La situación de los derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose, y el gobierno trata de acallar las voces críticas “reduciendo drásticamente el espacio cívico”, denunció la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en más reciente actualización sobre ese país.
Las restricciones a la libertad de expresión se han intensificado, con la clausura de al menos 20 estaciones de radio y televisión durante 2022. Los ataques a la libertad de prensa han provocado que personal del principal diario del país se vea obligado a salir al exilio, sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018.
“Los embates contra la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Este año, se ha cancelado la personalidad jurídica de 1512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas asociaciones médicas, entidades asociadas a la Iglesia Católica y otras, sumando al menos 1578 en los últimos cuatro años”, dijo uno de los portavoces de la Oficina, Chistian Salazar, ante el Consejo de Derechos Humanos.
El vocero mencionó una operación policial en la que se incautaron equipos de trasmisión de una estación de radio católica que transmitía desde una parroquia en Sébaco, Matagalpa, cuyo obispo, junto con otras ocho personas, fueron detenidos. Un juez extendió la detención de todos ellos por noventa días.
Todo esto hace temer cómo se realizarán las próximas elecciones.
“En noviembre se celebrarán elecciones municipales en el país. Existen serias preocupaciones sobre estas elecciones, por la ausencia de significativas reformas electorales y judiciales, como las recomendadas por la Oficina y otros mecanismos, para que las normas y prácticas vigentes en las próximas elecciones sean compatibles con estándares internacionales de derechos humanos”.
Todas estas restricciones y la pobreza han hecho que 200.000 nicaragüenses hayan solicitado asilo en otros países.
