Duque, nuestro Maduro naciente

El crimen de Gómez y los culpables no reconocidos por el gobierno y la familia Gómez
Cecilia Orozco Tascón

Por Cecilia Orozco Tascón; Bogotá

La actitud de Iván Duque frente a las otras ramas del poder es arrogante, irrespetuosa y absolutamente impropia si nos atenemos al texto de la Constitución bajo cuyo imperio deberíamos estar todos, empezando por la persona elegida para la Presidencia de la República. Sin embargo, todavía esperamos que su juramento de acatamiento a la Carta Política no haya sido solo un gesto protocolario del día de su posesión sino un compromiso de demócrata, aunque va despintando esa fachada para merecer el aplauso de los extremistas de su corriente que no lo aprecian pero lo desangran a cambio de darle apoyo. Cuando uno escucha al mandatario, no se sabe si él ignora la teoría del Estado o si emprendió, a conciencia, el camino de la autocracia porque actúa como si se le hubiera coronado y, en cuanto rey, pudiera ignorar al Congreso si le estorba, y tratar a la Rama Judicial como lacaya.

El viernes pasado, Duque metió baza en un asunto de competencia judicial del que apenas se conoce el enunciado: la autoría de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, aceptada por los jefes de la antigua guerrilla ante la JEP. Los otros cinco homicidios que confesaron las Farc no merecieron la atención del presidente, no obstante que los asesinados eran colombianos y que al menos dos de ellos sirvieron bien a esta nación, uno como general del Ejército y ministro de Defensa, y el otro como intelectual y gestor de procesos de paz. En fin, refiriéndose a la posibilidad de que la guerrilla fuera culpable de ese magnicidio, lo que probaría que carecía de todo soporte la teoría de la que ha sido vocera su universidad, Duque expresó con voz exaltada: “Yo lo único que quiero es que ese crimen horrendo sea esclarecido… y que si alguien se lo atribuye yyy nooo corresponde a la verdad, también se entienda que se está cometiendo un delito…”. Sus frases, en apariencia correctas, fueron adobadas con el tono de quien sabe que será obedecido: “… que no desestimen (los jueces) … las afirmaciones que ha hecho la familia de Álvaro Gómez sobre lo que ellos (sic) reclaman… que la justicia especial (la JEP, cuya existencia ha combatido desde su asunción de la Presidencia) oiga los testimonios que tenga que oír, pero que la justicia que viene haciendo las investigaciones (la Fiscalía, en la que instaló a su compañero de pupitre, Francisco Barbosa) no las deje de hacer”. Duque ya le había impartido una instrucción puntual a su amigo el día de la posesión de este, en febrero pasado: “Quiero pedirle una tarea especial: … que durante su fiscalía podamos llegar a los verdaderos autores intelectuales y materiales del crimen (asesinato de Gómez Hurtado)”.

Como usted ordene, señor presidente, acató el tonto: la Fiscalía ya anunció que planteará un conflicto de competencias frente a la JEP ante la cual confesaron los exguerrilleros el delito, tal cual había sido pactado en el Acuerdo de Paz que no vale nada en este gobierno. De tal modo, Duque, Barbosa y los Gómez no permiten que se llegue a una conclusión sobre la identidad de los asesinos diferente a la que ellos decidieron a punta de conjeturas y odio hace 25 años, sea esa y no otra.

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