Ahora sí, sin dudarlo, a ratificar Escazú

El uso de la aplanadora legislativa del gobierno entrante hizo bien en priorizar la ratificación del Acuerdo de Escazú. / Fotografía de referencia de Mauricio Alvarado Lozada. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Editorial

Se nota que los vientos de la política han cambiado de rumbo: después de años de ser obstaculizado en el Congreso, con mensajes ambivalentes por parte del mismo presidente Iván Duque, por fin fue aprobado en segundo debate el Acuerdo de Escazú. La noticia, aparte de que es muy probable que el instrumento internacional sea apoyado en la Cámara de Representantes y se introduzca al ordenamiento jurídico colombiano, es que la votación fue una aplanadora: 73 votos a favor y 22 en contra. La mayoría del Partido Conservador, que durante el gobierno Duque hizo equipo con el Centro Democrático y Cambio Radical para obstaculizar la votación, votó afirmativamente. Más que un cambio ideológico profundo, lo que vemos es el interés de enviar guiños al presidente electo, Gustavo Petro. Es, en todo caso, una gran noticia para el país.

En varios editoriales fuimos claros en nuestro apoyo sobre el Acuerdo de Escazú. El 18 de octubre de 2020, hace casi dos años, escribimos en este espacio que “Colombia tiene un serio problema y una gran responsabilidad. Tenemos en nuestro territorio muchísima riqueza natural que debemos proteger. Sin embargo, somos el segundo país de América Latina y el quinto en todo el mundo con más defensores de derechos ambientales asesinados, según cifras de Global Witness. Además (…), la realidad es que no tenemos las capacidades instaladas para hacer valer las leyes, capacitar a los jueces ni ejercer control territorial sobre los espacios que tienen que ser protegidos”. Por eso, concluíamos: congresistas, ratifiquen el Acuerdo de Escazú. Hoy nos repetimos.

Más allá de los temores que se siguen ventilando en el Congreso por parte de los opositores, ratificar el Acuerdo solo produce consecuencias positivas. Primera, une a Colombia a un esfuerzo regional para proteger el medio ambiente y a sus defensores, mostrando que nuestras promesas van acompañadas de hechos reales. Segunda, da un mecanismo adicional de interpretación normativa para que nuestra legislación se modernice y se adecue a los más altos estándares internacionales en materia de sostenibilidad. Tercera, mientras siguen asesinando a defensores ambientales en nuestro territorio, envía el mensaje inequívoco de que el Estado colombiano no tolerará ese aniquilamiento. Cuarta, les impone a las autoridades tareas fijas de protección del medio ambiente. Rechazar todos esos aspectos por una supuesta falta de soberanía no tiene sentido, dado que Colombia tiene una Constitución que pide ser sintonizada con los instrumentos internacionales. En últimas, estamos materializando los principios de la Carta Política, nada más.

Tenemos que reconocer que Colombia está en una profunda encrucijada: somos reserva forestal del mundo, tenemos grandes riquezas naturales y hemos hecho promesas rimbombantes en el ámbito internacional, pero estamos fallando en sostenibilidad. La cifra de asesinatos sería suficiente, pero también podemos ver la falta de presencia estatal en zonas vulnerables, la deforestación y la ausencia de una reforma agraria. Estamos atrasados en la lucha contra la emergencia climática. Hizo bien, entonces, la bancada del nuevo gobierno en darle prioridad a la ratificación de Escazú. Es un primer paso muy necesario.

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