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Un programa de paz para todos los colombianos

Grupo Editorial El Satélite Octavio Quintero/Director

AFP PHOTO/Diana Sanchez

(Basado en las ideas del exmagistrado, Jaime Araujo Rentería)

Más allá del dominante tema de implementación del acuerdo de paz Santos-Farc, la sociedad civil desarmada, que somos la inmensa mayoría de colombianos, no podemos claudicar en la lucha por otros derechos que no fueron ni siquiera discutidos en La Habana: el derecho universal a la educación y a la salud para todos; las reformas agraria, urbana y del sistema financiero; las reformas del Congreso y de la justicia; la redistribución de la riqueza y la lucha contra todas las formas de discriminación,  incluidas la sexual y la racial.

 

El acuerdo tampoco cambia el modelo económico (lo perpetúa); no defiende la soberanía nacional; no garantiza a las víctimas su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición; no nos da una paz con justicia social, ni la paz con la naturaleza; no contempla la lucha contra la corrupción y el desempleo, ni se ve una definición clara sobre libertad e igualdad.

 

No podemos dejar que estas ideas, paz con justicia social y democracia política y económica, desaparezcan del debate social y político, absorbidas por la implementación de los acuerdos con las Farc-Ep, que es lo que de momento importa a los actores del conflicto (Estado y guerrilleros) para salvar sus responsabilidades.

 

No, tenemos que ir más allá de esos acuerdos plasmados en La Habana y ratificados, finalmente, en el Teatro Colón, de Bogotá.

 

Estos derechos y su contenido, de los que venimos hablando, tienen que ser plasmados para su discusión democrática en un programa mínimo del próximo gobierno, que sea al mismo tiempo de acción política y de acción social. Y decimos “programa mínimo”, ya que nadie puede imponer la totalidad de su concepción de sociedad y Estado al resto de los demócratas, por lo que es necesario que recoja los temas y enfoques fundamentales en los que existe coincidencia, como por ejemplo, la paz, la soberanía nacional, las reformas agraria, urbana y financiera; el respeto al medio ambiente, el apoyo a las luchas campesinas, indígenas y de los afrodescendientes, la lucha por el territorio, el respeto a la soberanía popular, la defensa y ampliación de todos los derechos humanos.

 

La sociedad civil democrática debe contribuir individual y colectivamente a establecer el programa mínimo, y una vez planteadas y votadas las propuestas, las que obtengan mayoría deben ser respaldadas por todos nosotros, propagadas en todos los escenarios, haciendo la labor de organización y educación en torno a ellas.

 

Una vez elaborado el programa mínimo, es necesario definir unas reglas de juego para determinar quiénes pueden ser voceros o portavoces de ese programa. Lo ideal es que haya un equipo político de campaña electoral recorriendo todo el país: propagando el programa, organizando a quienes quieran trabajar por él y educando a la gente en sus derechos para que puedan reclamarlos.

 

Quienes propaguen y agiten este programa, tienen que dejarle claramente al pueblo colombiano que no aceptamos el falso dilema, paz o guerra, en que se nos quiere meter; que para nosotros, Santos y Uribe son exactamente iguales de corruptos; ambos defienden el mismo modelo económico y ambos han desatado una guerra sin cuartel contra los derechos del pueblo colombiano.

 

Ese diálogo, entre demócratas colombianos, tiene que pasar por el diseño de las nuevas instituciones que den más derechos al pueblo colombiano, que hoy, mientras no aparezca una opción mejor, el escenario natural para realizarlo y plasmar el programa mínimo en nuevas instituciones que hagan posible el cambio de las estructuras injustas, es una Asamblea Nacional Constituyente, popular, autónoma, democrática y soberana.

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