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Réquiem por la 7.ª

Por Leopoldo Villar Borda, diario El Tiempo, Bogotá

A la carrera séptima de Bogotá no le cabe el caótico proyecto de una troncal de Transmilenio. Foto bogota.gov.co

Todavía estamos a tiempo de evitar el destrozo de la vía más emblemática de la ciudad.

Hace mucho se esfumó el sueño bogotano de convertir la carrera 7.ª en un bulevar digno de mostrar al mundo, como la Quinta Avenida de Nueva York, los Campos Elíseos de París o el Paseo de la Reforma de México. Pero si ninguna de las administraciones nacionales y capitalinas ha sido capaz de realizar ese sueño, tampoco habían intentado, hasta ahora, cerrar para siempre esa aspiración. Todo indica que esto es precisamente lo que va a ocurrir si se cumplen los planes del alcalde Enrique Peñalosa para la arteria que desde hace casi cinco siglos es la columna vertebral de Bogotá.

 Después de la montaña rusa de planes, proyectos y estudios (sobre todo estudios) planteados por las últimas administraciones distritales, que incluyeron la restauración del tranvía, la creación de un tren ligero y la construcción del metro, ahora la ciudad está abocada a la decisión del alcalde Peñalosa de convertir la 7.ª en una troncal de TransMilenio, algo que cualquier bogotano puede advertir como irrealizable a simple vista, sin necesidad de acudir a la opinión de técnicos, expertos o autorizados urbanistas. En la mayor parte de su extensión, el ancho de la vía es insuficiente para dar cabida a la troncal, a no ser que se haga una de dos cosas: demoler centenares de edificios a lo largo de su trayecto –con el costo que esto implicaría y las calamidades que causaría a sus ocupantes actuales–, o cerrarla a la circulación de otros vehículos, incluyendo automóviles, motocicletas y bicicletas.

La solución que se nos ofrece ahora está muy lejos de las que adoptaron otras ciudades y, además, tiene inconvenientes tan serios que podría ser un desastre.

Estas poco halagadoras perspectivas llevaron a un número de bogotanos, la mayoría de ellos residentes en la carrera, a organizar un movimiento que busca frenar la obra tal como está planteada y obtener que su eventual ejecución sea objeto de un proceso de concertación entre las autoridades y la ciudadanía. El movimiento adoptó el eslogan ‘Defendamos la Séptima’, que resume su reclamo y aparece en carteles que adornan las ventanas de muchos edificios a lo largo de la vía. El movimiento se ha declarado públicamente abierto a todos los bogotanos sin distinción de partidos, afiliaciones religiosas o cualquier otro interés, así como ajeno a la campaña que busca la revocatoria del alcalde Peñalosa. Ya puso en marcha una estrategia para oponerse al proyecto por las vías legales, con argumentos que van desde la defensa del derecho constitucional de consulta a la población afectada y el efecto contaminante de los buses con los consiguientes daños al ambiente y la salud hasta las consecuencias urbanísticas y patrimoniales que acarrearía la demolición masiva de edificios.

Para ventilar estos reclamos, el comité organizador de este movimiento ha propuesto que la Alcaldía convoque cabildos abiertos donde los ciudadanos ejerzan su derecho a participar en la toma de las decisiones relacionadas con el tema. No solo se trata de un derecho inherente al sistema democrático y aplicable, por lo tanto, en cualquier país que se precie de vivir en democracia, sino de la facultad de vigilar la gestión pública que la Constitución de 1991 otorga expresamente a los colombianos para casos como este.

Como aquí todo nos llega tarde y se hace a medias, se dejó pasar durante décadas la oportunidad de construir un verdadero metro en Bogotá –como lo hicieron Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo, Santiago de Chile, Lima, Caracas, Quito, Santo Domingo y Panamá, además de otras diez ciudades brasileñas, otras dos mexicanas, otras dos argentinas, otras dos chilenas, otras dos venezolanas, otra peruana y, por supuesto, Medellín–. La solución que se nos ofrece ahora está muy lejos de las que adoptaron esas ciudades y, además, tiene inconvenientes tan serios que podría ser un desastre. Por fortuna para Bogotá, al amparo de la Constitución todavía es tiempo de impedirlo.

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