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Propuesta: Comisión de la ONU Contra la Impunidad en Colombia

Por Wiliam Giraldo Ceballos

Iván Velásquez, el superfiscal de la ONU que lucha contra la impunidad en Guatemala. Foto The New York Times

Por qué Colombia no solicita a la Organización de Naciones Unidas, ONU el establecimiento de una Comisión Contra la Impunidad que se encargue de investigar y poner a buen recaudo a los responsables de la corrupción en el país?

El abogado antioqueño Iván Velásquez  que dirige la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, es el superfiscal que con los resultados de sus investigaciones puso a temblar a los empresarios y funcionarios públicos, incluido el máximo poder del Estado guatemalteco.

En Colombia  como en Guatemala, los niños y los ancianos mueren de desnutrición, mientras empresarios y servidores públicos se enriquecen en la danza de contratos de obras públicas, campañas electorales y multimillonarias pautas publicitarias que alimentan el silencio de los medios de comunicación para anestesiar  la opinión pública.

El ex Director Regional de Fiscalías de Antioquia Iván Velásquez fue perseguido por el poder político colombiano  cuando como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia coordinó las investigaciones sobre la parapolítica y llevó ante los jueces  a varios de los más destacados líderes políticos cuya elección había sido financiada con recursos de los narco-paramilitares colombianos.

El nombre de Velásquez fue vilipendiado desde la cima del poder. Lo mismo ocurrió con la Corte Suprema de Justicia infiltrada y espiada por la  entonces policía política  del Estado al servicio de la Presidencia de la República y que hasta hace pocos tiempos se denominaba  Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Ahora, para investigar “a fondo” el escándalo de corrupción en Colombia de la constructora brasileña Odebrecht se escogió de una terna uribista un “Fiscal Ad Hoc” que por alguna razón la columnista María Jimena Duzán lo denomina ‘un títere ‘Ad Hoc’.

Y la razón es clara:  el fiscal  en ciernes Leonardo Espinosa, está impedido para investigar al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez porque entre los dos existe o existió una relación contractual. Espinosa Quintero, como representante legal de la Universidad Sergio Arboleda, contrató el años 2013 los servicios profesionales del abogado Martínez Neira para representar el claustro universitario en un proceso judicial. Eso es un impedimento ético y moral.

Velásquez ha demostrado que en Colombia y en América Latina hay abogados sin tacha que están en condiciones  de aceptar la designación que les haga la ONU para combatir  la impunidad aunque en esa lucha queden tendidos también los jueces que llevan al olvido procesos que han escandalizado en su momento a la opinión  pública.

 

 

 

 

 

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