Despiadado y turbio: así es el mercado de las mascarillas N95

Foto Horacio Salinas for The New York Times

Cargamentos incautados misteriosamente, intermediarios sospechosos y un gobierno que, pese a los pedidos del sector público y privado, se rehusó a regular el mercado de equipo de protección personal. Así enfrenta Estados Unidos la ‘tercera ola’ del coronavirus.

Por Doug Bock Clark

En sus 30 años como médico, Andrew Artenstein nunca se había preocupado por los respiradores N95. Como gerente general médico de Baystate Health, dirigía sus cuatro hospitales en el oeste de Massachusetts con exactitud, y era inconcebible que una cobertura facial esencial se agotara. Sus médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud usaban unos 4000 al mes, generalmente para tratar a pacientes con enfermedades transmitidas por el aire. Siempre había más en el almacén, a las afueras de la ciudad de Springfield, donde está la sede de Baystate. Pero el 6 de abril, cuando el nuevo coronavirus se propagaba por el noreste de Estados Unidos, Artenstein se levantó en la oscuridad, antes del amanecer, con la misión de conseguir un millón de mascarillas para sus miles de empleados. Baystate Health estaba a pocos días de que se le terminaran.

Durante las cinco horas siguientes, Artenstein fue conducido por autopistas sin tráfico normal, mientras que por encima de él, un avión privado con cuatro especialistas, que iban a comprobar la autenticidad de la entrega, se dirigía al mismo destino: un almacén en el Atlántico Medio donde un intermediario almacenaba las mascarillas. Se había contratado a un conductor por separado para Artenstein, porque sus frecuentes interacciones con pacientes de covid significaban que podría exponer al resto del equipo al virus. Dos semirremolques también se dirigían a transportar la entrega de vuelta a Massachusetts.

Pero aún no estaba claro cuántos respiradores N95 habría para recoger, la noche anterior, el distribuidor había confesado que solo podría entregar un cuarto de lo prometido, después de haber cancelado otra recogida la semana anterior. (Debido a un acuerdo entre Baystate Health y el distribuidor, el Times ha acordado no identificarlo). Baystate Health se había visto obligada a recurrir a empresarios no probados como éste después de que el distribuidor corporativo del que dependía se quedó sin N95, cuando las cadenas de suministro nacionales e internacionales colapsaron al principio de la pandemia. Su situación no era única. Muchos hospitales, estados e incluso agencias federales también estaban desesperados, transformando el mercado normalmente estable de productos de atención médica en una competencia darwiniana de todos contra todos.

Artenstein y su equipo no tenían otra opción que seguir esta tenue pista. En las últimas dos semanas, el número de casos de covid en todo el país se había multiplicado por siete. Las enfermeras se quejaban de tener que improvisar coberturas para la cara, incluso usando gafas de esquí modificadas. En pocas semanas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) calcularían que al menos 9282 trabajadores de la salud habían dado positivo para el nuevo coronavirus, y 27 habían muerto, una cifra que pasaría de 1700 fatalidades a mediados de septiembre. Artenstein sabía que su propia seguridad, y la de sus médicos y otros trabajadores de la salud, podría depender del éxito de su misión.

Finalmente llegó al almacén poco después de las 10 a.m. Los especialistas en equipamiento sanitario de Baystate Health eligieron varias cajas al azar y las abrieron para verificar que la carga era auténtica. Artenstein se inundó de alivio; las máscaras se ajustaban de tal forma que quedaban selladas en la cara de una persona. Los respiradores podían ser cargados en los semirremolques. El equipo de Baystate había contratado camiones normalmente usados por la industria de servicios de comida para que su carga pareciera ser nada más que carnes y vegetales refrigerados. Se tomó esta precaución para ayudar a mantener los respiradores seguros; circulaban historias de que algunas agencias federales, que también intentaban conseguir respiradores, se apropiaban de los cargamentos.

Artenstein estaba a punto de ordenar a la sede central de Baystate que hiciera la transferencia de pago cuando el intermediario le tocó el hombro y le dijo que el FBI quería hablar. Artenstein pensó que se trataba de una broma. Pero entonces, dice, fue llevado a una sala de conferencias acristalada más profunda en el almacén, donde un par de agentes se levantaron de sus ordenadores portátiles y le mostraron sus placas. Explicaron que formaban parte de un nuevo esfuerzo nacional para asegurarse de que el equipo médico llegara a los trabajadores de la salud y no fuera acaparado por intermediarios explotadores. Artenstein proporcionó pruebas de que los respiradores estaban destinados a sus hospitales. Se le dejó ir sin una respuesta clara de lo que estaba pasando. Horas pasaron mientras paseaba por el vasto almacén, elaborando planes de contingencia y comunicándose con los agentes hasta que quedó claro que no querían volver a saber de él. Finalmente, se le informó que el gobierno federal estaba considerando reasignar el cargamento a otro lugar.

Artenstein tuvo que preguntarse: ¿Cómo había llegado a esto el sistema médico de Estados Unidos? El equipo de Baystate Health estaba por iniciar una batalla de meses para conseguir equipo de protección personal en un mercado fuera de control que el gobierno de Donald Trump se rehusaría a administrar de cerca, a pesar de que se lo pidieron, desde ambos partidos, los alcaldes, gobernadores, representantes del Congreso y los líderes de algunos de los más grandes sindicatos de trabajadores de la salud y asociaciones de la industria de Estados Unidos. De hecho, durante el brote inicial, el gobierno federal sería a veces el actor más temido en ese mercado, actuando no en calidad de supervisor, sino como el comprador más poderoso y agente perturbador. Aunque el gobierno de Trump tomaría posteriormente medidas para mejorar el suministro de equipo de protección personal , el resultado se convirtió en un experimento característicamente estadounidense sobre la ideología del libre mercado durante una pandemia mortal, un experimento que puede haber dejado al país desprevenido para lidiar con una “tercera ola” de infecciones este invierno.

Andrew Artenstein, gerente médico general de Baystate Health, en las instalaciones de la empresa en Springfield, Massachusets, tuvo que recurrir a proveedores no probados debido a la escasez de equipo de protección personal.
Andrew Artenstein, gerente médico general de Baystate Health, en las instalaciones de la empresa en Springfield, Massachusets, tuvo que recurrir a proveedores no probados debido a la escasez de equipo de protección personal.Credit…Christopher Payne para The New York Times

El respirador N95 es emblemático del capitalismo globalizado: está hecho de combustibles fósiles, fabricado a enorme escala, a menudo en los países en desarrollo con mano de obra barata y distribuido en las rutas marítimas que unen los rincones más alejados del mundo; lo utilizan los urbanitas para mantener lejos de sus pulmones la contaminación expulsada por sus propias fábricas, los trabajadores de la construcción que levantan nubes de polvo de hormigón al construir ciudades cada vez más grandes y los médicos que tratan a los pacientes que tosen a causa de las enfermedades que se multiplican entre las poblaciones cada vez más urbanizadas. Se supone que se descarta después de un solo uso.

Estas ligeras medias esferas de plástico respirable —cuya forma se inspiró en la copa de un sostén moldeado de los años 50— son fáciles de usar. Una persona coloca un respirador sobre su nariz y boca, y una cinta tensada lo sella contra las mejillas. Al inhalar, el aire pasa a través de una malla fuertemente tejida y con carga electrostática que atrapa la gran mayoría de las partículas microscópicas en el aire: 95 por ciento, de ahí el nombre. Las mascarillas se fabrican fundiendo enormes cantidades de bolitas de plástico especializado y luego soplando el líquido fundido a través de metal perforado para producir una maraña de filamentos que se enfría y se fusiona en una densa alfombra de fibras: el filtro más importante. Se añade una carga electrostática para ayudar a capturar las partículas microscópicas. Luego el filtro se cose entre dos capas protectoras, y se suelda o se grapa una cinta para la cabeza. Millones de mascarillas salen de las cintas transportadoras de una fábrica en un mes.

No estaba previsto que hubiera escasez en Estados Unidos. En 1998, el presidente Bill Clinton leyó una novela de Richard Preston, Operación Cobra, sobre un arma biológica que causaba estragos en todo el país. Horrorizado, estableció lo que se convertiría en la Reserva Estratégica Nacional (SNS, por su sigla en inglés), que desde entonces ha almacenado enormes cantidades de equipos de protección personal, ventiladores, vacunas y medicinas. Con el tiempo, la Reserva Estratégica Nacional se convirtió en una cadena de almacenes estratégicamente situados cerca de los centros de transporte, preabastecidos con palés de 50 toneladas de suministros que podían ser entregados en cualquier lugar de la nación en 12 horas.

El gobierno de George W. Bush creó un plan para la pandemia que exigía al gobierno federal supervisar la distribución inicial de equipos de protección personal de la Reserva Estratégica Nacional, y posteriormente coordinar los esfuerzos públicos y privados para proporcionar a Estados Unidos más equipos de protección personal En 2009, el gobierno de Barack Obama retiró 85 millones de respiradores de la Reserva Estratégica Nacional durante el combate a la pandemia de H1N1, y luego no los reemplazó, a pesar de que se le advirtió que lo hiciera. El gobierno de Trump tampoco rellenó las reservas, ignorando las advertencias de los funcionarios de salud pública y una prueba de simulación de pandemia que demostró que Estados Unidos se quedaría desastrosamente escaso de equipos de protección personal si la situación se produjera en verdad.

A finales de 2019 y durante los dos primeros meses de 2020, el gobierno de Trump se vio inundado de alertas rojas sobre la pandemia entrante tanto de entidades internas como el Consejo de Seguridad Nacional, como de fuentes externas, entre ellas las mayores corporaciones de suministros médicos de la nación. Algunas de esas advertencias —incluyendo memorandos dirigidos directamente al presidente— resaltaban que el suministro de equipos de protección personal de Estados Unidos se vería desbordado,. Como revelaría más tarde un informe de denuncia, en enero, los funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés) rechazaron una oferta de Prestige Ameritech, uno de los pocos fabricantes de N95 que quedaban en Estados Unidos, para ampliar sus líneas de producción. Y cuando el jefe de una agencia del HHS responsable de preparar a Estados Unidos para las pandemias intentó ampliar su presupuesto para aumentar la producción nacional de respiradores, fue desautorizado por un alto funcionario del departamento, Robert Kadlec. (HHS dice que Kadlec se vio obligado a tomar esa decisión debido a las regulaciones de asignación de recursos públicos).

El 3 de marzo, Kadlec fue cuestionado por el comité de salud del Senado sobre el suministro de N95 de la nación. Reconoció que en una pandemia, Estados Unidos necesitaría 3500 millones de N95 para sus trabajadores de cuidados de salud y trabajadores médicos de emergencia pero, admitió, en las reservas del gobierno sólo había el 10 por ciento de esa cantidad. Poco después, el departamento de Salud y Servicios Humanos aclaró que Kadlec se había expresado mal: la Reserva Estratégica Nacional tenía una décima parte de la cifra que había citado, o una centésima parte de lo que el país necesitaría.

El 12 de marzo, unos dos meses después de que comenzaron las advertencias sobre la pandemia, y un día antes de que el presidente Trump declarara una emergencia nacional, el gobierno federal finalmente hizo su primer pedido a gran escala de respiradores N95. Pero para entonces ya era demasiado tarde, ya que las cadenas de suministro globales se estaban desmoronando. La producción nacional de N95 era demasiado pequeña para abastecer al país. En pocas semanas, numerosos hospitales se quedaron sin N95, justo cuando los casos de COVID-19 estallaban, lo que llevó a la desesperada misión de Artenstein… y a su encuentro con los agentes federales.

Antes de la pandemia, Pat Sheehy, vicepresidente de Baystate Health, de 61 años de edad, había estado a cargo de la cadena de suministro de la empresa durante unos 15 años. Nunca antes tuvo necesidad de considerar cómo llegaban a su almacén los N95. Calcula que solo tenía que pasar unas pocas horas a la semana supervisando las adquisiciones. Un sistema computarizado de gestión de inventario supervisaba el suministro de productos médicos como los N95, el desinfectante para manos, los guantes y las batas quirúrgicas de su almacén y luego se volvían a hacer los pedidos automáticamente cuando se agotaban. Pero en marzo, cuando estalló la pandemia, se encontraba desprevenido al descubrir que los canales normales para conseguir respiradores estaban, según él, “como un grifo sin un chorro de agua”.

A principios de 2020, muchos de los N95 utilizados en Estados Unidos se producían en fábricas chinas. Distribuidores médicos como Cardinal o Medline compraban cantidades masivas de estos respiradores, que luego eran cargados en contenedores de transporte y transportados por colosales barcos en un viaje de un mes a Estados Unidos.

Los distribuidores sabían, a partir de los datos históricos de ventas, cuántos N95 necesitaban los hospitales durante un mes determinado, y programaban estratégicamente sus pedidos para asegurarse de que el nuevo producto llegara a sus almacenes cuando el antiguo producto salía hacia los clientes. Esta grácil repetición globalizada entregaba los N95 de manera tan perfecta que era en gran parte invisible para Sheehy. Cada respirador costaba unos 65 centavos de dólar. Era un ejemplo clásico del poder de la globalización en el que todos ganan.



Pero a medida que el coronavirus recorría rápidamente los canales del comercio internacional entre continentes, convirtió las ventajas de la globalización en desventajas. Los pedidos de los distribuidores de suministros médicos para marzo y abril ya estaban en buques contenedores y se habían calibrado a niveles prepandémicos, mientras que la demanda se había desbordado repentinamente. Baystate Health, por ejemplo, consumía unas 15 veces más respiradores al mes que en la época prepandémica y no tenía forma sencilla de encontrar nuevos proveedores. Las empresas estadounidenses tardarían meses en fabricar nuevas líneas de producción altamente complejas.

Sin embargo, la economía aborrece el vacío y, dado que los N95 pronto se vendían por más de 10 veces lo que pagaba Baystate Health, de la noche a la mañana los especuladores establecieron rápidamente un mercado gris para las existencias restantes de respiradores. Para navegar en este traicionero bazar, Sheehy amplió las filas de su equipo de una docena a 30 personas, buscando experiencia en la cadena de suministro y lo que llamó una personalidad de quien “corre hacia los accidentes”. Los días comenzaban con una conferencia telefónica a primera hora de la mañana, durante la cual el equipo discutía lo que se estaba agotando en el almacén. Luego todos, la mayoría desde sus oficinas en casa, comenzaron a explorar las redes personales en busca de pistas. Se creó un buzón de entrada para consolidar las ofertas de venta no solicitadas que llegaban en cascada, muchas de las cuales eran poco más que un usuario de Gmail y una lista de equipos de protección personal a precios muy inflados.

Por lo general, Baystate Health investigaba a los nuevos proveedores y realizaba análisis de rentabilidad en un proceso que podía llevar semanas. Pero ahora tenía que decidir en pocas horas, antes de que otro hospital o una agencia gubernamental reclamara primero los N95. Los miembros del equipo hacían todo lo posible para investigar a los potenciales vendedores, dividiendo las pistas entre cinco equipos de seis, que buscaban los antecedentes de los comerciantes, revisaban sus formularios de impuestos y solicitaban fotos “de prueba de vida” del producto. Luego Sheehy y los cinco líderes de los equipos debatían la información que hubieran obtenido. Encontraron que las respuestas, por lo general, no eran “en blanco y negro”, y se reducían a una corazonada: “¿Tiene sentido la historia del vendedor?”. En el primer mes de la pandemia, cribarían unas 2000 pistas, investigarían seriamente 368 de ellas y harían 99 pedidos; solo 25 de ellos resultaron en la entrega de bienes a mediados de abril.

Esto se debía a que el mercado estaba siendo arrasado por independientes cuya experiencia previa en logística internacional era, por ejemplo, la importación de guano de murciélago como fertilizante orgánico para el cannabis. Algunos eran estafadores expatriados que había concebido la idea de negocio mientras bebían en un bar de Shanghái, atraídos por unas enormes ganancias potenciales. Otros eran simplemente ineptos y hacían promesas que no podían cumplir: un hombre que había recibido un pedido de 34,5 millones de dólares del departamento de Asuntos de los Veteranos, a pesar de no tener la experiencia pertinente,permitió que un periodista de ProPublica viajara con él en un jet privado alquilado para recoger su envío, que al final no se materializó. Pero otros fueron acusados de comportamiento abiertamente criminal, como dos californianos contra quienes se presentaron cargos de conspiración para cometer fraude electrónico por tratar de vender millones de dólares en mascarillas que no existían. A principios de mayo, el departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) abriría 370 casos y arrestaría a 11 personas por fraude con mascarillas. Steve Francis, un agente especial de una división de investigación del DHS, me dijo que el mercado ilícito de equipos de protección personal era tan rentable que algunas organizaciones criminales transnacionales pasaron del contrabando de seres humanos y narcóticos al traslado de mascarillas.

Incluso el gobierno tuvo dificultades en estas condiciones. The Miami Herald informó en abril que de los 10 mayores contratos de mascarillas firmados por Florida, cinco de ellos, por valor de 170 millones de dólares, fueron cancelados, incluyendo uno firmado con una empresa de consultoría propiedad de una de las estrellas de Shark Tank. Ese mismo mes, una revisión de los datos de compras federales de The Wall Street Journal encontró que las agencias federales habían pedido más de 110 millones de dólares en mascarillas a vendedores con poca experiencia, que luego tuvieron problemas para cumplir.

Durante varias semanas, los esfuerzos de Baystate Health produjeron poco más que callejones sin salida. Pero entonces, en la mañana del 30 de marzo, cuando otro acuerdo importante acababa de fracasar, llegó un correo electrónico a la bandeja de entrada de Kelly Salls, entonces una de las líderes del equipo de Sheehy, que intentaba ayudar a sus cuatro hijos con la educación a distancia, mientras peinaba el planeta en busca de equipos de protección personal. En el correo electrónico, el amigo de un amigo aseguraba tener respiradores KN95, un equivalente técnico a los N95, certificados según un estándar chino. Una búsqueda en la web mostraba que esta compañía había fabricado durante mucho tiempo en China productos médicos especializados. Cuando Salls habló por teléfono con el distribuidor, él accedió a enviarle rápidamente muestras del producto, algo que nadie más había ofrecido hacer. Después de que las muestras fueron autenticadas, Salls hizo un pedido de alrededor de medio millón de KN95 y medio millón de mascarillas médicas de tres capas, para ser recogidas al día siguiente.

Sin embargo, el intermediario volvió a llamar poco después, diciendo que eso no sería posible. Pasaron dos días. Finalmente, la noche del 5 de abril, el vendedor anunció que Baystate podía recoger una cuarta parte del pedido original a la mañana siguiente, el resto lo había repartido entre sistemas de salud igualmente desesperados. Salls y Sheehy monitorearon la misión desde Springfield, mientras que Artenstein fue allá en persona. Cuando el FBI detuvo la liberación de los respiradores, Artenstein llamó a Mark Keroack, el director ejecutivo de Baystate Health. Keroack tenía claro que necesitaba pedir “el mayor favor que jamás he pedido”.

Sofia Nadolski (izquierda) y Kelly Salls, fotografiadas en el almacén de Baystate Health en Holyoke, Massachusetts, ayudaron a dirigir los esfuerzos para obtener respiradores KN95 y batas médicas.
Sofia Nadolski (izquierda) y Kelly Salls, fotografiadas en el almacén de Baystate Health en Holyoke, Massachusetts, ayudaron a dirigir los esfuerzos para obtener respiradores KN95 y batas médicas.Credit…Christopher Payne para The New York Times

Al otro lado de la calle del hospital insignia de Baystate Health, sonó un teléfono. El representante Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, lo levantó en su casa, donde se había estado aislando. Durante sus tres décadas representando al distrito, Neal había sido un mecenas de sus hospitales, que eran vitales para la economía de la región, y de inmediato aceptó ayudar a Keroack. Al principio, pensando que era un conflicto interno rutinario, envió a su jefe de personal, William Tranghese, para que destrabara el asunto. Tranghese, sin embargo, informó de que no sólo estaban involucrados el FBI y el departamento de Salud y Servicios Humanos, sino también el departamento de Seguridad Nacional. Esto preocupó aún más a Neal.

Los oficiales federales han negado haberse apropiado de envíos legales de N95 y otros equipos de protección personal dirigidos a hospitales estadounidenses. Pero en la primavera, las historias de que lo hacían eran tan extendidas que el equipo de Baystate Health supuso que eso era lo que les estaba pasando. Incluso habían tenido una experiencia similar la semana anterior, cuando un envío fue retirado porque el departamento de Asuntos de los Veteranos había ejercido su precedencia sobre Baystate Health, o eso afirmaba el distribuidor. (El departamento de Asuntos de los Veteranos declinó hacer comentarios al respecto).

Incidentes similares fueron noticia en todo el país. El alcalde de Los Ángeles contó haber extendido un cheque por un cargamento de mascarillas, solo para que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) se entrometiera en el último momento. El gobernador de Montana se quejó en una conferencia telefónica con el presidente Trump que su estado había perdido cuatro o cinco pedidos en la semana anterior a manos de las agencias federales. Después de que los funcionarios estatales llegaron a sospechar que el gobierno federal había arrebatado los suministros que ya estaban en tránsito hacia Massachusetts, el gobernador republicano del estado dispuso que más de un millón de N95s volasen desde Shenzhen en el jet privado de los Patriots de Nueva Inglaterra. Los funcionarios de Illinois también gastaron casi 1,8 millones de dólares en fletar vuelos desde China para transportar equipos de protección personal en secreto, por temor a que el gobierno de Trump se apoderase de él. Y cuando no se decía que el gobierno federal estaba incautando directamente los envíos, se contaba que se imponía frente a sus competidores con menos recursos y obligaba a los fabricantes e importadores nacionales de N95 a dar prioridad a sus pedidos, lo que hacía extremadamente difícil para que nadie más consiguiera equipos de protección personal.

La FEMA negó haber confiscado equipos de protección personal, refiriéndome en cambio a un informe para los medios de comunicación que describía los hechos como malentendidos y el resultado de comerciantes sin escrúpulos que culpaban a la FEMA para encubrir su propia incapacidad de entregar los suministros prometidos. También me envió por correo electrónico la siguiente declaración en mayo: “Esta es una pandemia global, la demanda continúa superando la oferta en todo el mundo, no solo en EE.UU. Teniendo eso en cuenta, la FEMA y el departamento de Salud y Servicios Humanos trabajan arduamente para asegurar que los esfuerzos de compras federales no compitan con la capacidad de los estados para adquirir equipos de protección personal y otros suministros. (El FBI se negó a comentar las afirmaciones de Baystate Health).

La creencia generalizada, frente a sus declaraciones en sentido contrario, de que el gobierno de Trump se estaba apropiando de equipos de protección personal, muestra hasta qué punto el gobierno federal llegó a ser visto como parte del problema en lugar de la solución. Los expertos en salud pública coinciden en general en que en Estados Unidos el gobierno federal es el único facultado para coordinar una respuesta integral a una pandemia de alcance nacional, y a lo largo del último siglo por lo general ha tomado la delantera durante los desastres nacionales. De hecho, según un plan interno detallado que el gobierno elaboró en marzo, justo cuando el virus se estaba afianzando en Estados Unidos, identificó una de las “Responsabilidades Federales Clave” como la de reforzar “el equipo de apoyo médico, los suministros y las necesidades de equipos de protección personal” en toda la nación.

El gobierno de Trump, sin embargo, parecía hacer lo contrario. El 19 de marzo, el presidente Trump declaró en una rueda de prensa: “El gobierno federal no debería estar ahí comprando grandes cantidades de artículos y luego enviándolos. No somos un empleado de envíos”. Esto fue lo que resultó en el caótico mercado de los equipos de protección personal, descrito por Andrew M. Cuomo, el gobernador demócrata de Nueva York, como “50 estados en competencia contra los estados, y el gobierno federal en competencia contra los estados”, algo que, dijo, elevó el costo de las mascarillas para Nueva York de 85 centavos a alrededor de 7 dólares. Para resolver esta “locura”, pidió la intervención del gobierno federal para tomar el control de todas las compras y así suprimir las guerras de ofertas y dirigir el equipo de protección personal más eficientemente hacia los puntos más complicados, tal como sugerían las pautas anteriores del gobierno Bush, la propia planificación gubernamental y numerosos expertos en salud pública, alcaldes, gobernadores y representantes del Congreso.

No era solo la oposición política y unos cuantos conservadores los que pidieron al gobierno que tomara un mayor liderazgo, el sector privado también estaba pidiendo dirección. Desde finales de enero, representantes de seis de las mayores empresas de suministros médicos y miembros de la Asociación de Distribuidores de la Industria de la Salud, un grupo comercial, habían planteado sus preocupaciones sobre los problemas de la cadena de suministro. En lo que llegarían a ser llamadas diarias, solicitaron orientación a los altos funcionarios del gobierno, según los documentos publicados por el comité de supervisión de la Cámara. Sin embargo, sorprendemente para algunos líderes de alto nivel de la industria, después de casi dos meses seguían intentando que el gobierno tomara medidas directas, mientras que la cadena de suministro se estaba fracturando visiblemente.

Un líder de la industria, que se reunió con el presidente y el vicepresidente, y solicitó el anonimato para evitar represalias, describió la frustración generalizada entre los líderes de la atención de la salud del sector privado con el gobierno. Recordó una reunión “escandalosa” y “molesta” en la Casa Blanca en marzo, en la que el vicepresidente, Mike Pence, comenzó por incomodar a los profesionales de la salud con un apretón de manos, y luego trató de suavizar más de una hora de críticas que habían descargado sobre un alto funcionario del departamento de Salud y Servicios Humanos, simplemente afirmando que conseguirían resolver los problemas. “Era como si estuviéramos en dos realidades diferentes”, dijo el individuo. “Pude ver que el vicepresidente estaba en una burbuja”.

Los intentos del gobierno de Trump para hacer frente a la crisis de equipos de protección personal surgieron de un equipo de consultores no remunerados, muchos de ellos veinteañeros y con poca o ninguna experiencia en la atención de la salud, convocados por Jared Kushner, el yerno del presidente. Después de distribuir los restos de la Reserva Estratégica Nacional, el gobierno federal se centró en adquirir cualquier suministro que pudiera de los distribuidores médicos corporativos y del mercado gris, y luego los repartió a través de la FEMA. Un análisis de The Associated Press sugirió que a los estados rurales con brotes menos graves se les concedió más equipos de protección personal por caso confirmado que a los estados con brotes significativamente más peligrosos. Esto dio lugar a acusaciones de favoritismo político en una situación de vida o muerte, aunque el gobierno lo ha negado rotundamente.

El equipo de Kushner, mientras tanto, también estaba iniciando el Proyecto Puente Aéreo, un programa que agilizó el envío de equipos de protección personal de Asia a Estados Unidos al pagar para que se enviara por avión en lugar de por barco. Durante los primeros cuatro meses del brote, el Proyecto Puente Aéreo ayudaría a entregar 5,3 millones de respiradores y 122 millones de mascarillas quirúrgicas. Estas cifras, aunque cuantiosas, representan solo una pequeña fracción de los 3500 millones de respiradores que Kadlec dijo que se necesitaban. En junio, el Proyecto Puente Aéreo llegaría a su fin sin fanfarrias.

Al principio de la pandemia, al menos desde el punto de vista de Baystate Health, lo que la respuesta del gobierno logró crear fue una búsqueda desesperada de recursos. En este tipo de caos, los ciudadanos de a pie tenían pocas posibilidades, por lo que Keroack se puso en contacto con el representante Neal. Al principio, esto pareció no lograr nada, y Artenstein dejó a los agentes federales y las mascarillas, y se fue a casa. Pero esa noche, al regresar al hospital, se enteró de que el cargamento había sido cargado en los camiones. El representante Neal se las arregló para hablar por teléfono con el departamento de Seguridad Nacional, y dio un mensaje enérgico para liberar los respiradores. Aún así, mientras Salls monitoreaba los envíos en su largo viaje hacia el norte, se ponía nerviosa cada vez que los camiones se detenían a echar gasolina. Las mascarillas finalmente llegaron al almacén vigilado mucho después de la medianoche, y las fotos de los respiradores se compartieron alegremente. En los días siguientes, los tres cuartos restantes de la orden llegaron en bloques y el jefe de personal del representante Neal, Tranghese quedó encargado de hacer pasar cada porción por la aduana. Pero el calvario de Baystate estaba lejos de haber terminado.

Muchos en la industria de la salud abogaron para que el presidente hiciera uso de la Ley de Producción de Defensa (DPA, por su sigla en inglés), que permite al presidente ejercer control sobre la fabricación nacional durante las emergencias nacionales. Pero durante semanas, en la fase inicial de la pandemia, el gobierno se resistió a invocar la DPA. Eventualmente, a mediados de abril, comenzó a hacer un uso limitado de la ley, al ordenar a compañías como 3M, el mayor productor estadounidense restante de N95s, que incrementaran la producción de respiradores en Estados Unidos. (Al principio de la pandemia, la empresa ya había tomado muchas de las medidas para ampliar la producción que el gobierno ordenaría más tarde). Nunca asumiría un papel principal en la distribución de equipos de protección personal a nivel nacional, sino que dirigiría el suministro sobre todo a los puntos críticos y dejaría el resto al mercado.

Una razón clave para el enfoque de no intervención del gobierno fue ideológica. “Nuestro papel es ser capaces de desplegar activos y recursos en zonas que tienen un aumento inusual de la demanda con base en cosas como covid o huracanes”, y no para satisfacer “las necesidades diarias”, dijo un alto funcionario del gobierno que ayudó a dirigir la respuesta de equipos de protección personal, que pidió el anonimato para poder hablar con franqueza. El contralmirante John Polowczyk, quien finalmente se hizo cargo de la respuesta de la cadena de suministro de equipos de protección personal, la describió como “ejecutada localmente, administrada por los estados y apoyada federalmente”, lo que significaba que los sistemas de salud serían en gran medida responsables de asegurar sus propias provisiones en el mercado, siendo los estados los primeros en intervenir durante las emergencias y el gobierno federal el último. No es sorprendente que esta decisión haya sido influenciada por la filosofía política. (Por el contrario, la campaña de Biden decía que, de ganar las elecciones, esencialmente nacionalizaría la cadena de suministro de equipos de protección personal y nombraría a un “comandante de suministro” para supervisar la distribución). Pero la decisión del gobierno de Trump de eludir la responsabilidad puede haber tenido elementos estratégicos también, como explicó a Politico un funcionario: “No importa lo bien que lo hayas hecho, también sabíamos que nunca iba a ser considerado lo suficientemente bueno”.

Lo extraño de este aparente enfoque de laissez-faire es que la escasez de equipos de protección personal le dio al gobierno una oportunidad perfecta para cumplir su promesa de campaña “Estados Unidos primero”, de devolver los trabajos de manufactura a Estados Unidos. En la primavera y el verano, Peter Navarro, asistente del presidente, director de su Oficina de Política de Comercio y de Manufactura y defensor desde hace mucho tiempo detraer de regreso los empleos de fabricación desde China, ayudó a plantear la respuesta de equipos de protección personal. “Esta fue una oportunidad para asegurarnos de que la producción estaba en nuestro territorio y para romper nuestra peligrosa dependencia de fuentes extranjeras de equipos de protección personal”, dijo en una entrevista en octubre. Fue un importante cambio de estrategia, pero también uno que había llegado demasiado tarde para ayudar a Baystate y a otros a superar el caos inicial. Para entonces, el acuerdo sobre la importancia de hacer local la cadena de suministro de equipos de protección personal se había convertido en bipartidista, y la campaña de Biden pedía medidas similares.


A partir de abril, el gobierno de Trump hizo una serie de anuncios de alto perfil sobre el regreso de la producción al país, como la concesión de un contrato de mil millones de dólares a 3M para la fabricación de suministros médicos a nivel nacional. La compañía comenzó rápidamente a construir líneas de producción. En 2019, produjo alrededor de 22 millones de respiradores N95 mensuales en Estados Unidos; en junio de 2020, esto saltó a alrededor de 50 millones mensuales; para finales de año, se esperaba que produjera alrededor de 95 millones al mes. Otros seis grandes fabricantes estadounidenses, como Honeywell, también recibieron importantes pedidos de respiradores entre finales de marzo y julio. Según los datos facilitados por el departamento de Salud y Servicios Humanos, la producción nacional se duplicaría con creces durante el verano, llegando a unos 160 millones de respiradores mensuales en noviembre. En total, el gobierno recurriría a la Ley de Producción de Defensa al menos 30 veces para ampliar la base de fabricación médica nacional, tanto de respiradores como de otros artículos. Y después de operar con una visibilidad limitada al comienzo de la pandemia, el departamento de Salud y Servicios Humanos desarrolló herramientas que integraron los datos de los fabricantes y los sistemas de atención médica para poder rastrear mejor dónde estaban los suministros y quién los necesitaba.

Esas medidas aumentarían la oferta total y mejorarían de cierta manera su distribución. A medida que el catastrófico brote disminuía en el noreste de Estados Unidos y los casos en el resto de la nación solo aumentaban modestamente, los hospitales pronto informaron que pasaron de tener un suministro de unos pocos días a tener uno para una o dos semanas. En junio, el almirante Polowczyk pareció declarar victoria con una presentación al comité de Seguridad Nacional del Senado, al afirmar que la expansión de la industria nacional resolvería en gran medida la aguda escasez de N95 del país para julio. Y en octubre, el gobierno predijo que el problema estaría verdaderamente resuelto, con las seis compañías estadounidenses produciendo unos 140 millones de respiradores al mes, y los restantes 40 millones de N95 que se necesitaban se proporcionarían a través de importaciones y un novedoso sistema de descontaminación.

Pero para finales de junio, se registraban decenas de miles de nuevos casos de covid diariamente y las tasas de hospitalización estaban aumentando significativamente en todo el sur y el oeste de Estados Unidos, lo que ponía nuevamente a prueba el suministro de equipos de protección personal del país. En julio, los consultorios médicos más pequeños y los proveedores privados de atención de la salud se quejaron de que no tenían suficiente equipos de protección personal para reabrir de manera segura, ya que no podían competir con los grandes compradores, que estaban aprovechando el aumento de la producción nacional de equipos de protección personal. En agosto, una encuesta nacional de personal de enfermería informó que el 68 por ciento reutilizaban los N95 durante días o semanas, a menudo en violación de las directrices de los CDC. La producción nacional y la demanda de respiradores se vieron atrapadas en una carrera de vida o muerte.

Al igual que el gobierno de Trump, el equipo de Baystate Health llegó a considerar la producción nacional como la respuesta a la escasez. Springfield había sido uno de los centros industriales originales de Estados Unidos hasta que la deslocalización cerró muchas de sus fábricas, y su economía se había reconstruido en torno a la industria de los servicios de atención médica. Baystate ya tenía una iniciativa empresarial, TechSpring Community Connect, que buscaba revitalizar la otrora orgullosa base manufacturera de la zona a través de la fabricación de equipo médico especializado y software. En mayo, TechSpring decidió establecer una fábrica de N95 con sede en Massachusetts y otorgó un contrato a largo plazo a Marc Etchells, un empresario de equipos médicos, que le garantizaría una demanda constante, si conseguía poner en marcha una línea de producción.

Pero Etchells, a pesar de haber supervisado una fábrica que fabricaba productos similares en el pasado, se encontró estancado: los materiales eran imposibles de conseguir, debido a la abrumadora demanda mundial. Otros propietarios de negocios también estaban tratando de pivotar hacia la producción de N95, y ellos también encontraban que el terreno era imposible de navegar; el gobierno de Trump estaba mayormente interesado en proveer apoyo directo a un pequeño número de gigantes corporativos como 3M. El gobierno había utilizado la Ley de Producción de Defensa para obligar a los productores de ventiladores experimentados a compartir sus técnicas de producción con los neófitos, lo que dio lugar a un éxito al expandir la cadena de suministro de la producción de ventiladores, pero se negó a hacer lo mismo con las mascarillas N95, obligando a los nuevos productores a reinventar la rueda. Al final, el gobierno de Trump invirtió una cantidad relativamente pequeña en la mejora de la cadena de suministro de N95: 280,6 millones de dólares, según las cifras que proporcionó. Un análisis de The Washington Post encontró que el departamento de Defensa, que administra la Ley de Producción de Defensa, ha gastado más dinero anualmente en instrumentos musicales, trajes y viajes para las bandas militares.

Después de sus inversiones iniciales en la cadena de suministro de N95, el gobierno Trump dirigió en gran medida su atención a otros lugares. Hizo pocas inversiones importantes en la fabricación de otros equipos cruciales de protección personal, como batas de aislamiento y guantes de nitrilo, que también se producen en gran parte en el extranjero y están sujetos a carencias similares. Baystate Health llegó a estar a pocos días de quedarse sin batas de aislamiento, y tuvo que recurrir a la ayuda de una fábrica local de muebles y a una línea de fabricación en prisiones para hacer copias de seguridad en bruto, aunque éstas apenas se utilizaron. Otros hospitales vestían a sus enfermeras con ponchos de lluvia, algo que Baystate evitó gracias a los trajes hechos en Estados Unidos con materiales como la tela de los airbags, ya que otras empresas estadounidenses habían pasado de hacer productos no esenciales a fabricar productos de gran demanda.

Sheehy y su equipo también consiguieron hacer pedidos enormes de batas de aislamiento quirúrgico hechas en China en el mercado gris, que eran más baratas y mejores que algunas de sus contrapartes estadounidenses. Todo esto significaba que a pesar de los esfuerzos de Baystate Health para crear su propio suministro, y los trabajos del gobierno Trump para expandir la producción nacional, Sheehy y su equipo todavía dependían en parte de equipos de protección personal extranjeros.

Debido a que China había frenado rápidamente la pandemia, sus fábricas se reabrieron relativamente pronto y las empresas estaban convirtiendo sus instalaciones en nuevas líneas de producción de equipos de protección personal, con el apoyo del gobierno. Durante todo el verano, los sistemas de atención médica y los estados de EE.UU. recurrieron cada vez más a esta floreciente producción china. Miranda Tan, una intermediaria en la que Baystate Health había llegado a confiar, había transformado un negocio que había colocado productos occidentales con influentes en las redes sociales chinas en uno que procuraba equipos de protección personal chinos para clientes estadounidenses.

Ella calculó que “cientos” de estadounidenses habían entrado en el mercado de equipos de protección personal, y no vio signos de que la producción doméstica reemplazara su línea de trabajo.

A finales de octubre, Etchells había logrado finalmente asegurar materia prima para la fábrica N95 de Baystate Health, y había pedido dos máquinas de producción de respiradores, así como una para mascarillas médicas, que llegarían a finales de año. Cada línea de la fábrica le costaría más de un millón de dólares en su compra e instalación, lo que significa que estaría en números rojos mucho antes de que las máquinas empezaran a producir mascarillas en el primer trimestre de 2021. Pero el influjo de la oferta china había reducido los precios a unos todavía inflados pero más razonables dos dólares por pieza.

Aunque cada vez parecía más posible que Baystate Health volvería pronto a gastar solo 25 centavos por un N95 chino, Keroack, el director general de Baystate Health, seguía comprometido con pagar un poco más por algunos equipos de protección personal para apoyar una modesta industria local, a modo de protección contra futuras pandemias u otros desastres que afectaran a la cadena de suministro.

Al pasar de octubre a noviembre, Estados Unidos entró en una “tercera ola” de la pandemia, y pronto rompería una serie de registros diarios del número de infecciones por covid, añadiendo más de 100.000 casos al día. Alrededor de 10 meses después de que el gobierno de Trump fue advertido por primera vez de que las carencias de equipos de protección personal podrían impedir acorralar el virus, la falta de equipo básico seguía poniendo en peligro a los estadounidenses. Baystate Health recibía suficientes N95s de fabricación nacional para sobrevivir, pero no lo suficiente para tener almacenados. Sheehy todavía buscaba suministros en el mercado gris. La escasez persistía. Get Us PPE, una organización sin fines de lucro que regala equipos de protección personal en todo el país, había analizado casi 17.000 solicitudes en octubre y encontró que Estados Unidos todavía estaba en crisis, especialmente en las instalaciones de cuidados a largo plazo, como los asilos de ancianos. Por primera vez desde abril, la organización dijo que, una vez más, las solicitudes de equipos de protección personal aumentaban en todo el país. Poco antes, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental había publicado un informe advirtiendo de las continuas limitaciones del mercado.

El almirante Polowczyk dijo que aquel informe estaba “absolutamente equivocado”. Al señalar el aumento de la producción nacional, culpó a los sistemas de atención de la salud por obligar a los trabajadores a reutilizar los equipos de protección personal cuando en realidad tenían suficientes suministros almacenados, una incongruencia que explicó insinuando que los administradores de los hospitales estaban acumulando reservas porque estaban traumatizados por haberse quedado sin equipos de protección personal al principio de la pandemia. A principios de noviembre, la FEMA y la Reserva Estratégica Nacional tenían a mano unos 136 millones de N95 y 45 millones de KN95, un importante colchón que Polowczyk esperaba que sustentara al país durante un invierno potencialmente de pesadilla, pero también menos de la mitad de lo que los funcionarios proyectaron tener a principios de ese año.

En total, el departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que durante el curso de la pandemia, las agencias federales y el sector privado entregaron alrededor de 318,5 millones de N95s, una cantidad sustancial gracias al el éxito del gobierno en la expansión de la producción nacional. Pero es una cifra que aún está muy por debajo de los 3500 millones que Kadlec había estimado que se necesitaban, y esa cifra era en realidad correspondiente al escenario “base” que el estudio de los CDC estableció; había calculado que un escenario de “demanda máxima” podría requerir más del doble de respiradores. Como gran parte de la respuesta del gobierno al virus, el éxito de los equipos de protección personal se basó en parte en la redefinición de la realidad: tal vez la decisión más importante que tomó para ampliar el suministro de respiradores fue la de flexibilizar las pautas de seguridad, por encima de las protestas de los defensores de los trabajadores de la salud, de modo que un respirador diseñado para atender a un solo paciente pudiera usarse durante días o incluso semanas.

En última instancia, el almirante Polowczyk consideró que el gobierno de Trump había hecho lo que se había propuesto: liderar una respuesta “ejecutada localmente, administrada por los estados y apoyada federalmente”.

“No estoy de acuerdo en llevar sobre mis hombros todo el peso de la responsabilidad de cada oficinista y empleado de tienda de comestibles que piensa que necesita una mascarilla N95”, dijo Polowczyk. “Hay mucha gente que debería ser responsable de su propia preparación para la pandemia”.

Para los que están en el frente de batalla, la decisión del gobierno de Trump de ser la última línea de respuesta se sintió como un abandono. Las organizaciones de salud y laborales más grandes de la nación, como la mayor asociación de enfermeras registradas, la Asociación Estadounidense de Hospitales, la Asociación Médica Estadounidense y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés) han seguido pidiendo al gobierno que aplique más enérgicamente la Ley de Producción de Defensa.

Artenstein, el gerente general médico de Baystate Health, me envió un correo electrónico en octubre. “Todavía no parece haber un plan coherente, organizado y efectivo (o incluso potencialmente efectivo) por parte de este gobierno para hacer frente a las carencias actuales de equipos de protección personal”, escribió. “Créeme, son continuas y solo empeorarán”. Ya lo han hecho y no muestran signos de detenerse: aunque el equipo de transición de Biden ha prometido federalizar la respuesta a los equipos de protección personal, no tomará posesión del cargo sino hasta el 20 de enero, y la obstrucción actual del gobierno a la transferencia de poder puede retrasar más su capacidad de actuar con rapidez.

El consejo primordial que Artenstein proporcionaba a otros sistemas de salud que pedían su asesoría era no esperar una ayuda sustancial del gobierno federal. En cierto sentido, el gobierno de Trump había logrado uno de sus objetivos: había entrenado a los estadounidenses para que no dependieran de él. En esta pandemia, cada uno está solo, advirtió Artenstein. Esa era la manera estadounidense./•/

Doug Bock Clark es un escritor cuyo libro The Last Whalers, sobre una tribu de cazadores recolectores que enfrenta la globalización, ganó en 2019 el premio Lowell Thomas Book Silver Award.

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