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Que no nos maten

Por Guillermo Zuluaga, Diario El Espectador, Bogotá

Imagen El Espectador

“¡Diles que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Que lo hagan por caridad”.  Juan Rulfo

Los nombres de Gilberto Valencia, José Solano,  Wílmer Miranda, Wilson Pérez, Maritza Quiroz, Jesús Perafán, Miguel Gutiérrez, Faiber  Manquillo…  son nombres que ya solo hacen parte de una lista.  Fueron los primeros  de este año  y, antes de ser solo cifras, eran personas que comían, que soñaban, que reían, que sufrían, que amaban. Pero ante todo era gente que soñaba con un mejor futuro para los suyos  y también para ese pequeño pedazo de patria que era su barrio, su vereda, su corregimiento. Ese pequeño  espacio azul sobre sus cabezas y ese pintado de verde, de ocre, de amarillo que pisaban. Eran lo que desde hace unos años se ha ido categorizando como “líderes sociales”.

Los  llaman así y la denominación tiene algo de redundante: si tienen liderazgo es porque sobresalen o quieren sobresalir entre una sociedad que les duele. Pero así  se empieza a categorizar a unas personas que, vivos, quizá a muy pocos les interesó su presencia, y que ya no están por haber “cometido el crimen” de  apostarle a la defensa de los DD.HH.; a la  sustitución de cultivos ilícitos; por ser reclamantes de tierras en regiones donde muchos de ellos o sus cercanos fueron despojados de ellas. O simplemente por estar  están en zonas de disputa para narcotráfico o minería ilegal. Ese “pecado” de estar ahí, de estorbarle a alguien, lo han pagado con su vida.
Entonces ahora,  quizá, silenciados muchos fusiles –al menos los que más ruido hacían—  empiezan a emerger de esas zonas olvidadas por el Estado esos nombres que  a nadie importaron antes de que fueran amenazados o ya muertos. Pero siempre estuvieron. Son personas de  esas comunidades más olvidadas  que desde siempre han querido sacar adelante un proyecto de electrificación para sus veredas, un acueducto,  una canchita de fútbol, un proyecto productivo para un pequeño núcleo de gente; la mayoría de muertos han estado en regiones periféricas y olvidadas: “tierras del olvido” donde las armas ilegales de todos los bandos y con diferentes patrocinios se enquistaron y a la fuerza reemplazaron o fueron un Estado.

Las  cifras, las frías cifras, dicen que alrededor de 164 de ellos  murieron en 2018 y más de 400 desde  la firma del Acuerdo de Paz con las desmovilizadas guerrillas de las Farc. En solo este año ya van 13. Esta cifra dura, estigmatizadora, servirá como base para sostener los anaqueles  de la memoria de nuestra tragedia y  para ponerlo como ejemplo mundial de nuestra incapacidad como sociedad; de pronto,  para una pequeña indemnización del Estado que no los protegió. Ni este ni el anterior.

Hay una lucha ahora entre el gobierno actual y el anterior. Argumentan que en Colombia no hay estadísticas exactas ni estudios serios, ni siquiera una delimitación exacta de quiénes son y qué representan estos personajes. Y en efecto no hay claridad.  Y entonces andan en los medios y en las redes en una lucha semántica pero que en el fondo es política.  Solo la Fiscalía del muy cuestionado Néstor Humberto Martínez, quizá para menguar un poco el desprestigio de sus líos y trapisondas, salió a reconocer que sí hay una sistematicidad en las muertes de nuestros líderes; que no son hechos aislados. Es un pequeño avance pues al menos se ha ido entendiendo que no es un “lío de faldas” como se atrevió a decir el anterior ministro de Defensa.  Pero la realidad es que mientras en los micrófonos de las grandes capitales los burócratas de ahora y los de ayer se ponen de acuerdo –o en desacuerdo—: a nuestros campesinos, presidentes de juntas de acción comunal o personas con alguna representación frente a algo que moleste a los dueños de las armas (que también son los dueños de capitales) siguen matándolos.

La muerte de estos campesinos no es responsabilidad solo de los gobiernos de turno. También lo es de los grandes medios de comunicación que no visibilizan más y convocan más frente a esta tragedia; de las redes sociales desde donde se estigmatiza, e incluso se revictimiza a los líderes, cuando son amenazados o muertos; o simplemente desde nuestra indiferencia pues casi siempre están —estuvieron— en regiones que solo sabemos que hacen parte de este país a la hora de nuestras tragedias naturales o por el conflicto armado. Porque hay otro país que no nos duele y  tan pronto deja de ser titular de algún noticiero, lo olvidamos y seguimos con nuestra vida tranquila pendientes de likes y de “tendencias”   o de visitas a centros comerciales o a playas blancas donde  “la sal nos cure el alma”.

Hace poco un dirigente antioqueño decía que había que construir nuevos liderazgos, especialmente  en los zonas rurales, pues ya en las J.A.C. la gente es muy mayor. Estoy de acuerdo, hay que comenzar a tratar de vincular gente nueva a las organizaciones comunitarias pues son un pequeño eslabón en la red que compone el Estado. Pero por esa apatía  de los jóvenes en comunidades rurales y marginadas, donde su sueño es irse o enrolarse en un grupo que garantice algo, será muy difícil convocarlos mientras vean que a ese vecino o vecina que intenta construir algo para su comunidad lo matan o lo amenazan, mientras el Estado no hace lo suficiente para protegerlo. El futuro de Colombia está en el campo: con la comida, la biodiversidad y los atractivos naturales: pero el Estado tiene que comenzar –volver a comenzar— por cumplir algo tan simple y a la vez tan grande: garantizar la vida a los habitantes de este país. Y en especial a sus líderes comunitarios,  pues son ellos los primeros aliados para reconstruir este tejido colectivo que requerimos como Nación.

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