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¿Qué está pasando con la seguridad ciudadana?

Por Hugo Acero Velásquez* (razonpublica.com)

Esta semana abundaron las noticias sobre atracos y asesinatos, agravando la sensación de inseguridad y la intranquilidad de la ciudadanía. ¿Le quedó grande al Estado y a los gobiernos de turno la seguridad ciudadana?

De noticias a estadísticas

Los registros de los medios de comunicación y las autoridades parecen indicar que la inseguridad se ha desbordado en los últimos meses.

Los atentados terroristas en Barranquilla, Soledad y Buenavista -los cuales se atribuyó el ELN-, la masacre de siete personas en Yarumal, el robo e intento de asesinato de una señora en el barrio Rosales de Bogotá, el asesinato de un joven y tres taxistas en esta misma ciudad, el aumento de los homicidios en Medellín, el asesinato de más y más líderes sociales (del cual se ocupa Carlos Guevara en esta misma entrega de Razón Pública), la presencia de los carteles mexicanos en Colombia y la decisión de algunos jueces de dejar en libertad a criminales a pesar de las pruebas de la Policía y la Fiscalía, son algunos de los acontecimientos que han alertado a los ciudadanos y al Estado.

Hay que reconocer que la delincuencia cada vez está más organizada y tiene varias líneas de acción.

Sin embargo el problema de inseguridad ciudadana no es nuevo y ha tenido una tendencia creciente en los últimos años sin que los gobiernos de turno tomaran medidas para abordarlo.

De Uribe a Santos

La Política de Seguridad Democrática bajo los dos periodos de gobierno de Uribe tuvo importantes resultados en materia de seguridad ciudadana, pues redujo los homicidios, el secuestro, la extorsión, el hurto de automotores y el hurto a entidades financieras. Sin embargo, durante sus dos gobiernos, aumentaron los hurtos de motocicletas, residencias, establecimientos comerciales y personas, como se puede ver en el Cuadro siguiente:

De esta manera, la Política de Seguridad Democrática no fue tan totalmente exitosa en materia de seguridad como algunos quieren verla.

Pero durante el primer periodo del presidente Santos y lo que lleva del segundo, la situación ha tendido a empeorar: seis de nueve tipos de delitos han aumentado considerablemente.

Se sostiene la reducción del homicidio, el secuestro y el hurto de automotores. Pero han aumentado la extorsión, los hurtos de motocicletas, residencias, establecimientos comerciales, a personas y a entidades financieras.  Así lo muestra este Cuadro:

Sobre la base de las cifras anteriores se puede asegurar que los hurtos no han dejado de aumentar en estos últimos quince años -salvo el de automotores-. Y son precisamente estos los delitos que hoy más afectan y preocupan a los ciudadanos.

A estos cambios en la incidencia de los delitos de distinto tipo habría que sumar otros factores que han modificado tanto la realidad como la percepción sobre inseguridad en la vida colombiana:

  1. La desactivación de parte del conflicto armado -aunque el ELN nos recuerda que la guerra no ha acabado-
  2. Los grupos delincuenciales actúan cada vez mejor organizados y de forma más sistemática;
  3. Vemos y sentimos cada vez más la violencia y delincuencia a través de los medios de comunicación y la redes sociales;
  4. Los noticieros de TV, en particular, destinan más del 50 por ciento de sus espacios a difundir estos asuntos sin contexto ni análisis especializado, y
  5. El Estado no ha tenido una política de seguridad ciudadana y convivencia que responda a los requerimientos ciudadanos. Aunque bajo el primer gobierno del presidente Santos y bajo el liderazgo del Consejero de Seguridad Francisco Lloreda se formuló una política en este campo, la iniciativa fue abandonada cuando este último salió a los dos años de gobierno.

Respuesta descoordinada

Casos de hurto.
Casos de hurto.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Hay que reconocer que la delincuencia cada vez está más organizada y tiene varias líneas de acción, como los grupos que se dedican al narcotráfico para la exportación y consumo al menudeo y cuyos miembros controlan otras actividades como la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas o la prostitución.

Algunas organizaciones criminales cuentan con formación militar, y la situación se agrava con la presencia de carteles mexicanos en el país, que se caracterizan por ser muy violentos. A pesar de esta crisis el Estado no está organizado, ni responde de manera coordinada.

Hay que crear capital social para que las comunidades se organicen, con su participación mejorarían las condiciones de seguridad y bienestar.

Mientras el ministro de defensa, el director de la Policía y el Fiscal piden cárcel y penas ejemplares para los delincuentes detenidos, los ministros de justicia de los últimos años han modificado los códigos penal y penitenciario con penas que sustituyen la privación de la libertad para aquellas personas cuya reclusión sea inferior a ocho años y han promovido la excarcelación masiva para reducir el hacinamiento carcelario que supera el 50%.

En el Estado colombiano existen varias instituciones cuyas funciones tienen relación con estos temas. Sin embargo su coordinación y trabajo en equipo son limitados cuando no inexistentes. Las instituciones son:

  • El Ministerio de Defensa que a través de la Policía Nacional trabaja los temas de seguridad y convivencia ciudadana.
  • El Ministerio del Interior que a través de la Subdirección para la Seguridad y Convivencia Ciudadana trabaja con alcaldes y gobernadores sobre estos temas y les asigna recursos a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana ( FONSECON).
  • La Consejería Presidencial de Seguridad cuya función es apoyar a la Presidencia y Vicepresidencia en temas de seguridad, al igual que la Dirección de Política Integral para la lucha contra las Drogas Ilícitas de la Presidencia de la República, que igualmente apoya a la Presidencia y la Vicepresidencia.
  • El Departamento Nacional de Planeación que a través de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG), promueve la formulación, evaluación y seguimiento de las políticas, planes y programas en los sectores de justicia, defensa y seguridad nacional, y orienta la formulación de políticas de seguridad y convivencia ciudadana.
  • Los alcaldes y gobernadores que tienen obligaciones constitucionales y legales en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
  • La Fiscalía General de la Nación.
  • El ICBF en lo que tiene que ver con el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (SRPA).
  • El Ministerio de Justicia a través del sistema penitenciario y carcelario -Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), que administra los centros de detención, en coordinación con las instituciones de la Rama Judicial.

Si un alcalde o un gobernador quieren solucionar los problemas de inseguridad en sus territorios y necesitan el apoyo del gobierno nacional y las instituciones mencionadas, deben acudir a cada una sin que exista una sola que responda las demandas. Los mandatarios locales tienen distintos interlocutores para solucionar los problemas de seguridad pero ninguno de ellos es efectivo.

Hay que trabajar

Inseguridad.
Inseguridad. 
Foto: Policía Nacional de Colombia

A corto plazo, ante la amenaza de grupos criminales organizados, es necesario que las autoridades redoblen el trabajo en dos campos principales:

Inteligencia e investigación criminal. Hay que aumentar el trabajo inter-agencial de  las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para enfrentar y desarticular estas organizaciones criminales, identificando y expropiando los bienes y recursos que ellas hayan obtenido.

Para esto es necesario recoger las experiencias de las Estructuras de Apoyo, conformadas por miembros de organismos de inteligencia e investigación criminal que aportan la información; las investigaciones las dirigen uno o dos fiscales de la unidad especializada contra bandas criminales de la Fiscalía. Estas unidades deben trabajar de manera coordinada y permanente.

Participación ciudadana. Hay que crear capital social para que las comunidades se organicen, pues su participación es esencial para en efecto mejorar las condiciones de seguridad y bienestar. Una comunidad organizada y cercana a las autoridades es menos vulnerable. El trabajo conjunto de las comunidades con la Policía ha dado buenos resultados contra la delincuencia: los ciudadanos se sienten más cercanos a la autoridad y denuncian hechos sospechosos.

A mediano plazo, el Estado, a instancias del Consejo Nacional de Política Criminal, debe elaborar, ejecutar y hacer seguimiento a una Política Criminal que comprometa a todos sus miembros y que involucre a los gobernantes de todos los niveles territoriales. Una política criminal que vaya de la prevención del delito, el control policial y judicial y el fortalecimiento de los sistemas de privación de la libertad de adultos y adolescentes. Para esto hoy se cuenta con el “Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano”, elaborado por la Comisión Asesora de Política Criminal, y con el borrador del Plan Nacional de Política Criminal 2017 – 2021.

A largo plazo es preciso pensar en una institución que gestione de forma coordinada los temas de convivencia y seguridad ciudadana. No sería un nuevo ministerio, pero puede pensarse en la transformación del Ministerio de Defensa en el ministerio de la seguridad ciudadana y la defensa, con dos viceministerios, uno de defensa y el otro de seguridad ciudadana. Esto ahorraría muchos problemas que existen en la actualidad.

*Sociólogo de la Universidad Nacional, experto en seguridad ciudadana.

 

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