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Tran$milenio

Por William Giraldo Ceballos

¿"movilidad" o caos? Foto El Espectador

En medio de la silenciosa ira de los colombianos ante el creciente descubrimiento de los actos de corrupción pública financiados con los impuestos nacionales, regionales y municipales, ninguno de los medios ni de sus opinares tradicionales se ocupado de averiguar qué intereses políticos o económicos hay detrás del propósito de extender por las principales avenidas de Bogotá el llamado Sistema Integrado de Transporte Público conocido con el apelativo Transmilenio.

En Bogotá -está demostrado- el sistema fracasó y está generando el caos vehicular y la inmovilidad de una ciudad en la que no se ha construido una nueva avenidas ni se han ampliado suficientemente las calzadas en más de 20 años, pese a que las arcas distritales se nutren con el cobro de todo tipo de impuestos a los propietarios de vehículos y de viviendas.

Por el contrario, cada semana o cada mes, el “docto” alcalde capitalino recorta calzadas.

Le quedaron gustando las hazañas de su primera alcaldía: los bolardos,  el cierre de bahías para estacionamiento vehicular, los moños navideños, las quebradizas lozas de la autopista norte y las calcomanías para distinguir a los violadores de las restricciones de “pico y placa”.

Se hizo el loco y los bogotanos volvieron a votar por Enrique Peñalosa porque iba a ser mejor alcalde que su antecesor, pero…

Transmilenio es un negocio particular en el que la administración distrital solo percibe una mínima parte de los ingresos y debe responderle a los empresarios particulares con el resultado económico del servicio, por el estado de las vías adecuadas exclusivamente  y con el presupuesto del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para el uso de los buses rojos, lo mismo que por el funcionamiento general del sistema.

Paralelamente va el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, que son los viejos buses y busetas “repotenciados”  simplemente con carrocerías nuevas pintadas de azul con las que se ha querido disfrazar la ineficiencia administrativa que hoy muestra a las empresas operadoras acogiéndose a la ley de quiebras.

El alcalde Enrique Peñalosa está a punto de lograr su doctorado en anarquía: la ampliada avenida 30 de Bogotá, conocida como “Avenida Norte-Quito-Sur” fue concebida por el visionario Juan Martín Caycedo Ferrer para agilizar el flujo automovilístico entre el norte y el sur de la ciudad sin  semáforos y sin el transito de buses y vehículos de carga. Peñalosa en su primera alcaldía le arrebató calzadas a esa vía para  introducir el Transmilenio y en su segunda alcaldía metió los buses azules del SITP y dejó en libertad a los transportadores de carga para generar los “trancones” que redujeron la velocidad a 10 kilómetros en las horas pico y a 20 kilómetros en las llamadas “horas valle”.

Nada ha hecho el alcalde por la seguridad de los ciudadanos y, en cambio le abre las puertas al accionar delictivo con la improvisación de ciclorutas para estimular el uso del más sano medio de transporte, pero con el riesgo del asalto a los usuarios con un creciente hurto de bicicletas en toda la ciudad. No contento con ello dispuso que el puente de la calle 106 con carreras once y novena, en el norte de Bogotá se dedicara un carril para las bicicletas. Eso estaría bien si no fuera porque el puente fue construido con el cobro por “valorización” a un costo de $14 mil millones pagados por los propietarios de viviendas y edificios empresariales ubicados en la zona.

Incurre en prevaricato el alcalde Enrique Peñalosa al llevarle la contraria a la ley, al Código Nacional de Transito, que prohibe que las bicicletas transiten  por vías arterias e incumple sus deberes de gobernante cuando no garantiza la vida de los ciudadanos ni la seguridad de sus bienes, en este caso a los ciclistas y el uso de sus vehículos.

Impulsar esa anarquía no tiene otro propósito que justificar sus interesadas andadas en la instalación de nuevas troncales de Transmilenio, así éstas destruyan y contaminen el ambiente y el patrimonio  de la ciudadanía  pasando por encima de otras alternativas más armónicas y eficientes como el tranvía eléctrico, por ejemplo.

Más allá del prevaricato podría haber más delitos detrás de obstinados intereses por extender el  caos, la ineficiencia y la inseguridad de  Transmilenio a la avenida carrera séptima con sus imaginarias estaciones “Palacio de Nariño”, “Capitolio Nacional”,  o “Parque Santander”, amén de aquellas otras en el Parque Nacional, Universidad Javeriana, y aquellas ubicadas frente a las casas de los embajadores de España, Italia, Venezuela y Perú.

 

 

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