Congresistas Demócratas de EE.UU. llaman a su gobierno a respetar la JEP

Instan al gobierno de Estados Unidos a llamar al gobierno Colombiano para que implemente el Acuerdo de Paz. /Cristian Garavito.

En un carta dirigida al Secretario de Estado de Estados Unidos, 79 representantes a la cámara calificaron de desafortunada la presión que ha ejercido el gobierno de su país para modificar la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, llamaron a la implementación plena del acuerdo firmado con las Farc.

“Le recomendamos encarecidamente que comunique el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a los tres mecanismos del sistema de justicia transicional – la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La presión de Estados Unidos para modificar elementos de la JEP, después de que la Corte Constitucional colombiana ratificara su ley estatutaria, ha enviado señales desafortunadas con respecto al estado de derecho y amenaza con desentrañar un elemento clave del acuerdo”. Estos fueron algunos de los mensajes que enviaron 79 congresistas demócratas de Estados Unidos al Secretario de Estado Mike Pompeo, expresando una “gran preocupación” frente a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc, el asesinato de líderes sociales y los mecanismos de justicia transicional.

La misiva, firmada este 24 de mayo, dice que “las iniciativas del gobierno colombiano para debilitar o anular los compromisos asumidos en el acuerdo deben ser opuestos de forma enfática”.

Así, se refirieron también a lo recientemente ocurrido con los magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, a quienes Estados Unidos les revocó sus visas. Los representantes dijeron sentirse preocupados pues esto “aparenta ser una respuesta punitiva a las decisiones en apoyo de la constitucionalidad del acuerdo de paz”.

Esta carta llega después de que se revelaran presiones del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, a los congresistas de nuestro país para aprobar las reformas a la Ley Estatutaria, y, posteriormente, la concesión de la garantía de no extradición al exjefe guerrillero Jesús Santrich.

Líderes sociales

“El gobierno ha sido lento en expandir la presencia civil del estado a áreas afectadas por el conflicto. Los programas para reintegrar ex-combatientes a la vida económica están avanzando, pero de forma muy lenta”, dijeron. Fue precisamente por la lentitud de la implementación del acuerdo que llegaron al punto de los líderes sociales, citando las cifras de la Defensoría del Pueblo: 431 personas defensoras de derechos humanos y líderes/as comunitarios fueron asesinados/as entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. 

“La mayoría de estos líderes, incluyendo a muchos indígenas y Afro-colombianos, estaban instando a sus vecinos a erradicar la coca, defendiendo los derechos de las víctimas, y construyendo la paz en sus comunidades. Los acuerdos incluyeron mecanismos diseñados especialmente para proteger a esos/as líderes.”. Así, llamaron a Pompeo a implementar los mecanismos acordados para la protección de los defensores de DD.HH. “Esto incluye convocar y dar los suficientes poderes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para desarrollar y avanzar planes para desmantelar grupos armados ilegales y proteger a las personas defensoras de derechos humanos; ayudar a las comunidades en riesgo a desarrollar y lanzar planes de protección; y garantizar que la Unidad Especial de la Fiscalía General efectivamente se dedique al desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo y grupos de crimen organizado”.

Lea: Informes sobre la violencia contra los afros en Colombia ya están en manos de la JEP

Esta carta fue liderada por los congresitas McGovern y Lewis, y la congresista Schakowsky, y es también el resultado de un esfuerzo de la sociedad civil preocupada por la implementación del acuerdo en Colombia. La directora de la oenegé WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) para Los Andes, que fue una de las que movió a otros parlamentarios a pronunciarse y firmar, explica que esta carta fue dirigida a Pompeo porque ha estado en Colombia y conoce su situación. “Pompeo ha estado muy metido en la región, incluso vino hace poco, pero todo el discurso fue sobre Venezuela y nadie debate que esta situación es crítica, pero la situación de Colombia no mejora, en las zonas donde vienen los venezolanos hay víctimas y desplazados”.

Así, esta discusión irá a discusión en el Senado. En ese momento, la ciudadanía seguirá insistiendo en el fortalecimiento de los derechos humanos, e instarán a su congreso a que apoye la paz en Colombia.

En este sentido, los congresistas demócratas envían un mensaje claro al gobierno de Estados Unidos:

“Señor Secretario, le instamos a garantizar la diplomacia de forma coordinada de todo el gobierno con un solo mensaje central y consistente: instando al gobierno colombiano a implementar de forma integral el acuerdo de paz de 2016“.

Aquí puede leer la carta completa y traducida al español:

El Honorable Mike Pompeo Secretario de Estado U.S. Department of State 2201 “C” Street NW Washington, DC 20520 Estimado Secretario Pompeo, Le escribimos con nuestra gran preocupación frente a la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia de 2016 y ante la escalada de asesinatos y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. Le recomendamos encarecidamente insistir que el gobierno colombiano debe implementar de forma íntegra el histórico acuerdo de paz entre el estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, quienes continúan estando en gran peligro. Las iniciativas del gobierno colombiano para debilitar o anular los compromisos asumidos en el acuerdo deben ser opuestos de forma enfática. El proceso de paz, que fue apoyado por los Estados Unidos, ofrece una oportunidad única para poner fin a casi 60 años de conflicto armado, durante los cuales más de 261.000 colombianos perdieron la vida, 8 millones de personas sufrieron de desplazamiento interno y decenas de miles de personas fueron desaparecidas. En su comienzo la implementación del acuerdo resultó en el exitoso desarme y desmovilización de más de 13.000 ex-combatientes de las FARC-EP. En el 2017, la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo en décadas, y muchos territorios rurales tuvieron sus primeras experiencias de seguridad. Hoy, sin embargo, graves preocupaciones van en aumento. El 16 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas advirtió “que el proceso de paz se encuentra hoy en una coyuntura crítica”. La implementación del acuerdo está siendo obstaculizada por la burocracia y decisiones por parte de la Administración de Duque de reducir la financiación y re-escribir elementos del acuerdo con respecto a la justicia transicional y la restitución de tierras a víctimas de desplazamiento. El gobierno ha sido lento en expandir la presencia civil del estado a áreas afectadas por el conflicto. Los programas para reintegrar ex-combatientes a la vida económica están avanzando, pero de forma muy lenta. La consolidación de la paz requiere de una atención e inversión sostenida. El acuerdo da a Colombia una hoja de ruta para servir mejor a sus olvidados ciudadanos rurales, enfrentar la producción ilícita de drogas y el crimen organizado y afrontar la desigualdad que alimentó el conflicto. Desafortunadamente el gobierno colombiano no ha desmantelado otros grupos armados ilegales, incluyendo a grupos sucesores del paramilitarismo, ni tampoco investigado sus nexos con elementos corruptos de la fuerza pública, políticos locales e intereses económicos. Como resultado, grupos armados ilegales están expandiendo su presencia a áreas donde anteriormente existía presencia de las FARC-EP, y algunos ex- combatientes han perdido la fe en el acuerdo de paz y se han rearmado. El gobierno de los Estados Unidos tiene un gran interés en una implementación exitosa de los acuerdos de paz en Colombia. La total implementación de los capítulos sobre desarrollo rural y cultivos ilícitos reducirían la susceptibilidad de vastos territorios a la actividad de grupos armados y la producción ilícita de drogas. El alentar al gobierno colombiano a cumplir en su totalidad los compromisos de apoyar a los campesinos a que erradiquen y reemplacen voluntariamente la producción de coca es del mayor interés de los Estados Unidos y ofrece una solución mucho más sostenible que la erradicación forzosa o un regreso a las fumigaciones. Un avance duradero en la reducción de cultivos de coca puede ocurrir si la presencia gubernamental civil aumenta, el buen gobierno se extiende a zonas no- gobernadas, y la paz se consolida. Le recomendamos encarecidamente que comunique el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a los tres mecanismos del sistema de justicia transicional – la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La presión de Estados Unidos para modificar elementos de la JEP, después que la Corte Constitucional colombiana ratificara su ley estatutaria, ha enviado señales desafortunadas con respecto al estado de derecho y amenaza con desentrañar un elemento clave del acuerdo. “En un clima de incertidumbre”, el enviado especial para Colombia de las Naciones Unidas advirtió, “la mayor incertidumbre sería el re-abrir elementos centrales del propio acuerdo de paz.” Por lo tanto, nos preocupan los informes de que los Estados Unidos revocó visas emitidas a magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema en lo que aparenta ser una respuesta punitiva a las decisiones en apoyo de la constitucionalidad del acuerdo de paz. Señor Secretario, le instamos a garantizar la diplomacia de forma coordinada de todo el gobierno con un solo mensaje central y consistente: instando al gobierno colombiano a implementar de forma integral el acuerdo de paz de 2016. En ese sentido, acogemos con satisfacción las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad Naciones Unidas Jonathan Cohen y destacamos la importancia de continuar los programas bien enfocados de USAID en apoyo de la implementación del acuerdo, protección de los derechos de las víctimas del conflicto, y el apoyo a esfuerzos locales de desarrollo y construcción de paz por parte de organizaciones indígenas y Afro-colombianas y organizaciones de mujeres y campesinas. La lenta implementación del acuerdo está afectando de forma significativa y adversa a las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales que lideran la recuperación en zonas asoladas por la guerra. Según la Defensoría del Pueblo, 431 personas defensoras de derechos humanos y líderes/as comunitarios fueron asesinados/as entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. La mayoría de estos líderes, incluyendo a muchos indígenas y Afro-colombianos, estaban instando a sus vecinos a erradicar la coca, defendiendo los derechos de las víctimas, y construyendo la paz en sus comunidades. Los acuerdos incluyeron mecanismos diseñados especialmente para proteger a esos/as líderes. La falta de implementación del gobierno de las medidas de protección es un factor clave detrás del aumento de asesinatos, amenazas, y ataques. Por lo tanto le pedimos que presione enérgicamente al gobierno colombiano a implementar las medidas acordadas en el acuerdo de paz para proteger a las personas defensoras. Esto incluye convocar y dar los suficientes poderes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para desarrollar y avanzar planes para desmantelar grupos armados ilegales y proteger a las personas defensoras de derechos humanos; ayudar a las comunidades en riesgo a desarrollar y lanzar planes de protección; y garantizar que la Unidad Especial de la Fiscalía General efectivamente se dedique al desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo y grupos de crimen organizado. El gobierno colombiano debe desarrollar medidas de protección y prevención individuales y colectivas para personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios en consulta y coordinación con las personas defensoras en riesgo. Para concluir, destacamos la importancia que el gobierno estadounidense utilice todos los canales diplomáticos posibles para alentar al gobierno colombiano de implementar el capítulo étnico del acuerdo para garantizar la protección y respeto de los derechos de comunidades afrocolombianas e indígenas, con una atención especial a la preservación de los territorios colectivos. Sr. Secretario, reconociendo que los intereses a largo plazo de los Estados Unidos son mejor logrados por medio de una Colombia estable y respetuosa de los derechos, le solicitamos enviar el mensaje unificado y unificador de que los Estados Unidos apoya la implementación integral del acuerdo de paz de 2016 y que apoya a su aliado en los esfuerzos para la consolidación de la paz, la promoción y respeto de los derechos humanos, y el avance del estado de derecho en Colombia. Gracias por la consideración de estos temas tan fundamentales.

Aquí la carta en inglés y firmada por los representantes:

page1image3454614560
page2image3497034944
page3image3495242432
page4image3455859808
page5image3453540736
page6image3495383520
page7image3495344896
page8image3496002640
page1image3454614560
page2image3497034944
page3image3495242432
page4image3455859808
page5image3453540736
page6image3495383520
page7image3495344896
page8image3496002640
< >

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*