Cláusula Petro, triquiñuela de billar

Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador.

Cecilia Orozco Tascón

La existencia comercial, en unos negocios colombianos, de la denominada “cláusula Petro” que se viene incluyendo —según reveló Ramiro Bejarano en su columna del domingo pasado, en El Espectador— en contratos entre particulares, como una especie de semáforo en rojo que exime a los firmantes de cumplir lo pactado si el candidato del Pacto Histórico es elegido, es inaceptable económica, política y socialmente porque atenta contra el sistema democrático, contra la libertad de participación ciudadana y contra el derecho a votar por quien dicte el libre albedrío de cada quien. De acuerdo con el relato del profesor Bejarano, “se ha puesto en marcha la estrategia sucia de incluir una estipulación en los grandes contratos … (que indica que) solo empezarían a ejecutarse si Petro resulta vencido en las elecciones presidenciales” o, lo que es lo mismo, “que se dejen sin efecto si (él) llegare a convertirse en presidente”.

El eco que produjo, en algunos medios, la confirmación de que es cierta la activación de esta amenaza de unos sectores de la economía a otros no fue tan contundente como para que sus ejecutores la escondieran y la negaran. Por el contrario, salieron a defenderla y, a mi juicio, a promocionarla mediante falsos profetas del derecho con el argumento de que esa cláusula compromete solo a los pactantes en ejercicio de su “autonomía privada”. Así intentaron sustentarlo los que se pegan del inciso menudito de los códigos menores con el fin de eliminar la lectura de la letra constitucional superior que protege el bien común muy por encima del particular, en este caso, la voluntad de las mayorías electorales de poner en la Casa de Nariño al candidato que escojan, sea este o aquel y estemos los demás de acuerdo o no con su selección. Ah, no, que no se trata de constreñimiento al votante porque es una decisión particular. ¿Cómo explicarían, entonces, los sabihondos blanqueados la variación en la conducta criminal de las bandas armadas ilegales que, antes, masacraban a la población completa y que, ahora, asesinan a uno solo de sus líderes? ¿Son entonces aceptables, hoy, los asesinos porque cometen un homicidio selectivo o la interpretación correcta será que entendieron que matar a un habitante es suficiente para amedrentar a toda la comunidad?

La “cláusula Petro” es perversa, en democracia, porque los sectores dominantes de la sociedad presionan a los más débiles con el mensaje —a Pedro para que entienda Juan— de que se abstengan de elegir al candidato que no gusta a los primeros, so pena de empobrecer más a los segundos y al país pues, ténganlo por seguro, no se trata únicamente de incumplir un contratico: detrás hay acciones mucho más lesivas como fuga de capitales, cierre de sedes empresariales, de inversiones y demás. En las normas jurídicas está tipificada la colusión, en el Estatuto Anticorrupción, como “un pacto ilícito de dos partes con daño a un tercero”. Se refiere a acuerdos restrictivos que minan la libre competencia, por ejemplo, en los precios de productos comerciales cuando dos empresas pactan, en secreto, no bajarlos sino mantenerlos altos con perjuicio para los compradores. Si bien es cierto que se habla de colusión, en general, cuando se alteran ilícitamente procesos de licitación pública, por analogía podría decirse, en el campo de los derechos políticos, que los señores que les ponen puntos suspensivos a sus negocios hasta cuando conozcan el nombre del próximo presidente están incurriendo en el ilícito de colusión porque pactan entre ellos con daño a terceros: el candidato y sus votantes.

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