Al instante

Política engañosa

Por Carlos Alberto Ospina M.

 

A varios mandatarios les da urticaria las críticas asertivas y los juicios agudos sobre los puntos álgidos de su administración. Acostumbrados a los falsos halagos por parte del séquito de vasallos, el lobby, los lambones de oficio, el control de los medios de comunicación a través de la publicidad estatal y la ruidosa divulgación de las gestas, logros, de su despacho; los dirigentes políticos no toleran la denuncia de los yerros ni las alertas públicas en relación con las diversas formas de detrimento patrimonial.

 

Aquel que no encaja en la estrategia de comunicación, la sociedad del mutuo elogio, las relaciones públicas, los desayunos y la parafernalia gubernamental es considero un potencial enemigo y un peligro social que se debe acallar por medio del señalamiento, el ‘hackeo` del correo electrónico, la discriminación informativa, el rumor y el vainazo en los eventos públicos. En la actualidad se adelantan varias iniciativas populares afines con la reducción del salario de los congresistas, el aumento de las penas a violadores y maltratadores, entre diferentes propuestas que se abren paso, poco a poco. Otra reforma que debería iniciar curso y, de carácter constitucional, consiste en prohibir la denominada pauta estatal. Detrás de ese esquema propagandista se esconden las más siniestras tácticas políticas, las plataformas de lanzamiento, las disimuladas campañas electorales, el pago de favores, el posicionamiento de marca e imagen de los partidos, la mermelada y la subordinación de distintos medios de comunicación.

Otra valla otro….

La llamada Ley de Garantías es aplicable a medias, hasta el punto de ser una mentira. En época preelectoral, los montos por concepto de publicidad oficial, en el primer semestre, superaron la inversión de todo el año. Estos contratos presentan vicios de fondo, debido a que el 92% están encaminados a “publicidad informativa” y el restante 8% es considerado “pedagogía”. Antes y durante la vigente de la norma, la torta, se reparte entre los simpatizantes del gobierno y los compromisos adquiridos para garantizar la sucesión forzosa. La idea central consiste en afianzar la promoción del candidato designado, manipulando los recursos públicos sin límite ni fiscalización. Es inmoral, por decir lo menos evidente, que Germán Vargas Lleras, utilizara la vicepresidencia para hacer campaña encubierta, diría, velada, aprovechándose del cargo y del efecto de recordación que produce la entrega de viviendas, la adjudicación de licitaciones y demás obras públicas que, dicho sea de paso, favorecieron a algunos socios de Obredecht. La exposición mediática presentaba a Vargas como el nuevo Robin Hood, preocupado por “un techo para mi país”. ¡Qué engaño más grande! Con la complicidad de los órganos de control, la Comisión de Acusaciones, el Consejo Nacional Electoral y los “señores de la prensa” hablada, escrita y audiovisual. Fue Vargas Lleras, como Ministro del Interior, quien hizo derogar el artículo del decreto 1474 de 2011 que ponía un límite del 30% del presupuesto con destino a publicidad. El pretexto esgrimido para ese coscorrón legislativo consistió en la supuesta modernización del funcionamiento de los municipios, Ley 1551 de 2012. ¡Prospectivo y precoz, Germán!

 

Ocho de cada 10 contratos de difusión son adjudicados, a dedo, mediante la figura de contratación directa; es decir, que varios billones de pesos están destinados a eventos sociales, promoción y publicidad en perjuicio del erario público, puesto que carece de límite legal en cuanto al tope del gasto por dicho concepto. Además, la aprobación del presupuesto anual faculta al Presidente para ordenar recursos específicos. En ese caso, con una imagen desfavorable cercana al 80% y mano blanda, Santos, manipula los recursos para lavar la ropa sucia fuera de casa. Ese proceder es la “norma” que toca a cada gobierno.

 

Este año, la partida destinada a Cultura fue de 362 mil millones de pesos, cifra similar a la asignada para Ciencia y Tecnología. En el presupuesto de 2018, éstas áreas y el deporte, tendrán una reducción en promedio de 200 mil millones. Por su parte, el gasto de funcionamiento creció dos veces el IPC, lo que representa 9,7 billones de pesos en 2017. La prohibición de ejecutar recursos públicos en el período electoral que inicia el 11 de noviembre, Ley 996 de 2005, deja un boquete normativo para que ingrese la trampa y, por ende, la corrupción, en razón a que no contempla “restricciones para las prórrogas, modificaciones o adiciones y la cesión de los contratos suscritos antes del período de la campaña presidencial”. Al buen entendedor, suficiente ilustración. Lloverá propaganda oficial “a la lata”.

 

Es por esto por lo que el control del gasto en materia de publicidad estatal, no debe quedar al amparo de una ley ordinaria, sino sometido a una reforma constitucional que prohíba, de tajo, que los dineros del tesoro público sean monopolizados para dar a conocer la autopromoción de los funcionarios, el fortalecimiento de un partido político, la exaltación de los egos, la reseña de cifras u operaciones logísticas; entre otros despilfarros. El deber de los gobernantes es cumplir la ley y ejecutar con transparencia el presupuesto y el mandato popular. ¡Basta ya! De informes preliminares de gestión, insípidos resultados, demagogia, histrionismo y narcisistas vallas con notables errores ortográficos. El ciudadano de a pie no es tonto, aguza los sentidos y califica el desempeño de una administración; por encima de todo el bombardeo de cuñas, pendones, programas lúdicos y actividades pueblerinas. La publicidad estatal, presuntamente, es igual de corrompida al cartel de los sobornos a las Altas Cortes, a las obras inconclusas, a las adiciones presupuestales y a las comisiones depositadas en paraísos fiscales.

 

Enfoque crítico – pie de página. Los desaciertos en diferentes piezas publicitarias de la Alcaldía de Medellín no se tapan con una disculpa: “…fue un error de revisión”. A la administración municipal de la capital antioqueña le corresponde declarar la caducidad del contrato de la empresa responsable de la idea creativa, el diseño, la observación y la producción del mencionado material, el cual fue instalado a pesar de mostrar evidentes faltas ortográficas y de composición gramatical. A la par, el alcalde, debe establecer una cadena de responsables del daño a la reputación y a la credibilidad, no importa el supuesto compromiso con un sector político o económico en particular. Es un mandato imperativo que rueden cabezas por semejante ignorancia u omisión.

 

En el ámbito de las agencias de publicidad, incontables creativos se las dan de “genios”, mejor dicho, de analfabetas funcionales que pasan de largo el correcto uso del idioma. Lo dice el viejo aforismo: “una imagen vale más que mil palabras”.

Ir a la barra de herramientas