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¿Qué piensan los políticos en Washington sobre la paz en Colombia?

Por Adam Isacson* (razonpublica.com)

Presidente Juan Manuel Santos, junto al presidente estadounidense Barack Obama.

Aunque la mayoría de los políticos estadounidenses cree que la ayuda a Colombia debe mantenerse, hay varios temas en la negociación con las FARC que también en Washington despiertan dudas y, en algunos respectos, una fuerte oposición.

Consenso por Colombia
La ayuda a Colombia no es un tema que produzca grandes desacuerdos entre los partidos en Washington.

Por un lado, el Partido Demócrata casi siempre ha apoyado los aumentos del presupuesto de programas de ayuda al exterior, especialmente de los que buscan fortalecer el desarrollo. Por otro lado el Partido Republicano es más escéptico sobre estos programas, pero ha hecho varias excepciones en el caso de Colombia por ser un gran “aliado” cuyo presidente y embajador son muy amigos de Estados Unidos y del mercado libre.

Entonces, sin importar quién gane las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, o si el Partido Republicano mantiene o pierde su mayoría en ambas Cámaras del Congreso, el impacto sobre el paquete de ayuda llamado Paz Colombia sería mínimo (aunque hay que decir que los 450 millones de dólares de Paz Colombia son mucho menos que los 700 millones de hace 10 años, durante el auge del Plan Colombia y de la Seguridad Democrática).

Es cierto que si Donald Trump gana las elecciones es probable que ejerza una política exterior aislacionista, buscando recortar los programas de ayuda al mundo. Sin embargo, aun en ese caso es difícil imaginar a un Congreso que haga recortes importantes de ayuda para Colombia durante los primeros años del posible posconflicto. Este año ya se han visto varias evidencias al respecto. Por ejemplo ambas Cámaras, bajo control republicano, aprobaron el presupuesto de ayuda para 2017 siguiendo completamente la directriz del presidente Obama.

El Senado aprobó los 450 millones de dólares para Paz Colombia exactamente como lo propuso la Casa Blanca, y la Cámara —aunque tiene una mayoría republicana más grande y más derechista— aprobó lo solicitado más aproximadamente 85 millones adicionales si Colombia alcanza un acuerdo de paz (y aunque los resultados del plebiscito ponen en entredicho el acuerdo que ya se había firmado, es posible que las partes lleguen sin demasiada tardanza a una versión ajustada).

Las críticas de Uribe han convencido a un número reducido de congresistas.
En todo caso la aprobación de Paz Colombia quiere decir que en el Partido Republicano se ha impuesto el mensaje del presidente Juan Manuel Santos y del embajador Juan Carlos Pinzón con mucha más fuerza que el de Álvaro Uribe. Ciertamente, las críticas de Uribe han convencido a un número reducido de congresistas, principalmente a los legisladores de origen cubano-americano del sur de la Florida, para quienes el pecado original del proceso de paz fue haber elegido a La Habana como sede. Pero hasta el senador Marco Rubio, un miembro importante de esa comunidad y presidente de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental, expresó su apoyo —aunque cauteloso y con reservas— al acuerdo de paz que había sido anunciado.

Sin embargo, no todo es armonía entre los dos partidos: sigue habiendo importantes desacuerdos y puntos de vista distintos sobre la política hacia Colombia en el (hoy por hoy, eventual) posconflicto, entre ellos los siguientes.

-La coca y la fumigación:
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Patrick Leahy, miembro del Partido Demócrata y senador Estadounidense.
Foto: Facebook Álvaro Uribe

 

Últimamente en Washington, cuando uno habla de Colombia con funcionarios y personal del Congreso, la conversación muchas veces se orienta hacia la preocupación por el aumento de los cultivos de coca en el país.

Aunque las causas de este fenómeno son complejas, es frecuente escuchar, especialmente de boca de legisladores republicanos y de funcionarios con responsabilidades antidrogas, que la crisis de la coca se debe a la suspensión de las aspersiones aéreas, o a que las recientes reducciones de la erradicación forzosa son una especie de concesión a las FARC.

Del lado demócrata también se percibe una preocupación por el repunte de la coca, pero hay menos disposición de presionar al gobierno de Colombia para reiniciar las fumigaciones. En el gobierno de Obama y entre el personal demócrata del Congreso se oye con mucha frecuencia que “confiamos en Colombia”. Entre este sector se defiende la postura de dejarle al gobierno sacar adelante la estrategia prevista en el acuerdo sobre Solución al Problema de los Cultivos Ilícitos. Hay paciencia, aunque esta no es infinita.

Sin embargo, en ambos lados he percibido frustración por la lentitud en la implementación de esta nueva estrategia, y por el hecho de que en este momento Colombia no está adelantando una buena estrategia para reducir los cultivos ilícitos.

-Presencia estatal, y ayuda militar y económica
Ambos partidos en Washington creen que la gran prioridad política en el posconflicto debe ser ayudarle a Colombia a consolidar la presencia del Estado en las muchas regiones históricamente abandonadas o bajo influencia de las FARC. De hecho, ambos lados generalmente reconocen que esa —más que fumigar— es la verdadera solución al problema de la coca. Pero no hay acuerdo sobre cómo ayudarle a Colombia a llenar los “vacíos de gobernabilidad”

Del lado republicano hay poco interés en meterse en una larga y costosa misión de nation-building (construcción de país), aunque muestren una inclinación más evidente hacia el favorecimiento del componente militar y antiterrorista del esfuerzo. Del lado demócrata hay más interés en apoyar los planes colombianos de “paz territorial” y, hasta cierto punto, un deseo de acompañar los procesos de la sociedad civil.

Pero ninguno de los dos lados esconde sus dudas sobre la capacidad de implementación del Estado colombiano y sobre su voluntad política para seguir mejorando la gobernabilidad después de 2018.

-Las extradiciones
El lado republicano ha presentado algunas quejas por la imposibilidad de extraditar a los aproximadamente 60 miembros de las FARC pedidos por cortes y fiscales de Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico, secuestro y homicidio de ciudadanos estadounidenses.

Hasta el momento, esas quejas no han tomado la forma de una legislación (por ejemplo, recortes o suspensiones de ayuda), algo a lo cual se opone el gobierno de Obama. Pero si en el futuro aparecen evidencias de que ex miembros de las FARC solicitados en extradición han vuelto a participar en el narcotráfico, la presión sobre Colombia para enviarlos al norte será muy fuerte. Además, seguirá siendo difícil para estos exguerrilleros viajar a los países del mundo que colaboran con Washington en el tema de la extradición.

-La “impunidad”
En ambos partidos hay legisladores influyentes que han expresado reservas sobre los castigos que dará la nueva Jurisdicción Especial para la Paz acordada entre el gobierno y las FARC. “El problema es que no conocemos los detalles” dijo el senador Patrick Leahy (demócrata de Vermont y jefe de la Subcomisión que maneja la ayuda al exterior). “Las FARC parecen creer que la restricción de la libertad equivale a estar restringidos a un área muy grande. Y eso no sería aceptable”.

Ninguno de los dos lados esconde sus dudas sobre la capacidad de implementación del Estado colombiano.
Hasta el momento, solo una minoría en Washington usa la palabra “impunidad” para describir el arreglo de “restricción efectiva de libertad” acordado en La Habana. Pero es evidente que si esta cláusula se aplica con demasiada “suavidad”, saldrán muchas más críticas de ambos partidos.

-Los derechos humanos

120423-D-TT977-557Secretary of Defense Leon E. Panetta, Colombian Minister of Defense Juan Carlos Pinzon Bueno, and U.S. Ambassador to Colombia Michael McKinley arrive in Tolemaida, Colombia, April 23, 2012, to observe Colombian special forces demonstrate their abilities and skills.  Panetta is on a five-day trip to the region to meet with counterparts and military officials in Brazil, Colombia and Chile to discuss an expansion of defense and security cooperation.  DoD photo by Petty Officer 1st Class Chad J. McNeeley, U.S. Navy.

Juan Carlos Pinzón embajador de Colombia en Estados Unidos. Foto: Wikimedia Commons

Además de la preocupación por la “impunidad” en el caso de las FARC, el Partido Demócrata ha abogado con fuerza por congelar una porción (aproximadamente 7 millones de dólares) de la ayuda militar hasta que el Departamento de Estado pueda certificar que las Fuerzas Armadas colombianas están mejorando su atención a los derechos humanos y están colaborando con las investigaciones y juicios de los autores de abusos graves. Esta condición probablemente aparecerá de nuevo en la Ley de ayuda de 2017, gracias a los esfuerzos del senador Leahy.

-La influencia del castro-chavismo
Cuando se oye hablar a los partidos sobre América, parece a veces que estuvieran hablando de otro planeta. Ambos expresan preocupaciones por el crimen organizado y la violencia. Pero mientras los demócratas tienden a hablar de la exclusión social, la corrupción y el medio ambiente, el discurso republicano vuelve con frecuencia sobre dos tipos de amenazas: los regímenes de izquierda que han debilitado la democracia, y la influencia de adversarios internacionales, principalmente Rusia, China, Irán, y Hezbolá o ISIS.

En algunos círculos republicanos, esta última amenaza puede verse amplificada por la retórica uribista, según la cual con la firma de la paz Colombia se verá sumergida en una ola de “castro-chavismo”. Es poco probable que en Washington este tipo de discurso tenga eco más allá de los sectores más extremistas. Pero en este año electoral ya hemos oído bastantes muestras de lenguaje extremo e insensato sobre un sinnúmero de temas.

Y si gana Trump (aunque las encuestas por el momento digan que no) todo podría pasar.

*Oficial principal para veeduría de defensa de la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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