CATALINA OQUENDO
Bienvenidos al pasado. “Proponen crear frentes de seguridad en ‘zonas violentas”; “Salvatore Mancuso aterrizó en Colombia”; “El secuestro subió un 56% en casos y un 48% en víctimas”; “El reclutamiento aumentó”; “El Estado Mayor Central (disidencias de FARC) se expandió”…
Claro, no es 1994 cuando también se hablaba de frentes de seguridad, se crearon las Convivir y Mancuso mostraba toda su crueldad para posicionarse como el señor de la guerra, cuando las entonces FARC hacían violentas tomas de pueblos que dejaron cientos de secuestrados. No, lectores. Es 2024 y seguimos hablando de lo mismo, pero con nuevos nombres. Los cambios parecen sutilezas, aunque haya pasado un abismo impensable- un presidente de izquierda, un largo y desgastante proceso de paz con la guerrilla, entre otras cosas-, pero la esencia, lamentablemente, sigue siendo la misma: el apego por la violencia como respuesta primitiva a otra violencia.
En los últimos días, el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia nombrado gestor de paz por el Gobierno de Gustavo Petro ha sacudido estanterías judiciales y políticas y ha puesto al país a mirarse en su espejo más feo, el que refleja a miles de víctimas del paramilitarismo. Lo más reciente es que una jueza de ejecución de penas de Justicia y Paz ordenó su libertad a prueba por cuatro años. Mancuso pagó una condena de 15 años y 10 meses en EE. UU. por narcotráfico y en Colombia tiene 47 requerimientos en Barranquilla y Bogotá. Así que por ahora seguirá en La Picota. Además, recientemente la JEP lo aceptó en este tribunal y ahí, en una audiencia reservada, según el portal Vorágine, incriminó al expresidente Álvaro Uribe en el crimen del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. A unos días de su aterrizaje, aún hay muchas preguntas ¿Qué puede decir de nuevo que no haya dicho ante los tribunales de Justicia y Paz? ¿Qué pruebas aportará sobre la información que ha dado ante la JEP respecto de la masacre del Aro o la participación de políticos en el paramilitarismo? ¿Cómo se protegerá su vida ante tanta información? Y, claro, ¿qué significa en la práctica que Mancuso sea gestor de paz?
Aunque parezca una ironía, el regreso de uno de los más famosos excomandantes paramilitares, coincide con una discusión sobre los frentes de seguridad. El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie reflotó su propuesta de enero de 2023 y le envió una carta al presidente Petro con la frase “¡No nos dejen otra vez solos!, ¡No repitamos la historia!”. Ya en 2022, como contó Juan Miguel Hernández, la idea de brigadas ganaderas causó escozor y polémica. Vuelve pues el tema- muy de 1994- de la legitimación del uso privado de armas por parte de civiles bajo los argumentos de la legítima defensa. Lafaurie ha dicho que no es lo mismo e insistió en que no serán armadas. “El lanzamiento de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz desató otra andanada estigmatizante de los enemigos de la ganadería, proclamando la “resurrección del paramilitarismo”.
La situación de violencia no es, por supuesto, la de fines de los 90, pero sin duda es preocupante. Ya no son las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o las FARC- EP; hoy hablamos del Clan del Golfo, de las disidencias del Estado Mayor Central y de la Segunda Marquetalia, así como de la guerrilla eterna del ELN. Precisamente, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos describe una situación grave. Si bien en 2023 disminuyeron el desplazamiento y el confinamiento, aumentaron las masacres y hay un evidente “expansión territorial y despliegue de estrategias violentas de control social por parte de los grupos armados”.
Algo similar a lo que encontró la Fundación Conflict Responses (CORE) que en su último informe reveló que mientras el EMC ha crecido desde 2021, la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, se ha estancado; y que, a pesar de la propuesta de paz total, el Gobierno de Gustavo Petro “no ha golpeado el poder de las disidencias”. CORE también destaca que aumentaron el secuestro, la extorsión y el reclutamiento, aunque hayan bajado el asesinato de líderes sociales (15%), el de excombatientes (de 50 a 44 casos) y los ataques a la población civil. En conclusión, como se titula el informe, las disidencias suponen “dos caminos de una guerra en construcción”.
Espero que la próxima semana este boletín- y el país- pueda hablar de futuro y no de tantas formas del pasado.
