas supuestamente autodefensas campesinas, legalizadas por el gobierno  bajo la denominación de  “Convivir”  operaban mayoritariamente en Antioquia y contaban con más de cien mil hombres.

Ya se conocían las denuncias de su viejo amigo y colega José María Valle con quien había integrado un colectivo de abogados para la Defensa de los Derechos Humanos.

Valle denunció con pruebas ante el gobernador Alvaro Uribe Vélez que el ejército apoyaba a los grupos paramilitares y así mismo lo reafirmó ante el comandante de la cuarta brigada militar, semanas antes de su asesinato.

Iván Velásquez incorruptible defensor de los derechos humanos y del ejercicio ético del derecho

Los tres Valle, Uribe y Velásquez eran egresados de la misma facultad de derecho de la Universidad de Antioquia.

Las primeras impresiones del hoy ministro de Defensa sobre Alvaro Uribe Vélez eran positivas porque públicamente expresaba su rechazo a la corrupción pública y el cacicazgo en los partidos políticos.  Esas buenas impresiones sobre la personalidad de Uribe Vélez se dieron cuando  Velásquez ejercía como Procurador Regional.

Como Director Regional de Fiscalías en Antioquia, Velásquez  compartió puntos de vista con el entonces Senador en  reuniones  convocadas por las autoridades de Medellín.

Veía a Uribe como persona seria y  progresista hasta cuando éste asumió la gobernación de Antioquia y dio un giro a la derecha con un discurso agresivo y militarista que lo llevó al fortalecimiento de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, CONVIVIR.

Velásquez observó en ese tiempo el riesgo que significaba que el ejército entregara armas  a los civiles integrantes de las CONVIVIR que podrían esconder con su fachada el accionar de los grupos paramilitares y entendió el alcance de las denuncias hechas por su excompañero José María Valle.

Con el correr de los meses y años,  con el argumento de luchar contra la guerrilla, los paramilitares cometieron espantosas masacres de campesinos y habitantes de apartados poblados porque supuestamente vivían y colaboraban con los grupos subversivos.

La masacre de El Aro, región natal del abogado Valle, fue el ejemplo patético de las operaciones paramilitares que se repitieron a lo largo del país en la década de 1990.

En febrero de 1998 Valle acusó ante la Fiscalía Regional como responsables de la masacre de El Aro al comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, al comandante de la Policía Nacional de Antioquia, al gobernador Alvaro Uribe Vélez, al asesor de seguridad  de Uribe Pedro Juan Moreno y al jefe de las Autodefensas Campesinas, AUC, Carlos Castaño.

Días después, el 27  febrero, dos hombres elegantemente vestidos, portando maletines, sorprendieron a Valle en su oficina, lo acostaron boca abajo, lo amarraron de pies y manos y uno de ellos le disparó dos veces en la cabeza.

Al conocer los resultados de las investigaciones de los fiscales, a Velásquez le quedó claro que los paramilitares eran los  asesinos de Valle y que el problema del militarismo se estaba extendiendo más allá de los campos antioqueños y se estaba extendiendo al resto de Colombia.

Desde la Fiscalía General en Bogotá le advirtieron sobre la posible corrupción de algunos fiscales e investigadores en sus oficinas de Medellín y sus posibles nexos con los grupos a los que investigaban.

Las sospechas surgieron cuando dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, adscrito a la Fiscalía,  habían sido asesinados. Otros agentes del CTI al parecer les habían dado información a los paramilitares acerca de las investigaciones que adelantaban los investigadores asesinados.

En junio de 2005, como magistrado auxiliar  del magistrado Álvaro Pérez  miembro de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez  recibió una queja de la abogada y dirigente de izquierda Clara López  que pedía investigar declaraciones de los comandantes paramilitares Salvatore Mancuso y Vicente Castaño, quienes afirmaban que controlaban más del 35 por ciento del Congreso de la República y anunciaban que en las elecciones siguientes aumentarían el porcentaje de amigos congresistas.

Velásquez decidió atender la queja. 

Los primeros parapolíticos condenados por la Corte Suprema de Justicia

Con base en el testimonio que personalmente recibió en Canadá de Jairo Castillo Peralta “Pitirri”, antiguo miembro de los paramilitares, sobre las actividades de esas organizaciones y los vínculos de éstas con dirigentes políticos del departamento de Sucre, de  Velásquez encontró la primera respuesta a la mencionada queja.

“Pitirri” impresionó a Velásquez por su memoria para detallar, nombres, fechas y lugares de las actividades de los paramilitares, su responsabilidad en las masacres de campesinos y las desapariciones de personas que estorbaban sus acciones.

En su declaración Castillo precisó fechas y lugares de las reuniones sostenidas por los comandantes paramilitares  Salvatore Mancuso, Rodrigo Mercado, alias “Cadena”, con los candidatos al Congreso Jairo Merlano y Muriel Benito, Joaquín García, así como con el Senador de Sucre Álvaro García,  el  entonces candidato a la gobernación Salvador Arana  y otros dirigentes políticos.

Castillo había colaborado con sus revelaciones ante investigadores de la Fiscalía General, luego que se ordenara su asesinato y logrará sobrevivir a un intento  de los sicarios en octubre de 2000 .

Fue el primer paso de la Corte Suprema de Justicia.

Los indicios acumulados  en la investigación fue reforzada con un artículo publicado en el año 2006 en la revista Semana por la analista política Claudia López, hoy alcaldesa de Bogotá, en el que mostraba el inusual comportamiento de los electores en regiones dominadas por los grupos paramilitares y en las cuales se habían producido el mayor número de masacres.

Los políticos, según el análisis de López, habían ganado las elecciones por pares -uno para el Senado y uno para la Cámara de Representantes en cada circunscripción electoral- con el apoyo de los paramilitares que les habían garantizado mayorías atípicas de hasta el 98 por ciento de los votos.

“El patrón que parece repetirse es el de entrar con masacres, realizar homicidios selectivos, afianzar el control militar, penetrar la política y la economía locales y consolidar la hegemonía  en elecciones”, según la investigadora social.

Velásquez comenzó a investigar las regiones que ella había señalado.

En noviembre de ese mismo año y con las evidencias recogidas por un equipo de investigadores, la Corte Suprema expidió ordenes de captura  contra  los congresistas sucreños Álvaro García, Jairo Merlano y el representante Eric Morris.

A su vez la Fiscalía General de la Nación expidió orden de captura contra el exgobernador Salvador Arana en conexión con el asesinato en 2003  del alcalde de Sucre Eudaldo Díaz, quien había denunciado púbicamente, ante la televisión y en presencia del presidente Álvaro Uribe y del entonces gobernador Arana que lo iban a matar.

Las capturas de los políticos de Sucre fueron un golpe a la coalición del presidente Uribe en el Congreso.

Las investigaciones de la Corte Suprema lideradas por Velásquez fueron alimentadas  con las revelaciones del líder paramilitar Salvatore Mancuso quien hizo pública una copia del “Pacto de Ralito” suscrito en el año 2001 por los comandantes de las autodefensas “Jorge Cuarenta”, “don Berna” y el propio Mancuso con 32 políticos, incluidos dos gobernadores, con el objetivo de “refundar la patria”.

Otros más condenados

Los investigadores  encontraron más acuerdos entre los políticos y los paramilitares en otras regiones como el llamado “Pacto de Pivijay” y el “Pacto de Chibolo”, con los planes de varios candidatos a ocupar varias cargos a partir de las elecciones de 2002.

En el 2007 el alto tribunal de justicia tenía claro que casi todos los políticos investigados hacían parte de la coalición del gobierno de Uribe en el Congreso.

En abril de 2007 el congresista de la oposición Gustavo Petro lideró un debate en el que por primera vez Álvaro Uribe fue acusado de estar involucrado en el “escándalo de la para-política” que estaba investigando la Corte Suprema y citó la conexión del hermano presidencial Santiago Uribe, con el grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles” de Yarumal, Antioquia.

Argumentó el senador Petro que el paramilitarismo no era un sistema de autodefensas campesinas  como explicaba Uribe desde cuando era gobernador de Antioquia, sino un proyecto militar, social y económico sostenido por tres pilares: “La alianza de militares  con ideologías anticomunistas, hacendados, grupos de  “justicia” privada  o de “limpieza social”  y el narcotráfico” .

Petro  acusó al fiscal general Luis Camilo Osorio de haber cerrado y archivado una investigación adelantada por la Fiscalía Regional de Antioquia que había descubierto en un parqueadero de Medellín  documentos y evidencias que implicaban a miles de personas y habrían servido para acabar con el paramilitarismo.

En esa misma época, a lo largo de los primeros años del siglo XXI, el periodista Ricardo Calderón había publicado detalles sobre los vínculos  de funcionarios públicos entre ellos directores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, paramilitares y políticos como el primo del presidente Uribe, Mario Uribe  en actividades criminales,  de corrupción y fraude en los procesos electorales.

Tanto el periodista Calderón como el jurista y magistrado auxiliar Velásquez  fueron desde ese momento víctimas de una campaña orquestada desde la propia presidencia de la República para desprestigiar sus trabajos investigativos e insinuar ante la opinión pública que ambos atendían supuestos intereses económicos y políticos de sus fuentes de información.

El propio presidente Álvaro Uribe  extendió los ataques a la Corte Suprema de Justicia cuando ésta respaldó al magistrado auxiliar.

Uribe tuvo a su servicio no solo al DAS y sus  mecanismos para espiar a los magistrados, sino a los medios de comunicación, en desarrollo de esa campaña difamatoria, para acusar a Velásquez y a los miembros de la Corte Suprema de hacer parte de un tipo de conspiración contra su gobierno.

En el año 2012 Salvatore Mancuso declaró públicamente que los paramilitares  habían hecho campaña activa para la elección de Uribe en el 2006.

Mancuso y otros paramilitares, entre ellos “Don Berna”, desde la década de 2010 comenzaron a revelar ante los fiscales, ante la Corte Suprema y públicamente ante medios de comunicación sus sangrientas acciones, masacres y asesinatos de testigos de los hechos  en la década de 1990 y de quienes habían determinado u ordenado la ejecución de hechos como la masacre de El Aro y el asesinato del humorista y comediante Jaime Garzón.

“Don Berna” comentó que fue Pedro Juan Moreno, secretario del gobernador de Antioquia Álvaro Uribe, quien  en una reunión con Carlos Castaño pidió asesinar al abogado José María Valle “porque era incómodo para miembros el ejército por las investigaciones que estaba haciendo sobre casos como la masacre del Aro.

A medida que los paramilitares iban revelando sus actividades Velásquez redondeaba sus averiguaciones y las razones de los ataques contra él y contra la Corte.

Fue «Don Berna» quien hizo pública la denuncia de los paramilitares extraditados a los Estados Unidos como una maniobra oficial para evitar que siguieran haciendo revelaciones sobre los vínculos de empresarios, políticos y ex funcionarios públicos en masacres de campesinos, despojos de tierras, desplazamiento de comunidades completas y el uso de sicarios para callar testigos y autores de crímenes.

Como consecuencia de las investigaciones judiciales de Velásquez  y las periodísticas de Ricardo Calderón la imagen de Uribe comenzó a declinar, manchado por los escándalos y en particular por fechorías de muchos de sus colaboradores, entre los cuales fueron condenados a prisión dos de los directores del DAS implicados con paramilitares y con las “chuzadas” telefónicas a magistrados y periodistas;  su antiguo jefe de seguridad, general  Mauricio Santoyo, su hermano Santiago en el proceso de la organización paramilitar de “Los Doce Apóstoles” en Yarumal, la condena  por la Corte Suprema al ex ministro de agricultura  Andrés Felipe Arias, su secretario en la presidencia Bernardo Moreno, el secretario jurídico  Edmundo del Castillo y el secretario de prensa César Mauricio Velásquez, entre otros.

Ivan Velasquez, cuando se desempeñó como cabeza de la Comisión de Naciones contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Foto REUTERS/Luis Echeverria

Muchas de las investigaciones iniciadas por Velásquez, desembocaron en procesos judiciales, algunos de los cuales no han terminado.

Por esa razón la bancada del Centro Democrático que dirige el ex presidente Álvaro Uribe y que ahora se declaró en oposición, afirma que el nuevo ministro de defensa, Iván Velásquez, es su enemigo.

(Fuentes Maria McFarland Sánchez-Moreno «Aquí no ha habido muertos» , Ricardo Calderón, autor de varias investigaciones publicadas en la anterior Revista Semana y noticias publicadas por los medios de comunicación.

Sobre Revista Corrientes 6871 artículos
Directores Orlando Cadavid Correa (Q.E.P.D.) y William Giraldo Ceballos. Exprese sus opiniones o comentarios a través del correo: [email protected]