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¿Y al alcalde quién lo ronda?

Grupo Editorial El Satélite Octavio Quintero/Director

Fusagasugá, Cundinamarca.gov.co

Fusagasugá es un buen ejemplo de lo inaudito que nos rodea en todo momento en las administraciones municipales del país… Porque, por extraño que nos parezca el siguiente caso, no debe ser único…

El 18 de abril del 2013 (hace casi 5 años), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tuteló el derecho a la salud y la vida de la joven Hailym Sorangie González Ávila, afectada de grave enfermedad irreversible configurada en somnolencia, ansiedad, depresión y discapacidad cognitiva con trastorno síquico profundo, y, por lo tanto, requiere silencio y tranquilidad, especialmente en horas de la noche.

 

La joven tiene el infortunio de vivir en el sector El Retorno, de Fusagasugá, donde también opera la industria avícola, Fabipollo, en condiciones que, según se desprende de la sentencia, atentan contra el medio ambiente y la salud.

 

Que haya sido la CSJ la encargada de defender sus derechos, quiere decir que la joven, por intermedio de su señora madre, Myriam Estela Ávila Baquero, llegó a este alto tribunal después de una ardua batalla jurídica, pues, las instancias anteriores, juzgado y tribunal, le habían negado la tutela.

 

Cualquiera cree que una sentencia de la Corte es lo último, y lo es, pero no en Colombia, en donde las cosas tienen un orden económico (dinero), político (influencia) y social (rico/pobre), tres condiciones de las que precisamente adolece la joven Hailym Sorangie, como la casi totalidad de los 50 millones de colombianos, que ya somos.

 

Tras estudiar su caso, oír a las partes y contrapartes, la CSJ ordenó a la CAR y a la Alcaldía de Fusagasugá (…) “que en el término de diez (10) días, a partir de la notificación de esta providencia, adopten las medidas preventivas necesarias para garantizar el derecho a la salud de González Ávila, afectada por el ruido y el olor expedido por Fabipollo”.

 

Pues, créanlo: a hoy, febrero del 2018, no se ha cumplido la sentencia, por lo que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el pasado 19 de enero, dictaminó desacato a la justicia de los señores Néstor Emilio Ruíz Rodríguez (gerente regional de la CAR) y Luis Antonio Cifuentes Sabogal (alcalde de Fusagasugá, en la foto), desacato que conlleva un día de arresto y una multa de 6 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 4 millones 687.452 pesos, una pichurria con relación al daño a la salud y el medio ambiente que la mencionada industria avícola viene provocando en dicho sector residencial, no solo a la joven enferma de este cuento, sino a toda la comunidad adyacente a sus instalaciones.

 

Según el periódico Día a Día, revelador del insólito caso, el alcalde Cifuentes, en vez de proceder como es debido en un ciudadano, funcionario público, además (primera autoridad del municipio), a disponer lo pertinente a corregir el desacato, corre a exculparse en un comunicado insulso y mentiroso, y a esconderse de los periodistas que le buscan a ver que tiene previsto hacer en orden a cumplir y hacer cumplir la sentencia de la Corte expedida hace casi 5 años.

 

Así opera la justicia en Colombia… Así operan las administraciones locales, no solo en Fusa, lamentablemente.

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