Historia de Samantha Schmidt
Fotos de Nadège Mazars para The Washington Post
ANTIOQUIA, Colombia — Los simulacros de la mañana comenzaron en la ladera de una montaña cubierta de niebla, con dos docenas de hombres armados con rifles listos. «¡Atención!» Gritó una voz, y se levantó una bandera verde y blanca adornada con tres letras, las mismas letras, pintadas con aerosol en edificios y letreros de calles en el norte de Colombia, que les dicen a todos los que están a cargo: AGC.
El acrónimo representa la organización narcotraficante más poderosa de Colombia, una fuerza con control sobre una franja masiva del país y las rutas más importantes para mover la cocaína a los Estados Unidos. Sin embargo, también es una organización con estatutos y un escudo especial, y en las comunidades rurales, desempeña el papel de policía y judicial, resolviendo disputas entre los lugareños.
Ahora quiere un asiento en la mesa con el gobierno.
“El himno”, dijo el hombre que daba las órdenes, que vestía uniforme militar y una amplia sonrisa de carillas blancas blanqueadas. Se presentó como Jerónimo, el comandante político de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La máxima jerarquía del grupo rara vez había hablado con los periodistas, si es que alguna vez lo había hecho. A partir de fines de la década de 2000, sus predecesores fueron objeto de persecuciones agresivas por parte de las autoridades colombianas. La mayoría habían sido asesinados, encarcelados o extraditados a Estados Unidos. Pero a medida que otros subieron de rango, la AGC continuó reforzando su control del poder, expandiéndose a la mayoría de las regiones del país y contando con 9.000 miembros.
El líder político de la AGC decidió que era hora de hablar. Durante varias horas de conversación la semana pasada con periodistas del Washington Post, Jerónimo explicó que quería que el público entendiera la organización desde adentro, para conocer de cerca su autoproclamada misión política.
La medida se produce cuando el gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro persigue un plan ambicioso para la «paz total», un intento de desmantelar simultáneamente múltiples grupos armados y poner fin a la violencia y los asesinatos que han acosado al país durante mucho tiempo. Más de 1 millón de personas han muerto en el conflicto de décadas de Colombia , según cifras del gobierno , y más de 8,4 millones han sido desplazadas de sus hogares.
Jerónimo, el máximo comandante político de las AGC, las describe como un grupo político armado y dice que debería tener un asiento en la mesa de negociaciones de paz del gobierno. Una pancarta callejera de AGC en Antioquia dice en parte “el pueblo es superior a sus líderes”. Un centro comunitario en Antioquia es donde las madres se reúnen en busca de apoyo y los residentes asisten a eventos que a menudo son financiados por AGC. Los miembros de la unidad se reúnen para un simulacro en la montaña.
Las discusiones entre la administración de Petro y la AGC, que el gobierno llama el Clan del Golfo, han sido tensas. Están pendientes órdenes de captura contra varios de sus líderes por presuntos homicidios, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. Los funcionarios colombianos han descrito durante mucho tiempo al grupo como una estructura exclusivamente criminal, colocándolo en una categoría diferente de las insurgencias de izquierda. Aunque se anunció un alto el fuego bilateral a principios de este año, con la contratación de un abogado por parte de la AGC para comenzar a reunirse con el comisionado de paz del gobierno, Petro lo canceló recientemente. Acusó al grupo de fomentar la violencia en una huelga de mineros.
El AGC negó su participación y la semana pasada publicó una declaración en video diciendo que responsabilizaría al gobierno por los «problemas que podría causar la decisión apresurada» de reanudar los ataques militares. Jerónimo y sus compañeros argumentan que deberían ser considerados un grupo armado político como cualquier otro en Colombia.
No importa la posición del gobierno, el AGC no será fácilmente despedido y ciertamente no será derrotado fácilmente. Su influencia y su dinero están por todas partes.
En un pueblo del norte de Antioquia, una pancarta de AGC cuelga sobre la calle, un camino pavimentado considerado un lujo raro en esta parte del país. Los líderes locales dicen que fue pagado en parte por el grupo, junto con las luces de la cancha de fútbol, las camisetas del equipo de fútbol y un nuevo depósito que la comunidad espera reforzará su suministro de agua. La AGC patrocina fiestas comunitarias para el Día de la Madre y eventos familiares en la escuela, y trae juguetes para todos los niños en Nochebuena.
“Si llegara el gobierno y nos ofreciera ayuda, gloria a Dios, estaríamos con ellos”, dijo un líder del pueblo. “Pero el gobierno no ha llegado”.
Una vida de resistencia armada
La unidad se detiene, escondida en el bosque, por temor a que una avioneta en el área pueda significar vigilancia del gobierno. DERECHA: Una caseta de peaje comunitaria en el camino a la ciudad de Blanquiceth recauda dinero para mejoras viales. El área está controlada por AGC como lo indican las letras garabateadas en un cartel.
La historia de Jerónimo es, en muchos sentidos, la historia de un conflicto colombiano sin fin.
Creció en las afueras rurales pobres de Apartadó, cerca del Golfo de Urabá. Era un pueblo controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, la insurgencia de izquierda ahora desmovilizada que libró una lucha de décadas para derrocar al gobierno.
Cuando cumplió 15 años, Jerónimo había llegado a creer que la única forma en que podría defenderse sería uniéndose a la guerrilla. Pasó siete años luchando con las FARC hasta que se desilusionó con sus puntos de vista marxistas. Él desertó y huyó.
Dos años más tarde, desesperado por volver con sus padres y sus dos hermanas menores, se enfrentó a un peligro diferente: una nueva organización paramilitar se había mudado a su ciudad natal y perseguía a cualquiera que sospechara que era guerrillero de izquierda.
“Si volviera como civil, me matarían”, dijo. Para evitar ser perseguido, se unió.
Las Autodefensas Unidas de Colombia, que se convirtieron en una coalición masiva de paramilitares de derecha, eventualmente negociarían un acuerdo de paz con el gobierno. Sin embargo, para alguien como Jerónimo, pronto surgieron nuevas amenazas. Volvió a tomar las armas: “El ciclo nunca terminó”.
Se dirigió esta vez a las AGC, atraído por su misión autodenominada como “un ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de nuestro pueblo”. Su fundador fue un líder paramilitar que desestimó el proceso de paz y asumió el control de las rutas de la droga por parte de la coalición. (Su nombre completo es un guiño a Jorge Eliécer Gaitán, el líder político cuyo asesinato en 1948 desencadenó décadas de agitación).
Pero en lugar de luchar en apoyo al gobierno como los paramilitares, dijo Jerónimo, el grupo lo enfrentó de frente.
Un miembro de la AGC tiene su machete listo mientras patrulla. La vegetación densa proporciona protección contra la detección aérea. Frondosos bosques y montañas escarpadas definen la región norteña colombiana de Antioquia.
Jerónimo dice que los líderes de AGC aspiran a que el grupo se convierta algún día en un partido político nacional.
Sostiene que el propósito de la AGC es inherentemente político. Cada uno de sus frentes incluye un comandante político que supervisa los proyectos locales y asesora a los consejos locales de las aldeas, que según Jerónimo son autónomos. La dirigencia aspira a que algún día se convierta en un partido político nacional. «¿Por qué no?» preguntó.
Jerónimo, de 50 años, habló de manera lenta y mesurada, y solo permitió que se usara su alias por motivos de seguridad. Un anillo de oro en su mano derecha brilló mientras gesticulaba. Las conversaciones con el gobierno también podrían traer “el reconocimiento, a nivel internacional, de quiénes somos como organización”, dijo. “Nos han convertido en delincuentes, en personas non gratas para la sociedad”.
Danilo Rueda, comisionado de paz del gobierno, dijo que Colombia no considera que las AGC sean “políticas” porque su objetivo no es “subvertir el orden constitucional”. En un comunicado calificó la influencia del grupo como una especie de “gobernanza” criminal para el control social y la “protección y generación de riqueza”. Pero la gobernabilidad, dijo, no clasifica a un grupo como una entidad política.
Según las autoridades colombianas y los defensores de los derechos humanos, las AGC han cimentado su control a través del desplazamiento forzado, la extorsión, el asesinato de policías y el reclutamiento de menores. Dicen que se beneficia de la minería ilegal y domina las redes de distribución de drogas del país mediante el suministro de cocaína a los cárteles mexicanos. Jerónimo afirma que el grupo solo gana dinero cobrando impuestos a los cárteles que operan en su territorio.
“Son como la Amazonía del negocio de las drogas en el norte de Colombia”, señaló Elizabeth Dickinson, analista sénior de International Crisis Group. “¿Tienen algún incentivo para renunciar a algo? Creo que cero.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que el gobierno ha sugerido que las filas de las AGC se entreguen colectivamente al sistema judicial a través de un proyecto de ley que les haría una “oferta atractiva”, incluyendo sentencias más leves.
El riesgo de tiempo en prisión y extradición, así como otros elementos, hace que el enfoque del gobierno sea imposible. Los líderes de las AGC exigen un sistema de justicia transicional que les permita decir la verdad a las autoridades a cambio de “garantías”, explicó Jerónimo. “Si esa verdad no se blinda en una justicia que te dé garantías, te abrirá las puertas a otro conflicto”.
Andrés Chica, un activista local de derechos humanos en el departamento de Córdoba, dijo que el grupo ha aprovechado el momento. Vio que el reclutamiento, la extorsión y las amenazas aumentaron durante el período de alto el fuego.
“Han tenido tiempo de conseguir oxígeno, de revivir, de reorganizarse”, dijo Chica. “Cuando el gobierno despierte, será un monstruo aún más grande que antes”.
¿Apoyo o miedo?
La unidad se descompone después de su simulacro matutino para comenzar las operaciones diarias. Un puente de madera desvencijado cerca del borde de Blanquiceth hace que los cruces sean inciertos.
La presencia de la AGC no siempre es obvia a primera vista. En el norte rural de Colombia, un mosaico de fincas ganaderas y plantaciones de banano, no hay retenes militarizados. No hay hombres armados en las carreteras. Pero los lugareños siempre saben que están allí.
En una pequeña comunidad en las afueras de Belén de Bajirá, en la región del Chocó, el grupo ha sustituido a un gobierno ausente. Hay un pequeño centro de salud pero no hay médico. Hay una escuela pero no hay autobuses escolares. El AGC está trabajando para encontrar un médico, dicen los líderes locales, junto con el transporte para que los niños vayan a clase.
Cuando una residente necesitó exámenes urgentes antes de una cirugía de riñón el año pasado, pidió ayuda al ayuntamiento. Recurrió a la AGC, que terminó dándole alrededor de $150 para cubrir sus pruebas.
Jerónimo, a la izquierda, supervisa la unidad durante su simulacro matutino mientras se iza la bandera del AGC junto a la bandera de Colombia.
El pueblo de Apartadó en la región de Antioquia es uno de los muchos bajo el control de la AGC.
En su salón de belleza en Antioquia, Birleyda Ballesteros también guarda archivos y otra información sobre las víctimas del conflicto de décadas en Colombia entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados tanto de izquierda como de derecha.
Un miembro de AGC sostiene su rifle mientras patrulla.
Sin embargo, pocas personas en vecindarios como estos, donde el AGC siempre está mirando, querían ser citados por su nombre. Incluso menos estaban dispuestos a expresar cualquier crítica. Y no es para menos: el año pasado, tan solo en el norteño departamento del Chocó, la Defensoría del Pueblo de Colombia reportó el desplazamiento forzado de 4.380 personas en 2022 por disputas territoriales que involucran al grupo. Más de 7.800 familias fueron confinadas a la fuerza en sus hogares.
En Apartadó, un defensor local de víctimas contó que recibió amenazas de muerte por tratar de ayudar a los jóvenes a abandonar el pueblo y el grupo. “Me sacaron de mi casa con una pistola y me dijeron que me fuera o me mataban”, dijo la mujer.
Otra residente, Birleyda Ballesteros, contó que se encerró en su casa durante unos dos meses el año pasado después de que las AGC aterrorizaran a su pueblo y a más de 100 personas más en una parte importante del país.
En mayo, el grupo convocó un ataque armado de represalia de cuatro días después de que su exlíder fuera extraditado a Estados Unidos por cargos de contrabando de drogas. El entonces presidente Iván Duque había descrito a Dairo Antonio Úsuga —más conocido por su alias, Otoniel— como el “narcotraficante más temido del mundo, asesino de policías, de soldados, de líderes sociales y reclutador de niños”. En una demostración de fuerza, sus camaradas bloquearon carreteras, quemaron autos, paralizaron negocios y prohibieron a los residentes salir de sus casas.
Aún así, Ballesteros dijo que cree que las AGC deberían tener la misma oportunidad que cualquier otro grupo armado para negociar un acuerdo de paz y un plan de justicia transicional.
“El gobierno debería sentarse con ellos y escuchar”, dijo.
‘Seguiremos defendiendo’
Cortes de alambre de púas en una zona rural del norte de Colombia llena de plantaciones de banano y granjas de ganado.
Mientras los hombres en la montaña terminaban sus ejercicios matutinos, varios vigilaban el área circundante. Un pequeño fuego todavía ardía del desayuno.
Un líder de unidad, un antioqueño de 30 años, dijo que se había unido hace ocho años. Había estado viviendo con su familia, trabajando en su granja o haciendo trabajos ocasionales en su vecindario, pero luchaba para llegar a fin de mes. En el grupo armado encontró hombres que “me respaldan al 100 por ciento”. Se convirtió en comandante con solo 24 años.
Otro miembro dijo que se unió cuando tenía 20 años, después de servir en el ejército durante dos años. Se sintió atraído por la autodenominada misión de las AGC de defender a la población y, lo que es más importante, por el salario que ofrecía. “Abre una puerta, económicamente, que no se puede encontrar en ningún otro lugar”, dijo. El líder de la unidad le dijo que no revelara cuánto gana. Ninguno de los dos proporcionó su nombre.
Jerónimo espera que el gobierno acepte la idea de una negociación de paz “o al menos un diálogo”.
“Pero si seguimos con esta misma retórica, con el abandono, la persecución, entonces seguiremos defendiendo”, dijo. “Y en la medida en que podamos seguir expandiendo el territorio… iremos allí”.
Grafiti señala la presencia de AGC cerca de un peaje comunitario en el pueblo de Barranquillita en Antioquia.
Un cartel en las afueras del pueblo de Apartadó ofrece una cita del Papa Juan Pablo II: “La paz no se impone, se construye”
Incluso en territorio que es un bastión de AGC, permanece alerta. Un pequeño avión volaba por encima y temía que pudiera ser inteligencia militar rastreando su paradero. Jerónimo hizo retirar la unidad.
Los hombres se refugiaron en un área boscosa cercana, acurrucándose entre los árboles mientras esperaban para hacer su próximo movimiento.
Juan Arturo Gómez Tobón en Apartadó contribuyó a este despacho.
Acerca de esta historia
Edición de la historia por Susan Levine. Diseño y desarrollo por Yutao Chen. Edición de fotos por Olivier Laurent. Traducción de Ana Vanessa Herrero. Edición de estilo por Anjelica Tan y Mael Vallejo. Edición de diseño por Joe Moore.
