Combustibles

José Fernando Isaza

Una de las decisiones más difíciles que deben tomar los gobernantes es aumentar el precio de los combustibles. El Caracazo de 1989, cuya chispa fue el incremento de la gasolina y del pasaje en el transporte urbano, causó entre 276 y 3.000 muertos, según cifras oficiales o reportes extraoficiales. En Francia la decisión desencadenó la revuelta de los chalecos amarillos en el 2018 y llevó a Macron a dar marcha atrás. En Ecuador, este año, un movimiento similar hizo derogar la medida. En Colombia los incrementos han sido graduales, esto ha permitido que la necesaria y conveniente política de no dejar rezagados los precios sea menos rechazada por la sociedad.

Los precios de los combustibles deben reflejar no solo su valor de cambio, sino también involucrar el costo ambiental y generar recursos para la construcción de la infraestructura urbana y en especial las vías que integran los mercados nacionales entre sí y con los mercados externos. En varios países los precios incluyen un componente impositivo que se emplea para aliviar las finanzas públicas.

Un mayor precio de los combustibles tiene un efecto imposible de evitar: aumenta la inflación, cuyo alto nivel hoy hace más difícil adoptar la medida. La decisión y el monto requieren un análisis que sopese los beneficios fiscales y ambientales con los costos inflacionarios y posibles manifestaciones de descontento popular. Se espera que, de ocurrir, se manejen con el respeto a los derechos humanos y no con la política del anterior gobierno de reprimir a muerte a los manifestantes.

El consumo de combustibles en Colombia se distribuye casi por igual en diésel y gasolina, 174.650 barriles/día. Optar por incrementar solo la gasolina y no el diésel es volver a generar una distorsión de precios, que harán más difícil en el futuro corregirla. No es cierta la idea de que la gasolina la consumen solo los autos particulares. Los taxis, los pickups, los camperos y las motocicletas consumen una cantidad similar. Los kilómetros por año recorridos por cada uno de esos de vehículos son superiores a los autos privados, y aquellos son empleados en su mayoría en actividades productivas.

Los colombianos disfrutan creando mecanismos que buscan distorsionar las leyes del mercado. Estas distorsiones generan corrupción. Se oyen voces: que la gasolina para las motocicletas no suba porque las usan para su trabajo mayoritariamente los estratos 1, 2 y 3, y el argumento es cierto. Lo mismo piden los taxistas, un grupo que tiende a paralizar la movilidad para lograr sus objetivos. Los pickups, elementos de trabajo para las pequeñas y medianas empresas, motivan a sus propietarios a exigir los mismos beneficios. El resultado es previsible: los autos particulares serían utilitarios al momento de pagar, con beneficios compartidos entre la gasolinera o el bombero y el propietario del carro. Con algo de cinismo, puede pensarse en evitarlo con un policía y un funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio en cada isla de aprovisionamiento. Mucho más eficiente es incrementar un poco menos los combustibles, pero hacerlo para todos.

Es el momento de reestructurar billonarios (millones de millones) subsidios que reciben los productores de biocombustibles. Así como se propone gravar los hidrocarburos fósiles con un impuesto especial por la escalada de precios internacionales, igual y apropiada medida puede proponerse para los biocombustibles.

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Directores Orlando Cadavid Correa (Q.E.P.D.) y William Giraldo Ceballos. Exprese sus opiniones o comentarios a través del correo: williamgiraldo@revistacorrientes.com

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