Al instante

Sindicalismo apoya propuestas de reforma laboral que el Gobierno presentará al Congreso vía fast track

Agencia de Noticias Laborales

Foto CTC-CUT-CGT

El Gobierno Santos se apresta a presentar tres proyectos legislativos de ajuste a la normatividad laboral del país, en el marco de los acuerdos de paz firmados con las Farc en La Habana, y por la vía del fast track.

El primero regula los pactos colectivos, el segundo estimula las negociación colectiva por rama de actividad económica, y el tercero ajusta la representatividad sindical al interior de las empresas. Es decir, todos tienen que ver con el fortalecimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva.

Los tres proyectos, que cuentan con el respaldo del movimiento sindical, los presentó la Ministra de Trabajo, Clara López, en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, órgano de discusión en el que tienen representación trabajadores, Gobierno y empresarios. Pero estos últimos ya anticiparon su rechazo a los dos primeros proyectos solo apoyan el tercero, según nota del periódico Portafolio esta semana. Ver nota aquí.

Entre los motivos del Ministerio de Trabajo, se menciona la necesidad de que el país avance por la senda del Trabajo Decente, compromiso consignado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en los acuerdos laborales del TLC con Estados Unidos y en los acuerdos de paz firmados con las Farc.

Para el Gobierno, el pactos colectivo, o sea la negociación entre empleadores y representantes de trabajadores no sindicalizados, “atenta contra la negociación colectiva, debilita la conformación de sindicatos, disminuye la capacidad de negociación efectiva de éstos, y constituye una práctica discriminatoria de los trabajadores sindicalizados”.

Los empresarios, por el contrario, cuestionan que estas iniciativas las tramite el Gobierno en el marco de la legislación de paz por vía fast track, ya que esta vía impide un debate amplio. Además, dicen, van en contra de normas constitucionales. A su juicio, el Pacto Colectivo y la Convención Colectiva son formas de negociación legales, lo que podría desencadenar demandas de inconstitucionalidad. Además, consideran que vulnera el derecho de asociación, pues el trabajador tiene derecho a afiliarse o no a un sindicato; e incluso las empresas tienen derecho negociar con sus trabajadores sin necesidad de sindicatos.

Los empresarios también objetan la negociación colectiva por rama de actividad económica, pues impone acuerdos laborales a empresas de todos los tamaños sin tener en cuenta si tienen capacidad para soportar las conquistas logradas por el sindicato de industria. Dicen incluso que puede amenazar la libertad de empresa.

En cambio, sí apoyan la reforma a la representatividad sindical en la negociación colectiva, al disponer que sean las organizaciones sindicales mayoritarias las que conduzcan la negociación. La ven conveniente porque facilita y agiliza las negociaciones colectivas.

Para analizar el tema desde el lado sindical, la Agencia de Información consultó la opinión de varios de sus voceros. Se les preguntó sobre la conveniencia de estas iniciativas para los trabajadores y las organizaciones sindicales, y su opinión sobre la objeción de los empresarios. Son ellos Fabio Arias, Secretario General de la CUT; Miguel Morantes, Presidente de la CTC; Carlos Julio Díaz, Director de la ENS; y Sofía Espinosa, presidenta de la UNEB, sindicato del sector bancario, un sector en el que proliferan los Pacto Colectivo, tanto que el BBVA fue sancionado con multa multimillonaria por el uso ilegal de esta figura.

Fabio Arias. Secretario General de la CUT.


La vieja aspiración de todos los patronos del mundo es que no haya sindicatos. Para ellos el mejor sindicato es el que no existe, y para eso necesitan normas restrictivas como las que hay en el vetusto Código Sustantivo de Trabajo. No puede ser que estemos en un proceso de acuerdos con la insurgencia, y el empresariado siga empeñado en no hacer acuerdos con las organizaciones sindicales y los trabajadores. Sigue anquilosado en el siglo pasado, como si la sociedad no hubiera avanzado.

Ahora el Gobierno presenta unas propuestas que atienden viejos reclamos de los trabajadores, y que además son solicitadas por la OIT, los Departamento de Trabajo de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea y la OCDE. Una y otra vez le han dicho al gobierno colombiano, y a los empresarios, que el derecho de asociación y negociación debe ser respetado, y que la normatividad que lo obstaculiza debe ser removida.

Las propuestas del Ministerio de Trabajo van en ese sentido: prohibición de pactos colectivos en empresas donde haya sindicato, y la negociación colectiva por rama de actividad. Pero los empresarios se oponen, cuando los estados europeos y la mayoría de las naciones de América tienen consagrados esos derechos.

Los pactos son hoy el peor obstáculo a la libertad sindical en Colombia, porque cada vez que se crea un sindicato, de inmediato los patrones montan un pacto colectivo para bloquearlo. Por eso en la inmensa mayoría de las empresas no existen sindicatos, y la tasa de afiliación es una de las más bajas del mundo. Mientras en Europa la tasa es en promedio 40%, y en algunos países de América supera el 25%, en Colombia es de solo el 4%.

Asimismo, hoy las relaciones entre el capital y el trabajo en el mundo se rigen por la negociación por rama, o por grupo económico, o por actividad económica, porque eso genera la posibilidad de que un empresario no maltrate a unos trabadores frente a otros, que éstos tengan el derecho a la igualdad. Colombia está en mora en hacer esa modernización, y la OIT está reclamando en ese sentido. Pero nuestros empresarios también se oponen a eso.

Estamos de acuerdo con que la representación en la negociación colectiva la tengan los sindicaos mayoritarios. Los empresarios también la apoyan, pero con doble moral. Porque de nada sirve la representatividad de los sindicatos mayoritarios si el empresariado mantiene los pactos colectivos, que debilitan los sindicatos y les vuelven minoritarios.

Igualmente respaldamos el trámite de estos proyectos vía fast track, porque en los acuerdos de paz con las Farc hay puntos sobre garantías de participación de las organizaciones sociales, entre ellas los sindicatos y su derecho de asociación.

Miguel Morantes. Presidente de la CTC


Los Pactos Colectivos se usan para impedir que los sindicatos funcionen, por eso deben eliminarse en aquellas empresas donde haya sindicatos, como lo ordena la OIT. Por eso apoyamos el proyecto presentado por la Ministra de Trabajo, y esperamos que se tramite de común acuerdo con los empleadores, que éstos cambien la actitud que tienen sobre el tema.

Apoyamos igualmente la propuesta de afianzar la negociación colectiva por rama, como hoy se hace en todo el mundo. Es una solicitud que toda la vida ha hecho el sindicalismo. ¿Cómo pretende Colombia entrar a la OCDE si no quiere que se tipo de negociación se dé en nuestro país? Es cierto que hay empresas más fuertes que otras dentro de la misma rama, pero se pueden hacer acuerdos marco y negociar aspectos específicos con las empresas de manera individual.

En cuanto a la propuesta de que sean los sindicatos mayoritarios los que negocien, somos los primeros interesados en que eso se haga. Queremos que la negociación esté debidamente organizada. Pero hay que tener prudencia para no entrar en contradicción con una sentencia de la Corte en ese sentido.

El temor es que no haya una decisión clara del Gobierno para concretar estas propuestas, ante las objeciones que han manifestado los empresarios.

Sofía Espinosa. Presidenta de UNEB


En el sector financiero es muy usado el Pacto Colectivo, como en Davivienda, el Banco de Occidente y BBVA. Otros bancos también los tienen, pero los llaman Estatuto de Beneficios, pero en la práctica son lo mismo. Por eso celebramos la propuesta del Gobierno para eliminar los Pactos Colectivos donde haya Convención Colectiva.

Lo que ha ocurrido es que para hacer más atractivo el Pacto los empleadores le incluyen beneficios que no están en la Convención, con el fin de que los trabajadores adhieran al Pacto y no a la Convención. Eso pasó en el BBVA, que en el Pacto reconoce auxilios para estudios de posgrado, que no incluye en la Convención. Entonces los trabajadores sindicalizados tienen que pagar de su bolsillo los posgrados porque en muchos cargos es un requisito para ascender. La UNEB interpuso una querella contra este banco por el uso ilegal del Pacto, y el Ministerio lo sancionó por una suma millonaria. Y en otros bancos también se han librado acciones jurídicas por esa razón.

 

Consideramos como un avance la negociación colectiva por rama, como lo propone la Ministra. Para el sector bancario hemos propuesto un acuerdo marco sectorial, que establezca unos mínimos laborales para todos los trabajadores del sector, manteniendo puntos específicos en cada banco.

Carlos Julio Díaz. Director General ENS
Los comentarios de Fenalco y los abogados laboralistas pro empresariales, consignados en el informe de periódico Portafolio esta semana, expresan una serie de imprecisiones y una mentalidad pre-moderna.

Primero, no es cierto que el sector empresarial haya sido asaltado y no conozca el contenido de las propuestas de la Ministra de Trabajo, puesto que ésta las presentó en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y laborales el 26 de enero.

También es falso que se pretenda acabar con los Pactos Colectivos. La propuesta es que éstos solo se puedan hacer en las empresas donde no haya trabajadores afiliados a una organización sindical. Primero porque es una recomendación de la OIT, y segundo porque los pactos colectivos se utilizan como una estrategia anti-sindical, ya sea para debilitar o acabar sindicatos, o para impedir que los trabajadores se sindicalicen.

En relación con la negociación colectiva por rama de actividad económica, es falso que con la propuesta se “imponen acuerdos laborales a empresas de todos los tamaños sin tener en cuenta si tienen la capacidad de soportar las conquistas que logre el sindicato de industria”, como lo señalan los voceros empresariales. Lo que se quiere es cumplir la recomendación de la OCDE, que plantea que “Colombia podría promover el desarrollo de un sistema de dos niveles de negociación colectiva, en el cual la negociación a nivel de empresa se acompañe con una negociación sectorial sobre condiciones básicas salariales y laborales”.

Se propone entonces una negociación multinivel, donde los sindicatos hagan convenios marco en un sector económico, y dependiendo de las condiciones económicas de cada empresa, se podrían hacer ajustes particulares. La propuesta de la OCDE buscar la lealtad en las estrategias de competitividad a partir de un mínimo de estándares laborales en todas las empresas de un sector económico, y así evitar el dumping social de mano de obra barata.

La propuesta de que la representatividad en la negociación la tenga el sindicato mayoritario, busca detener la alta fragmentación sindical, que, si bien en un principio fue alentada por los empresarios, hoy es un problema de desgaste para ellos, por la proliferación de sindicatos y de negociaciones colectivas. Por eso esta iniciativa sí la respalda el sector empresarial.

La pre-modernidad de los empresarios se evidencia cuando el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, expresa su preocupación por la normativa de los pactos colectivos. Según él, las empresas deberían tener el derecho de ponerse de acuerdo con sus trabajadores sin necesidad de sindicatos. Lo que va en contravía de uno de los supuestos fundamentales de OIT para que exista diálogo social: la existencia de organizaciones sindicales autónomas y fuertes.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookPrint this page