Editorial
Chile rechazó este domingo por segunda vez consecutiva adoptar una nueva Constitución. El no del 55% de los votantes expresó un repudio rotundo de un texto redactado por la derecha y la extrema derecha y deja atrás una etapa de cuatro años en la que el país sudamericano intentó sin éxito superar la Ley Fundamental vigente, que se remonta a la sanguinaria dictadura del general Augusto Pinochet.
El primer fracaso tuvo lugar en 2022, cuando una propuesta impulsada por la izquierda tampoco concitó el apoyo de la ciudadanía. Según confirmó el presidente Gabriel Boric, no habrá nuevos intentos y los chilenos seguirán con la norma de 1980, que en cualquier caso fue sometida a 70 reformas y, por paradójico que parezca, contiene más avances que el texto sometido a referéndum el domingo.
El proceso constituyente se inició en 2019 al calor de las demandas de una intensa ola de protestas sociales, el llamado estallido. Ese clima de cambio contribuyó después al triunfo de Boric, el presidente más joven de la historia de Chile, que hizo bandera de la necesidad de aprobar una nueva Constitución. Sin embargo, ni el primer consejo encargado de la redacción, copado por la izquierda, ni el segundo, elegido el pasado mes de mayo con una mayoría de derechas, lograron diseñar una propuesta de consenso. Y este es el mensaje central que deja el plebiscito del domingo pasado: que si ha mostrado la madurez democrática e institucional de Chile también ha reflejado la profunda división de la sociedad.
El Partido Republicano —la fuerza de extrema derecha liderada por José Antonio Kast, derrotado por Boric en las presidenciales de 2021 y que hace tan solo unos meses fue la más votada en las elecciones del Consejo Constitucional— fracasó sin matices. Su derrota favorece, en última instancia, a la derecha tradicional, que buscará recuperar su espacio y reclamará un cambio de hegemonía. Apruebo Dignidad, la coalición progresista que sostiene al Ejecutivo, tampoco tenía motivos para celebrar, pero respiró aliviada. En cualquier caso, los que plantearon el referéndum como una suerte de plebiscito sobre el Gobierno se estrellaron. La mayoría de los chilenos decidió, en definitiva, volver a la casilla de salida.
Las prioridades son ahora la política, tratar de superar la polarización buscando espacios de colaboración entre fuerzas diversas y la economía. El mismo Gabriel Boric apuesta por centrarse en las urgencias del país: la crisis de seguridad, los problemas en materia de educación, un sistema de salud privatizado que se encuentra al borde del colapso o el déficit de viviendas.
Los desafíos de Chile son hoy los mismos que tenía hace cuatro años, quizá incluso más graves. Termina el proceso constituyente, pero comienza un momento político decisivo que todos los actores, no solo el presidente Boric y su Gobierno, tienen la obligación de afrontar con altura de miras, disposición al diálogo y compromiso con todos los chilenos, sea cual sea su ideología.
