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¿Qué hacer con la justicia? Una mirada integral y sosegada

Por Jorge Iván Cuervo R.* (razonpublica.com)

Los escándalos y enredos que hoy ventilan los medios son apenas una cara de las crisis que atraviesa la justicia y que en efecto requieren soluciones separadas. Peor todavía: algunos de los remedios más populares podrían socavar el Estado de derecho.

Las varias crisis

Hay una percepción generalizada de crisis en la justicia y la sensación de que todas las vías para reformarla fracasaron. Por esa razón diversos sectores políticos sugieren una asamblea constituyente para que las reformas las imponga el pueblo soberano y así evitar los bloqueos de los políticos o los controles del sistema judicial.

Esta percepción de crisis ha empeorado por las graves fallas éticas de algunos miembros de las altas cortes que llevan a pensar que todo el sistema colapsó. Este panorama nos deja en una situación de desesperanza que abre paso a propuestas coyunturales que pueden afectar la necesaria autonomía del poder judicial dentro de un sistema democrático.

La primera pregunta que debe hacerse en un nuevo proceso de reforma es cuál es la causa de los problemas de la administración de justicia. Estos problemas son consecuencia de:

  • El diseño institucional;
  • La manera como el Consejo Superior de la Judicatura ha definido las políticas judiciales, y
  • Fallas del recurso humano (jueces, magistrados, empleados judiciales), que ha sido incapaz de consolidar un sistema de justicia eficaz y oportuno que salvaguarde los derechos de los ciudadanos y corrija las deficiencias del sistema político.

Así que para entender mejor el problema y las posibles soluciones es necesario hablar de varias crisis de la justicia. Estas son crisis distintas y por lo tanto ameritan soluciones o medidas muy distintas.

Unas de ellas necesitan de reforma constitucional, para otras son necesarias reformas de ley estatutaria dentro del Plan Decenal de Justicia y hay otras que pueden resolverse mediante  leyes ordinarias. Finalmente, también están las que exigen políticas de Estado y las que pueden resolverse con una buena gerencia de la rama Judicial.

Las necesarias reformas constitucionales

Sala magistrados de la Corte Constitucional.
Sala magistrados de la Corte Constitucional.
Foto: Corte Suprema de Justicia

Los temas más gruesos, los que acaparan titulares y alimentan la indignación ciudadana, son los que exigen reforma constitucional:

  1. Número de cortes;
  2. Elección de los magistrados;
  3. Responsabilidad penal, disciplinaria y funciones electorales, y
  4. Articulación con el órgano de gobierno de la rama judicial.

Una de las tragedias de las reformas a la justicia en Colombia es que se hacen sin información. No hay estudios, ni investigación, ni un enfoque de política pública que permita plantear distintas hipótesis, hacer análisis de costo-beneficio, dialogar con quienes hacen parte del sistema de justicia, proyectar cambios institucionales, costos financieros, etc.

Los temas más gruesos, los que acaparan titulares y alimentan la indignación ciudadana, son los que exigen reforma constitucional.

Estas previsiones, normales en cualquier sector, son remplazadas en el sistema de justicia por la ideología o la intuición.

1. Número de cortes

Con respecto al número de cortes se dice que cuatro son muchas sin justificar esa afirmación y sin tener en cuenta que dos de ellas ya existían desde la Constitución de 1886. Las nuevas son la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, que fue un error diseñarlo como una Corte.

En ese sentido, la idea del Consejo de Gobierno Judicial de crear un órgano de gobierno donde no solo hubiera representantes de las altas cortes era adecuada, pero se quedó corta al no proponer representantes de fuera de la rama Judicial para que el diseño de políticas fuera un asunto de Estado y hubiera consenso con sectores de la sociedad civil.

Convencer a los representantes de la rama Judicial de que en el diseño de las políticas judiciales deben participar otros sectores es un punto de honor sobre el cual difícilmente van a ceder, pero lo que sí amerita un debate es el número de integrantes de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, así como el rol de este tribunal.

Ambas cortes podrían tener menos magistrados –con un período de transición, por supuesto–, y el Consejo de Estado debería ser una especie de corte de casación en materia contencioso-administrativa y perder sus funciones como corte electoral y como sancionador de congresistas.

La Corte Constitucional debe seguir con el mismo número de integrantes, aunque se justificaría hacer cambios en la elección de los magistrados, edad de ingreso y tiempo de permanencia.

2. Elección de magistrados

En la elección de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado hay que superar la cooptación tradicional. En la actualidad estos magistrados salen de listas hechas por la Sala Administrativa a partir de las cuales se realiza la elección en Sala Plena. Es necesario que haya más meritocracia en esa elección: concurso público, requisitos más exigentes, escrutinio público a las hojas de vida y trayectoria.

En cuanto a los magistrados de la Corte Constitucional, la selección de ternas debe estar acompañada de mejores mecanismos de veeduría ciudadana y se debe permitir que las facultades de derecho realicen concursos internos para crear listas que sirvan de base para escoger a los integrantes de las ternas.

3. Responsabilidad penal y funciones electorales

En relación con la responsabilidad penal y disciplinaria de los magistrados es urgente retomar la propuesta del tribunal de aforados al cual han de estar sujetos:

  • El fiscal;
  • El procurador;
  • El contralor;
  • El auditor;
  • El defensor del Pueblo;
  • El registrador nacional del Estado Civil;
  • Los miembros del Consejo Nacional Electoral, y
  • Los miembros de la Justicia Especial para la Paz.

El presidente de la República debe ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, con antejuicio político en el Senado, y los ministros por la Sala Penal de la Corte Suprema, igual que los congresistas. Debe desaparecer la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Cuando haya que investigar al presidente debe integrarse una comisión accidental.

Con respecto a las funciones electorales de las altas cortes –participación en integración de ternas y elección de funcionarios– pueden hacerse algunos cambios. La elección del fiscal con terna del presidente y elección a cargo de la Corte Suprema debe continuar tal como está, pero estas instituciones no deben participar de ninguna manera en la elección de procurador, contralor o auditor. Estos procedimientos deben quedar a cargo del Congreso  con concursos públicos previos de donde debe salir la lista de elegibles.

4. Administración de la rama Judicial

Las cortes han decidido ignorar las orientaciones de los planes de desarrollo de la rama judicial, de modo que están prestando un servicio sin objetivos y metas sistemáticamente definidos.

Además se necesita que las cortes y la Fiscalía coordinen sus funciones en el marco de unas políticas judiciales claras, que podrían ser las del Plan Decenal de Justicia. Temas como la congestión judicial, la morosidad en los términos procesales y el acceso a la justicia, entre otros, deben resolverse de manera concertada. El trabajo por separado de fiscales y jueces no tiene ningún sentido si no se inscribe dentro de unos objetivos estratégicos.

A esto se suma la necesidad de articular la justicia formal con las jurisdicciones especiales (de paz, indígena, penal militar) y de reforzar las jurisdicciones de pequeñas causas y la justicia rural, un recurso fundamental en el posconflicto.

Leyes, gestión y ética

Jueces colombianos.
Jueces colombianos.
Foto: Rama Judicial

Quedan por analizar otros temas que tendrían que resolverse mediante reformas de ley estatutaria u ordinaria, políticas judiciales o gestión del órgano de gobierno de la rama judicial. Estos temas son la otra cara de la crisis de la justicia. No tienen despliegue mediático, pero afectan cada día el acceso a la justicia de los ciudadanos. Para resolverlos se necesita una mirada de la justicia que vaya más allá de la rama Judicial y considere otros mecanismos de protección jurídica administrativa, como tribunales de arbitramiento e inspectores de policía y de trabajo, entre otros.

Frente a la crisis ética, no solo es urgente el Tribunal de aforados, sino el inicio de funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, una de las pocas cosas que quedó de la reforma del equilibrio de poderes.

Una de las tragedias de las reformas a la justicia en Colombia es que se hacen sin información.

También es importante crear los colegios de abogados y un tribunal de ética de la profesión, además de revisa a fondo las facultades de derecho en relación con sus currículos y con la necesidad de especializar la formación partir del tercer año de estudios. Hoy cualquier abogado puede aspirar a ser juez, pero una es la visión del litigante y otra la del juez. No diferenciarlas puede estar creando problemas en la formación ética de nuestros jueces.

Constituyente o…

Ahora viene la pregunta por cómo hacer esta primera fase de reformas que exigen cambios constitucionales. Ya que todas las vías han fracasado, una asamblea constituyente puede ser el mecanismo más apropiado e incluiría la revocatoria de todos los magistrados.

No obstante, en medio de la polarización política actual podría ser el pretexto para grandes retrocesos – restricción de la tutela, fiscal dependiente del Ejecutivo, etc.–, y un vacío institucional de esas proporciones podría llevarnos por caminos indeseables.

En este momento la pelota está en el lado de la rama Judicial, que tiene el deber de presentarle al país una propuesta de reforma estructural de la justicia que debe ser discutida y comparada con otras que presenten la academia, las organizaciones de abogados y el propio gobierno. Como resultado de esa discusión debe lograrse un gran acuerdo nacional por la justicia que sea tramitado sin falta en la próxima legislatura.

Si los miembros de la rama Judicial no reconocen la gravedad de la crisis y no están a la altura de los desafíos que plantea pueden venir –aprovechando la indignación ciudadana– reformas que debiliten radicalmente la independencia de la rama judicial y que tendrían un alto costo para la democracia y el Estado de derecho.

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones. 

twitter1-1@cuervoji

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