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Registraduría Nacional y pensionados denuncian falsas noticias a través de redes sociales

Registraduría General del Estado Civil denuncia manipulación informativa. Foto eluniversal.com.co

En Colombia también crece el uso de las redes sociales para propalar falsas informaciones y, en este caso en particular, para engañar y generar confusión entre las organizaciones de pensionados a raíz de los recientes debates legislativos para la aprobación de la reforma tributaria y el  supuesto respaldo de éstos -los pensionados- a un proceso para revocar el mandato del presidente Juan Manuel Santos.

Alejandro López Ortíz, quien lidera organizaciones nacionales para la defensa de los adultos mayores, denunció ante las autoridades la manipulación de las noticias relacionadas con la reforma tributaria y del movimiento revocatorio.

En respuesta a las denuncias de López Ortíz, la Registraduría General del Estado Civil, reconoció la manipulación informativa por parte de los organizadores del movimiento “Por un País Mejor”  para su propuesta revocatoria del presidente Santos.

La denuncia de López Ortíz ante la Registraduría  es la siguiente:

Respetuoso y atento saludo.

El suscrito se ha referido, en reiteradas oportunidades por este medio, sobre las informaciones falsas o incorrectas o sesgadas, que se reenvían a las direcciones electrónicas de nuestros contactos o utilizando el denominado “copie y pegue” en las informaciones que se reciben vía WhatsApp o a través de otros medios de comunicación utilizados por las Redes Sociales, sin evaluar o analizar previamente el origen de la fuente (emisor) y su confiabilidad o precisión en la información.

Lo anterior lo he manifestado tomando como ejemplo lo sucedido con informaciones FALSAS que circularon en las redes sociales respecto a una posible aplicación del 7% o del 11% de Refuente a las pensiones, que aún hoy en día continúan circulando pero aduciendo esta vez su inclusión en una posible reforma pensional; e igualmente sobre la aplicación de gravamen o impuesto a las pensiones en el Proyecto de Ley de la Reforma Tributaria hoy Ley 1819 del 29-Dic-2016; informaciones que fueron desvirtuadas a través de diferentes comunicaciones recibidas de las autoridades competentes del Gobierno Nacional y del Congreso, y que fueron reenviadas reiterativamente a cada uno de Ustedes por este medio.

Estas informaciones incorrectas, pueden llegar a fisurar sin darnos cuenta la Unidad por la Dignidad del Pensionado y el Adulto Mayor y nos desvía de nuestro objetivo principal como es lograr la VOLUNTAD SOCIAL-POLITICA del GOBIERNO NACIONAL (Presidente de la República, Minhacienda, Mintrabajo, Minsalud y Protección Social) y la PLENARIA del SENADO para que el Proyecto de Ley 170/2016-Senado sobre la modificación del aporte salud del 12% al 4% a los pensionados, que según su texto actual beneficia únicamente a los pensionados que tengan una mesada igual o inferior a 4 SMMLV , sea Ley de la República pero incluyendo a todos los pensionados o ampliando al máximo posible el tope en SMMLV de los pensionados beneficiados o escalonando la modificación del aporte salud a TODOS los pensionados; en igual sentido el Proyecto de Ley 010/2016-Senado acumulado al 013/2016-Senado por el cual se establece el incremento anual de la pensiones en el porcentaje de incremento del SMMLV, así como otros temas importantes y prioritarios que tienen directa relación con la UNIDAD Y LA DIGNIDAD DEL PENSIONADO Y EL ADULTO MAYOR.

Pero igualmente se están dando informaciones incorrectas o sesgadas por las Redes Sociales, en temas de importancia nacional, que considero igualmente deben verificarse previamente en su fuente, confiabilidad y precisión, porque estas sí que pueden causar igualmente confusión en los ciudadanos incluyendo a los pensionados, y por tanto igualmente coadyuvar a fisurar la UNIDAD POR LA DIGNIDAD DEL PENSIONADO Y EL ADULTO MAYOR.

Un ejemplo de ello fue el tema del correo adjunto que recibí, cuya información consideré no era correcta, causando confusión entre los ciudadanos, se compartiera o no el objetivo de la misma.

Por ello acudí a la fuente, recibiendo la respuesta por parte de la autoridad competente (Registraduría Nacional del Estado Civil), la cual me permito compartir.

Considero que la información falsa o sesgada o incorrecta, coadyuva de una u otra forma igualmente a LA CORRUPCION.

Nota: Ver al final de este correo los archivos adjuntos.
Atentamente,

Alejandro López Ortiz

La respuesta de la Registraduría reconoció que el comité  “Por un País Mejor” y su vocera Gladys Sánchez Cristo, están tergiversando la información sobre los mecanismos de participación ciudadana y de la labor de esa entidad oficial  frente a esas iniciativas:

Respetado

ALEJANDRO LÓPEZ ORTIZ

Cordial Saludo:

El 2 de enero de esta anualidad envió correo electrónico a la Presidencia de la República indagando sobre la veracidad de una información relativa a un mecanismo de participación ciudadana inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil a finales del pasado diciembre. La duda surge, por lo que se puede deducir de los anexos remitidos por la Presidencia de la República, de lo que parece ser un artículo periodístico cuyo título sugestivo (En Colombia Sí se Puede Revocar al Presidente, Registraduría Aprobó Recolección De Firmas Para Referendo Revocatoria de Santos”) y contenido en general confunde a la ciudadanía al brindar información tergiversada sobre los mecanismos de participación ciudadana, en especial sobre el reconocimiento del Comité Promotor “Por un País Mejor”, y adicionalmente sobre la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a las iniciativas ciudadanas consagradas en la Ley 1757 del 2015. Para dar absoluta claridad se analizará dicho documento precisando la realidad de sus afirmaciones.

Es cierto que la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la Resolución No. 13324 del 20 de Diciembre de 2016 mediante la cual se declaró que la iniciativa de un Referendo Constitucional Aprobatorio denominada “Por un País Mejor” cumplía con todos los requisitos de la Ley 1757 de 2015, y por tanto, se reconocía como vocera a la señora GLADYS SANCHEZ CRISTO. Efectivamente, y en cumplimento de la nueva ley de mecanismos de participación ciudadana se dio entrega del formulario de recolección de apoyos para esta iniciativa registrada desde este momento con el número de radicado 201-602-004.

Ahora, es una imprecisión notable que con este acto administrativo la Registraduría Nacional del Estado Civil de vía libre para surtir algún trámite o actuación administrativa o proceso electoral para que se revoque al Presidente de la Republica. Para empezar, la misma Resolución precisa que la iniciativa tiene como fin llevar a cabo un Referendo Constitucional Aprobatorio. Esta característica está lejos de ser un detalle menor pues de acuerdo con la naturaleza de este mecanismo de participación ciudadana, los referendos versan sobre la aprobación, derogación o modificación de una norma jurídica y no sobre el inicio de un proceso revocatorio.

Si bien es cierto que la etapa inicial de los mecanismos de participación ciudadana (exceptuando las particularidades del Cabildo Abierto) es general para todos estos, o en otras palabras, que la inscripción del Comité Promotor y la recolección de apoyos surte el mismo trámite ante la Registraduría, los fines teóricos y prácticos de las dos clases de iniciativas son diametralmente diferentes. Esta premisa conceptual y pragmática es vital para comprender la desinformación en que incurre el documento. Como ya se aclaró, la finalidad de un referendo es someter a decisión del pueblo la vigencia de una norma jurídica, mientras que la revocatoria del mandato tiene como fin poner a juicio de la ciudadanía la continuidad en el cargo de un Alcalde o Gobernador. Por tanto, la consecuencia de que la iniciativa sea la de un Referendo no puede conllevar a la convocatoria de una jornada de votación que decida sobre una revocatoria del mandato, muchísimo menos del Presidente de la República.

Para el caso en concreto, hay que resaltar que en calidad de ciudadana la señora GLADYS SANCHEZ CASTRO, a través del diligenciamiento del formulario elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y entrega de los anexos que exige la ley para estos casos, solicitó a la entidad el reconocimiento de constituirse como promotora y vocera de un Referendo Constitucional. Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos formales que consagra la Ley 1757 del 2015 para iniciar la etapa de recolección de apoyos ciudadanos y en tal entendido, fue objeto de la debida actuación administrativa por parte de esta entidad. Lo anterior no quiere decir que efectivamente vaya a llevarse a cabo el mecanismo de participación (en este caso un Referendo y no una Revocatoria del mandato) como tampoco que la propuesta haya sido evaluada sustancialmente por la Registraduría (cuestión que no es de su competencia); para tales cometidos, el régimen jurídico contempla diferentes etapas a cumplir por las iniciativas ciudadanas: primero, la recolección de un número de apoyos ciudadanos; posteriormente, la expedición de una ley de referendo; y adicionalmente, por tratarse de una disposición constitucional, la revisión de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional. La mera mención de estas etapas basta para entender que el proyecto de articulado que hasta el momento solo busca el apoyo ciudadano debe sobrepasar las diferentes instancias ciudadanas e institucionales, formal y materialmente, para poder llevarse a cabo. No sobra resaltar entonces que la Resolución No. 13324 del 20 de Diciembre de 2016 tan solo recohoce el cumplimiento de las formas requeridas de una solicitud de una ciudadana para iniciar un trámite de un mecanismo de participación ciudadana pero NO es la aprobación para realizar el Referendo y muchísimo menos para que sea inicie una revocatoria del mandato al Presidente de la República, cuestión que a todas luces va en contravía de la Constitución Política.

 Por otro lado, el artículo pretende dar la autoría a la Registraduría Delegada en lo Electoral de una interpretación jurídica que avalaría la posibilidad para que la revocatoria del mandato recaiga sobre el Presidente de la República. Esta cuestión, dejando de un lado las delicadas consecuencias de endilgar a la entidad esta mentirosa información, es una afirmación que nada tiene que ver con ninguno de las actuaciones administrativas que ha proferido el Registrador Delgado en lo Electoral. Es obligación de esta entidad otorgar a la ciudadanía información que se ajuste a la ley, en este entendido se precisa que el ordenamiento jurídico colombiano no concibe la utilización de la Revocatoria del Mandato para el Presidente de la República, así lo determina las Carta Política, las leyes 131 y 134 de 1994, 1757 del 2015 y lo reitera la Corte Constitucional en cada uno de los análisis de exequibilidad de estas normas.

A partir de esta premisa constitucional, que no sobra decir que la Registraduría tiene absoluta claridad, es posible afirmar con vehemencia que la interpretación jurídica tendiente a que por la vía de la analogía se aplique la revocatoria del mandato de Alcaldes y Gobernadores al Presidente de la República es una alternativa ideada y sostenida por el autor del documento en cuestión y no es una posición que adopte la Registraduría Nacional del Estado Civil. Dicha alternativa de la aplicación anagógica tendrá que ser revisada, discutida y eventualmente aprobada o reprobada por autoridades que dentro de su competencia avoquen su estudio de acuerdo a la ley de mecanismos de participación ciudadana.

Así mismo, quisiéramos, como entidad, aprovechar la oportunidad, para hacer énfasis en que todos los asuntos sobre el proceso que surten los mecanismos de la participación están contemplados en la leyes 134 de 1995 y 1757 de 2015 y en este entendido la Registraduría Nacional del Estado Civil actúa y opera bajo el principio de legalidad. Como consecuencia, las afirmaciones o interpretaciones jurídicas de cualquier artículo o documento ajeno a los que oficialmente expida la entidad son responsabilidad de sus autores, y por ningún motivo comprometen a la entidad.

Firma Carlos Antonio Coronel Hernandez

Registrador Delegado
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