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Sociedad civil colombiana entregó a la ONU informe sobre derechos económicos, sociales, culturales y laborales

Agencia de Información Laboral

Foto Organización de Naciones Unidas, ONU

Unas 80 organizaciones y redes de la sociedad civil agrupadas en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, entre ellas varias organizaciones sindicales, presentaron esta semana el Cuarto Informe Alterno ante el Comité del Pacto de los Derechos Económicos, sociales y culturales, CDESC, de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Suiza.

El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue aprobado por la Asamblea general de la ONU el 16 de diciembre de 1966, y Colombia lo ratificó mediante la ley 74 de 1968. Este Pacto insta a los Estados a adoptar medidas de cooperación, económicas y técnicas, para lograr progresivamente todos los derechos contenidos en él. En sus artículos 6, 7, 8 y 9 establecen obligaciones para que los Estados mejoren las condiciones de los trabajadores.

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Y el CDESC es el ente encargado de vigilar el cumplimiento de los compromisos por parte de los Estados, comité que está conformado por 18 miembros, entre ellos Rodrigo Uprimny, el único colombiano.

Cada 5 años los Estados tienen la obligación de presentar al Comité un informe con el avance de las medidas para garantizar en pleno los derechos económicos, sociales y culturales. De la misma manera, las organizaciones sociales y la sociedad civil presentan sus informes alternos.

El informe alterno que la Plataforma Colombiana presentó ante el CDESC esta semana, contiene las cifras que sobre la problemática nacional recopilaron las organizaciones sociales que la integran, y además una serie de recomendaciones para el gobierno colombiano. El anterior informe, el tercero, lo presentó en el año 2010.

Su elaboración contó con el apoyo de agencias de cooperación como Misereor, Federación Luterana Mundial, Fondo Sueco-Noruega de Cooperación (FOS), e International Land Coalition.

Descargar aquí el informe completo

Así se presentó el informe

La Plataforma Colombiana presentó su informe al Comité el día lunes, y en los dos días siguientes el Estado colombiano presentó sus consideraciones y respondió las inquietudes de los integrantes del Comité.

Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien en representación de la Plataforma Colombiana viajó a Suiza a entregar el informe, señaló:

Jomary Ortegón O., presidenta del Colectivo de Abogados JAR

“En la primera sesión se trabajaron temas generales y específicos, como la situación de las y los defensores de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, incluyendo derechos ambientales y el territorio. Los integrantes del Comité se mostraron muy interesados en el tema de las consultas previas y las consultas populares. Querían saber cuáles son los principales obstáculos para la participación de las comunidades en las consultas frente a los proyectos extractivos, o los relacionados con la implementación de planes de desarrollo”.

Asimismo, el Comité manifestó preocupación por la falta de cumplimiento de la ley de víctimas y cómo se les iba a responder con enfoque diferencial. Hizo preguntas sobre el tema de la pobreza en el país, el combate a la corrupción, la reforma tributaria, la relación de los acuerdos de paz con los derechos económicos y sociales. Pero, según Jomary Ortegón, su mayor preocupación fue saber las razones por las cuales Colombia no ratificaba el protocolo facultativo del pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales.

La respuesta de los representantes del Estado colombiano fue bastante evasiva, señaló Ortegón. “Adujeron que estaban haciendo un examen juicioso del Protocolo Facultativo y sus consecuencias económicas, al tiempo que manifestaron reservas frente el artículo 10, el cual permite las denuncias interestatales, es decir, que un estado demande a otro por violación de los derechos económicos, sociales y culturales. A lo que uno de los expertos del Comité señaló que si la única reserva era el artículo 10, bien podría el Estado colombiano ratificar el resto del instrumento”.

Cómo se elaboró el informe

La señora Ortegón explicó que el trabajo para construir el informe alterno que la Plataforma Colombiana presentó ante el Comité, se inició hace dos años y fue liderado por un comité académico que recogió los insumos para elaborarlo.

Por su parte Aura Rodríguez, directora de la Corporación Viva la Ciudadanía en Bogotá, sobre la metodología con la cual se construyó el informe, señaló:

“Es un informe coordinado entre muchas y muy diversas organizaciones en todo el país, que implicó la constitución de equipos de trabajo por derecho y por poblaciones, y seminario con las diversas organizaciones. Da un panorama general de los derechos económicos, sociales y culturales y de condiciones de pobreza y de iniquidad en Colombia”.

En la medida que esos derechos se cumplan para los colombianos se seguirá avanzando en la construcción de una paz efectiva y no se volverá a las causas estructurales del conflicto armado interno, acotó.

El componente laboral del informe

Como se dijo, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas establece obligaciones para que los Estados mejoren las condiciones de vida de los trabajadores.

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En ese sentido el Informe Alterno de la Plataforma Colombiana incluye un capítulo con las afectaciones a los derechos de los trabajadores y el sindicalismo, componente que fue elaborado por la central CTC y la Escuela Nacional Sindical. Presenta cifras sobre la informalidad laboral de los trabajadores colombianos y resalta que el 64% de las relaciones laborales en el país son informales.

De la misma manera presenta cifras sobre la baja institucionalidad laboral, pues el Ministerio de Trabajo apenas cuenta con 828 inspectores de trabajo. Señala que cerca de 300 mil personas se ven afectadas por los contratos sindicales y que en el 2015 se fundaron 51 falsos sindicatos para agenciar este tipo de contratos.

El Informe registra una disminución en el ejercicio del derecho a huelga. Detalla que en el 2010 se registraron 53 huelgas; 36 en 2011; 35 en 2012; 41 en 2013; 25 en 2014; y solo 23 en 2015.

Sobre el trabajo agrario, el Informe menciona que los trabajadores rurales solo percibían un salario promedio de 146 dólares, mientras que, en las ciudades el promedio era de 350 dólares. Resalta que solo el 9.9% de los trabajadores rurales tienen algún tipo de contrato, y 6.7% se beneficia de algún tipo de negociación colectiva.

En cuanto a la violencia antisindical, el Informe cita las cifras del Sistema de Información en Derechos Humanos de la ENS, el cual registra más de 14 mil agresiones desde 1979, entre ellas 3.102 homicidios.

Sobre la cobertura del sistema general de seguridad social en salud, resalta que 37.2 % de la población económicamente activa cotiza al sistema de pensiones, y que solo el 40% de la población tiene seguro de riesgos laborales. Y sobre la accidentalidad laboral en el país, señala que en la última década hubo 523.445 accidentes de trabajo, que causaron 621 muertes.

Recomendaciones

En su parte final, el Informe hace una serie de recomendaciones para que el gobierno nacional las tenga en cuenta y pueda mejorar los indicadores sobre los derechos económicos, políticos y sociales. En total son 43 sugerencias, las principales son:

  • El Estado colombiano debe cumplir los acuerdos derivados del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y per­sistir en la búsqueda de un cese bilateral de hostilidades y una solución política al con­flicto armado con el ELN.
  • Debe desarrollar una política fiscal y tributaria orientada a la re­distribución del ingreso y la reducción de la pobreza.
  • Debe hacer un esfuer­zo sostenido para reducir la brecha entre el campo y la ciudad en materia de indicadores sociales, y adelantar una política orientada a mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo.
  • Es necesario que las instituciones interna­cionales sigan monitoreando el estado del cumplimiento de las recomendaciones laborales le han hecho a Colom­bia.
  • El gobierno debe cumplir el acuerdo de paz sobre la economía rural y en especial sobre trabajo decente, trabajo in­fantil y trabajo de las mujeres en el campo. Para ello debe proponer una política pública y plan de acción que se someta a la delibe­ración pública, concertado con las organi­zaciones rurales. La política pública y el plan de acción deben contar con metas, actores, acciones, tiempos y fuentes de recursos cla­ros y suficientes. Y debe ser monitoreado y evaluado periódicamente.
  • Se debe elimi­nar la violencia antisindical y superar la impunidad a través de la investigación, ju­dicialización y sanción de los responsables, sobre todo intelectuales y beneficiarios de esa violencia. El Estado debe acordar con las organizaciones sindicales, en especial las más victimizadas, un acuerdo nacional de reparación colectiva que incluya medidas le­gales, simbólicas y económicas que fortalez­can al sindicalismo y le garanticen un lugar central en el sistema democrático.
  • El Estado colombiano debe lograr la reali­zación de los derechos laborales y la libertad sindical, fortaleciendo y modernizando el sis­tema de inspección del trabajo, mejorando el acceso a la justicia laboral, modernizando las normas sobre negociación colectiva y huelga.
  • Debe garantizar el acceso de todas las ciudadanas y ciudadanos a la protección social universal.
  • Debe tomar las medidas necesarias para aumentar la cobertura de la población trabajadora beneficiaria de plan de riesgos laborales.
  • Debe tomar medi­das para que la mayoría de la población adulta mayor pueda acceder a una pensión.
  • Debe reducir la bre­cha salarial entre hombres y mujeres, garan­tizando al principio de “trabajo igual, salario igual”.
  • Se recomiende al Estado colombiano generar un clima seguro y propicio para la labor de promoción y protección de los derechos eco­nómicos, sociales y culturales que realizan de­fensores/as y líderes/as sociales, que incluya un reconocimiento de la legitimidad e impor­tancia de su labor.

 

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