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Sotto voce

Por Carlos Alberto Ospina M.

 La sociedad civil se acostumbró a quejar en voz baja en relación con las diferentes insatisfacciones de orden económico, político, cultural, social, religioso, recreativo y en especial, de ausencia de justicia. Parece que existiera una negación de los derechos y en cambio, una supra valoración de las obligaciones. Comemos callados, en una actitud de reverencia y conformismo, que raya con la negligencia.

La denominada Encuesta de Hogares del desacreditado y politizado, Dane, se chamuscaría en la puerta del horno de las verdades a medias, mentiras totales. ¿Cómo diablos justificar las alzas desmedidas en los productos de la canasta familiar?, cuando los mecanismos de control no son efectivos y están supeditados a la línea perversa del laissez faire, dejan hacer lo que les venga en gana dentro del marco de una supuesta libertad de mercado; que no es otra cosa, que el atropello a ultranza de los estratos más pobres de esta sociedad muda funcional.

Esa discapacidad general adolece de protección integral. La Superintendencia de Industria y Comercio se rasga las vestiduras señalando que hubo carteles en varios sectores. Faltó la oración subordinada, “hay y habrá otros carteles en la economía”. A la hora de imponer las sanciones, la SIC sale con el eufemismo de los beneficios por “colaboración y/o delación”, bajando el castigo pecuniario en porcentajes escandalosos, mientras los delincuentes de cuello blanco están por fuera de las cárceles.

Da papaya el superintendente, Pablo Felipe Robledo Del Castillo, cuando ratifica sin ruborizarse que “las multas impuestas a las empresas no superan el 8 % de su patrimonio ni el 7 % por ciento de sus ingresos operacionales anuales para no afectar así su estabilidad” (SIC). En definitiva, ¡la justicia es para los de ruana! Durante más de una década las empresas Familia, Tecnoquímicas y Kimberly, adoptaron una política corporativa encubierta, desleal y engañosa con y hacia los consumidores a través de una “conducta concertada, continuada y coordinada para fijar artificialmente el precio de los pañales desechables para bebé en el mercado colombiano” (Portafolio 28-06-16). Sí disfrutaron utilidades efectivas por varios billones de pesos, ¿cómo es posible que la sanción no fuera ejemplarizante?, preocupándose de la “estabilidad” de los mencionados conglomerados; en lugar, de velar por el cumplimiento cabal de la ley y la defensa de los consumidores, a quienes les facturaron y cobraron valores ilegales que, Sí, afectaron la “estabilidad” (seguridad) de los exiguos ingresos familiares. Estos temas no son un refrito periodístico. Es una sugerencia a implementar la sanción moral, el rechazo y la sustitución por otras marcas o productos en el ámbito de la libertad de escogencia de bienes y servicios.

Después del escándalo y la exposición mediática para anunciar los carteles de los pañales, de los cuadernos, del cemento, etc.; ¡nada pasa!, porque éstas mercancías siguen en las estanterías de las grandes superficies y almacenes de cadena, también propiedad de ellos. El surtido es amplio: pañales, toallas femeninas, papel higiénico y spray contra olores nauseabundos como los que producen la mínima intervención del gobierno y la hipotética financiación de campañas políticas por parte de los sancionados grupos económicos.

Aún falta investigar con el acelerador a fondo, los presuntos pactos entre ensambladoras, concesionarios e importadores, los cuales incrementaron los precios de los vehículos hasta 20 puntos por encima de la devaluación del peso frente al dólar. ¡Ni siquiera les falla la doble carburación de las alzas injustificadas!

Arbitrariedades van por doquier. Los usuarios de las plataformas sufren un viacrucis para obtener la planilla asistida o pagar las cesantías y las libranzas. Se tardan hasta 3 horas en la línea telefónica, sólo para que les contesten la llamada, con la mala fortuna que, de forma maliciosa, aparentemente se “cae” la comunicación. ¡Y vuelve Cristo a padecer! La jornada continua de 7 a.m. – 7 p.m. de la línea de atención al cliente, no aplica; porque tampoco el sistema es eficaz y la grabación es un sinfín cacofónico que no escalona las solicitudes, siendo el usuario el perjudicado con el cobro de intereses de mora por extemporaneidad, la cual en muchas ocasiones es causada por los operadores del sistema. Otra vez, las sanciones para el pueblo y las utilidades para los ineficientes, delincuentes y corruptos.

¿Cuántos tráileres produciría Hollywood con los fallos y las resoluciones de las Superintendencias de Sociedades, Salud, Servicios Públicos, Industria y Comercio, Puertos, etc.? Con seguridad que el ranking de las 100 sagas no vería la luz.

Los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos del común y corriente, siguen escuchándose a SOTTO VOCE.

 

Pie de página – Enfoque crítico: ¡Ojalá cantaran las alondras!, al decir del filósofo Roig, como símbolo de sabiduría y para sacar “del ensueño de la dependencia” a esta sociedad de consumo sin dolientes y maltrecha.

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