El camino de espinas de las reformas de Petro

Ilustración Jorge Restrepo

En el inicio de 2023 el gobierno presentó una agenda ambiciosa con al menos doce reformas estructurales. Algunas de ellas, particularmente la de salud, han resultado tan polarizantes que podrían atomizar el gabinete y dinamitar la coalición del gobierno en el Congreso.

Por: Redacción Cambio

“¿Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro?, ¿Quiere que se lo explique? El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Crea conflicto de manera permanente, la agenda del país girando al rededor del Twitter de Petro y no se hace nada”.

Si algún lector desprevenido se aventurara a adivinar quién fue el autor de estas palabras, seguramente pensaría que la frase viene de un acérrimo detractor del hoy presidente que, durante la época de campaña, quiso predecir cómo transcurriría un eventual gobierno de Petro. Lo curioso es que quien hace un año pronunció esa frase es Alejandro Gaviria, hoy ministro de Educación de Gustavo Petro. La política es dinámica.

Gaviria, entonces candidato presidencial, hizo ese análisis con intención premonitoria en una entrevista con Juanpis González. Tal vez en ese momento, en medio del fragor electoral, el recién renunciado rector de la Universidad de los Andes que buscaba la presidencia no se imaginó que acabaría aceptándole un ministerio a Petro y, como si esto no fuese suficiente paradoja del destino, que su pronóstico político, o por lo menos una parte, empezaría a cumplirse con él como protagonista.

El primer segmento de la profecía se materializó al pie de la letra. Mientras algunos pensaban que Petro armaría un gabinete ideologizado, tan pronto fue elegido dejó ver su lado pragmático y apeló a la real politkGustavo Petro, como lo predijo Gaviria, se dio a la tarea de conformar un equipo de unidad nacional. El presidente designó a varios ministros de su base, conocidos en la militancia de izquierda, pero en las carteras sensibles, las que necesitaban un titular que tranquilizara al establecimiento, puso a viejos zorros de la política con líneas de pensamiento que no necesariamente se parecen a la suya. Así las cosas, en la misma mesa del consejo de ministros acabaron sentados funcionarios tan antagónicos como Irene Vélez y José Antonio Ocampo, o como Carolina Corcho y Alejandro Gaviria.

Hasta ahora, aunque los encontrones entre los unos y los otros no habían faltado, el presidente había logrado manejar su gabinete plural con relativo éxito. Si bien en lo corrido del gobierno ya se han convertido en paisaje las contradicciones entre los ministros, e incluso entre los ministros y el jefe de Estado, la cosa no había pasado a mayores. Sin embargo, con la presentación de la ambiciosa agenda legislativa del gobierno para este 2023, llena de reformas de impacto profundo en la estructura del Estado, esa tensa paz que había reinado en estos meses, podría estar a punto de acabarse. La reforma a la salud, en torno a la cual existen dentro del gobierno concepciones diametralmente opuestas, podría convertirse en una bomba de tiempo que, apelando de nuevo a la predicción de Alejandro Gaviria, le haga imposible al presidente la tarea de cohesionar su gabinete.

El club de la pelea

El primer consejo de ministros del año, citado para el 11 de enero, no era una reunión de trámite para revisar avances y temas pendientes. Se trataba, esta vez, del encuentro en el que el presidente y su equipo definirían la hoja de ruta de la presente administración. La actividad de la primera legislatura de Petro había sido intensa y en ella el gobierno había podido imponer las mayorías para pasar todas sus iniciativas en el Capitolio. El gabinete estaba cohesionado y la coalición de gobierno le había funcionado al presidente como un reloj suizo. Pero ahora, cuando Petro le va a meter el acelerador a las reformas que para él representan el verdadero cambio, justamente las que más reservas despiertan entre los partidos tradicionales y un sector del gabinete, el panorama podría ser distinto.

Ese día, cuando los ministros se sentaron a la mesa, fue evidente que en la sala rondaba un elefante del que nadie quería hablar: la reforma a la salud. Aunque aún no se conoce el borrador definitivo que el Ejecutivo llevará al Congreso, el país político sabe muy bien que no se trata de una reforma cosmética. Carolina Corcho, titular de esa cartera y quien llevará la voz cantante de la iniciativa, ha sido una de las grandes críticas del funcionamiento del actual sistema de salud colombiano y fue designada en su cargo precisamente para darle un revolcón de marca mayor. Se sabe, por ejemplo, que la ministra es de la idea de sacar avante una reforma que, entre otras cosas, desmonte las EPS. Ese planteamiento, que encuentra eco entre los sectores más hacia la izquierda del gobierno, resulta aterrador para los técnicos.

El tema finalmente se puso de presente en ese consejo de ministros. Sin dar detalles sobre el contenido de la reforma, la ministra Corcho afirmó que esta estaba respaldada por un “mandato popular” y que, en esa medida, lo procedente era que el gobierno la priorizara y la presentara en febrero en sesiones extraordinarias. Pero son varios los ministros que no solamente no respaldan el modelo de sistema de salud que Carolina Corcho quiere implementar sino que, además, comparten una preocupación profunda sobre la intención de tramitarla en sesiones extras pues, para ellos, hacerlo limita las posibilidades de discutirla a profundidad y buscar consensos tanto en el gobierno como en el Congreso. Sobra decir que Corcho no es un alma solitaria. La reforma tiene defensores dentro y fuera del gobierno y su filosofía va en la línea de lo dicho por el propio presidente: “La salud en Colombia no puede ser un negocio”.

Cuando le tocó el turno de hablar a Alejandro Gaviria, hoy ministro de Educación, quien en público había tratado de hacerle el quite al tema, esta vez no se guardó su descontento. Tomó el micrófono y dijo que él, que fue ministro de Salud durante seis años, esperaba que su voz, y las de sus colegas, pudieran ser oídas y sus ideas tenidas en cuenta en el proyecto de reforma. “Voy a decir lo que pienso. No me puedo quedar callado porque la peor traición es traicionarse a uno mismo”, afirmó el ahora jefe de la cartera de Educación. Gaviria no solo dejó ver su molestia con la iniciativa que está por presentar Carolina Corcho, con quien en el pasado ha intercambiado palabras de alto calibre, sino que dijo que radicar la reforma en sesiones extraordinarias carecía de sentido. El presidente Petro los miró y guardó prudente silencio.

Algo similar, aunque sin la carga de las diferencias personales que en el pasado tuvieron Alejandro Gaviria y Carolina Corcho, opinaron la ministra de Agricultura, Cecilia López, exdirectora del Seguro Social; el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de Planeación, Jorge Iván González. Todos ellos, unos en público y otros en privado, piden que se dé un debate abierto y de fondo, se muestran preocupados con la tesis del “mandato popular” y dicen que no está claro cómo la ministra Corcho piensa hacer la transición hacia un sistema de salud sin EPS. La titular de la cartera de Salud, por su parte, ha dicho que ese desmonte será progresivo, que la intermediación en el sistema de salud es inconveniente y que no se debe insistir en un modelo que ya mostró sus límites.

A lo anterior, por supuesto, se suman las consideraciones de carácter puramente político. Muchos en el gobierno, y también en la coalición parlamentaria, temen que si la reforma no se matiza y se construye de manera colectiva, acabe hundiéndose en el Congreso y rompiendo la coalición. El fracaso de una de las iniciativas bandera de Palacio sería un golpe mortal para el capital político de Petro. Lo que tiene preocupados a los operadores del petrismo, que han buscado una salida concertada entre ambas visiones, es que las tesis parecen incompatibles y se ve casi imposible llegar a un acuerdo.

Sobre la tensión que ha despertado la manera de tramitar la reforma, CAMBIO consultó al ministro del Interior, Alfonso Prada, quien afirmó que “el gobierno va a tomar una posición en bloque. En principio hemos definido que irá en extras, pero se realizará la presentación formal de esta reforma en Consejo de Ministros el próximo sábado 28 de enero; con seguridad habrá debate y reflexiones internas sobre forma y contenido”.

Aunque los ministros que tienen reparos están dispuestos a dar la lucha desde adentro, fuentes del primer anillo de Palacio, que pidieron no ser citadas, le dijeron a CAMBIO que más de un alto funcionario del gobierno está dispuesto a dar un portazo si el Ejecutivo se precipita a tramitar la reforma de afán y sin consenso entre los expertos.

La disyuntiva que enfrenta el presidente con este tema no es de poca monta. Si las cosas siguen como van, es probable que Gustavo Petro se vea en la encrucijada de tener que decidir entre mantener un gabinete con técnicos que le frenan algunos de sus puntos de honor, o satisfacer a sus bases que piden un cambio más cercano a la militancia que a la tecnocracia.

Calle versus Congreso

Aun cuando el presidente puede acabar en apuros por una reforma en la que sus más cercanos colaboradores parecen no encontrar la manera de ponerse de acuerdo, el sistema de salud está lejos de ser el único tema que promete levantar callos en el año que comienza.

Para esta legislatura el gobierno se ha propuesto sacar adelante el Plan Nacional de Desarrollo, la Reforma Laboral, la Pensional, el Código Minero, la prohibición del Fracking, la Reforma a la Policía, la Reforma Política, la Jurisdicción Agraria, el Código Electoral, la Reforma a la Educación, el Código Ferroviario, y la reforma del sistema penal, entre otros.

Aun cuando unas resultan más polarizantes y prometen debates más intensos que otras, la apuesta legislativa que Petro ha puesto sobre el tablero se convierte en una prueba de fuego para su hasta ahora exitoso esquema de gobernabilidad. No en vano el Ejecutivo y sus alfiles en el Capitolio hicieron lo propio para citar a sesiones extraordinarias. El tiempo apremia y el capital político se agota. Esta legislatura apenas dura tres meses y medio, está atravesada por la Semana Santa, y se desarrolla en pleno año electoral. Los partidos, que hasta ahora le han marchado bien al presidente, en 2023 estarán más concentrados en la consolidación de sus poderes locales que en darle gusto al Palacio de Nariño.

Este año se agrupan varias reformas que cumplen dos condiciones que las convierten en un verdadero desafío: no cuentan con un apoyo parlamentario particularmente sólido y serán lideradas por el ala militante de los ministros del gabinete. En ese grupo están, sobre todo, las reformas laboral y pensional, en cabeza de la ministra Gloria Inés Ramírez, y el Código Minero, impulsado por Irene Vélez, ministra de Minas y Energía.

Aunque aún quedan más de tres años del gobierno de Petro, el 2023 definirá el futuro y el estilo de la administración, para lo cual existen dos caminos: el presidente, si así lo dispone, podría seguir explorando la vía de la buena relación con los partidos y de la deliberación parlamentaria. Para esto tendría que jugar sus cartas de operador político, cosa que hasta ahora ha sabido hacer, y propender por un cambio progresivo y tal vez más lento pero que mantenga a los tecnócratas de su lado. Ahora, si ese camino se cierra y Petro se decide por el del cambio acelerado, que satisface a las bases y no a la clase política, el país podría ver a un Petro que apela más a las calles y al estado de opinión que al respaldo en el Parlamento.

El pasado viernes, ante las discusiones en redes que ha suscitado el anuncio de las reformas, el presidente trinó: “Invito a las fuerzas del gobierno del cambio a convocarnos a discutir en las calles las reformas que se avecinan. La laboral para más estabilidad en el trabajo, la pensional para que ningún viejo muera de frío en la calle, la de salud para volverla un derecho real. (…) Porque la sociedad debe discutir las reformas los invito a acompañarme en la plaza pública este 14 de febrero y el 1 de mayo”.

Resulta difícil imaginar un escenario de discusión serio sobre reformas estructurales del Estado en las calles. No se ve muy claro que algo sólido pueda salir de un ejercicio semejante. El Congreso es, en últimas, el órgano que representa al pueblo y el escenario propicio para discusiones de este tipo. No obstante, a juzgar por las palabras del jefe del Estado, todo indica que si no encuentra el apoyo que busca en el Capitolio saldrá a buscarlo en la plaza pública. Habrá que ver qué resultados arroja ese experimento.

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Directores Orlando Cadavid Correa (Q.E.P.D.) y William Giraldo Ceballos. Exprese sus opiniones o comentarios a través del correo: [email protected]

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