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Revivimos nuestra historia

Por Rudolf Hommes, Diario El Tiempo, Bogotá

Imagen begirada.org

La reforma agraria es una política que figura entre las que seguimos en mora de llevar a cabo.

Ahora que se ha revivido el interés sobre el estudio de la historia de Colombia y se ha desatado una polémica sobre la necesidad de que se enseñe en los colegios, vale la pena leer el libro recién publicado de Jorge Orlando Melo (‘Historia mínima de Colombia’, Turner y Colegio de México, 2018). Este libro y el del profesor norteamericano David Bushnell (‘Colombia, una nación a pesar de sí misma’, Planeta, 2016) deberían estar en todas las bibliotecas.

La lectura del libro de Melo me llevó a repasar la historia de la reforma agraria, una política que figura prominentemente entre las que seguimos en mora de llevar a cabo. En esta campaña presidencial ha sido objeto de controversia porque es una de las políticas que Iván Duque definitivamente no quiere emprender, ni la del predial, pero ha sido parte integral de las plataformas de los candidatos que se proponían cumplir con los acuerdos firmados con las Farc, de los cuales solamente Petro sigue en pie solitario.

Una de las propuestas de Petro que ha causado gran revuelo e indignación, sobre todo entre los que se oponen a su candidatura, ha sido la propuesta de elevar el impuesto predial y modernizar el catastro rural, que originalmente había promovido Hernán Echavarría, con el propósito de incentivar la venta de tierra de buena calidad al Estado. El objetivo es revivir la reforma agraria e impulsar la formación de una clase media rural de pequeños y medianos productores independientes.

Esta idea no es original de Gustavo Petro, sino de Carlos Lleras Restrepo. Melo dice en su libro que Lleras “estaba convencido de que el desarrollo moderno debía basarse en reemplazar los grandes propietarios absentistas e ineficientes, que vivían de las rentas de la tierra y no tenían incentivos para mejorar su productividad, por propietarios medianos y pequeños, atentos a la tecnología y abiertos a las señales de mercado”. También logró que el Congreso aprobara una ley que le permitía pagar con bonos la tierra que tendría que comprar y facilitó la adquisición o expropiación de terrenos adecuadamente explotados.

El pago de los predios con bonos del Estado ha sido una de las razones por las cuales tuvo mucha oposición la reforma de Lleras y genera temor e induce la oposición a Petro. Pero se puede pagar en efectivo porque financieramente es equivalente a pagar con bonos si se financia con deuda de largo plazo el pago de contado, a menos que se pretenda que los bonos del Estado paguen intereses inferiores a los de mercado o tengan plazos exageradamente largos, lo que incorporaría un elemento expropiatorio indeseable.

La reforma agraria tiene un valor que supera el ya enorme que proviene del contenido humanitario y retributivo de dar acceso a la tierra a pequeños productores. En un artículo que publiqué el 14 de enero de este año en El Universal y otros diarios con el título de ‘Desarrollo territorial’, destaqué el trabajo de John Mellor, profesor de Cornell, que sostiene que “un impulso significativo de la producción de los campesinos y otros pequeños productores comerciales rurales se traduce en un aumento de la demanda de bienes y servicios no transables a nivel local”, lo cual es muy afortunado porque al tiempo que se dota a los pequeños productores rurales con tierra y otros medios de producción se promueve el crecimiento y el desarrollo territorial y el de toda la economía.

El sueño de Carlos Lleras de crear una clase media campesina y promover la producción de pequeñas y medianas unidades familiares campesinas adquiere un contenido económico adicional que lo hace más posible y ciertamente deseable. Si esta reforma se adecúa a las condiciones de cada territorio o región y se negocia a nivel local podría ser mejor recibida y más provechosa.

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