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¿Santos pierde, de nuevo, el control de la reforma?

Por Cecilia Orozco Tascón (El Espectador,Bogotá)

hoyennoticias.com

A PUPITRAZO, COPIA DE UNA DE LAS peores prácticas del capitolio, la sala plena de la Corte Suprema aceptó las renuncias a la magistratura de (¿los últimos?) dos juristas serios, ponderados y decentes de esa corporación: María del Rosario González y Jesús Vall de Ruten.

No es extraño: la posición alegre de la Suprema, a la que no le importó el mensaje equívoco que envía, permitiendo, sin un mínimo esfuerzo, que se vayan los miembros honorables de la corporación cuando aún el país no sale de su asombro con la clase de personaje que llegó a enlodar la Corte Constitucional, va con la postración moral de la cúpula judicial colombiana.

No es simple casualidad que un día antes de que sus colegas les notificaran a González y Vall de Ruten la felicidad que los embarga con su retiro, el procurador lograra el exclusivo trofeo, otorgado por la Comisión Primera del Senado, de un fuero constitucional ¡Como si lo necesitara, él que no tiene juez que lo examine sin que lo invada el miedo! No es casualidad, digo, porque fueron González, Vall de Ruten y Arturo Solarte —el otro digno exmiembro de la Suprema que renunció cuando no pudo soportar el hedor del Palacio de Justicia—, los únicos togados que se opusieron, en 2012, a que Alejandro Ordóñez fuera postulado por esa corte a la reelección en la Procuraduría. Entonces, el argumento de los tres magistrados que hoy están fuera del juego público mientras Ordóñez se adueña, cual pulpo, de todos los poderes, era simple: el alto tribunal estaba impedido para nominarlo, por los puestos que él había repartido entre los mismos que lo estaban proponiendo como su candidato. Ni más ni menos el “yo te elijo, tú me eliges” en otra versión: tú me eliges y reeliges, yo te nombro y te conservo tus familiares en la Procuraduría. Como era de esperarse, el trío minoritario perdió. Ordóñez ganó.

También corría el año 2012 cuando se produjo el escándalo de la fallida reforma a la justicia: 12 conciliadores de Senado y Cámara, que se pusieron de acuerdo para asegurarse beneficios para sí en tortuosas reuniones secretas, ajustaron la reforma a sus intereses y a los de los magistrados de las cortes, muchos de los cuales se encuentran todavía en sus cargos. La cita clave de aquellos congresistas que fueron liberados de consecuencias judiciales por unos consejeros de Estado laxos, tuvo lugar en la residencia del senador Eduardo Enríquez Maya, líder del grupo que terminó concediéndose ventajas inconfesables y concediéndoles a los togados de las cortes la extensión de sus períodos y de su edad de retiro. Todo un paquete de regalos mutuos, pues la Corte Suprema acababa de absolver a Enríquez Maya del delito de tráfico de influencias. Él fue denunciado por señalarle a la Dirección de Estupefacientes a quiénes adjudicarles el manejo de los narcobienes incautados a las mafias, manejo que reportaba enormes ganancias económicas. La Corte dijo —tan cándida ella— que Enríquez sí había incurrido en esa práctica, pero que lo había hecho por “altruismo” y no por interés particular.

A los magistrados que lo exoneraron de culpa no se les pasó por la cabeza preguntar por qué subía, con su actos “altruistas”, su caudal electoral: 38 mil, 42 mil, 51 mil, 60 mil y 67 mil votos sucesivamente. Enríquez Maya fue también el jefe de debate de Ordóñez el lunes pasado en la Comisión Primera del Senado para que se le diera su fuero. Al intocable había que darle más protección. ¿El Gobierno pierde, de nuevo, el control de la reforma a la justicia, otra vez con Enríquez Maya como cabeza de playa de su candidato presidencial Alejandro Ordóñez?

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