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Petróleo Colombiano, la historia (II)

Recopilación por William Giraldo Ceballos

Foto finanzasdigital.com

Desde 1906, durante el gobierno de Rafael Reyes, se dieron los pasos legales para iniciar la exploración  y producción de petróleo en una Colombia arruinada por  guerras partidistas y la inestabilidad de sus gobiernos.

El presidente Reyes llamó a formar parte de su gabinete ministerial a los liberales Lucas Caballero y Enrique Cortés contra el querer de su Partido Nacional (Conservatismo Histórico); clausuró el Congreso Nacional, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente y eliminó las posibilidades de una nueva guerra civil con una acción militar y policial que logró decomisar a la población más de sesenta mil armas y más de un millón de balas.

En el marco de esa nueva tendencia empresarial estimulada desde el alto gobierno, José Joaquín Bohórquez decidió asociarse con Roberto de Mares, quien ese mismo año obtuvo en Bogotá y en su propio nombre, excluyendo a Bohórquez, la concesión oficial del gobierno para la explotación petrolera.

El Contrato de Concesión suscrito por el gobierno de Reyes con don Roberto de Mares fue aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de noviembre de 1905 y nació a la vida jurídica el 7 de marzo de 1906 con su publicación en el Diario Oficial.

(Fotoarchivo revista credencial

(Fotoarchivo revista credencial

La Concesión

 

El texto publicado del Contrato de la Concesión De Mares es el siguiente: (*)

 

Los suscritos, a saber: Modesto Garcés, Ministro de Obras Públicas, debidamente autorizado por el excelentísimo señor Presidente de la República, a nombre del Gobierno, y Roberto De Mares, en su propio nombre, por otra parte, que se denominará el Concesionario, han celebrado el siguiente contrato:

 

ARTICULO 1º. El Concesionario se compromete a organizar un sindicato o compañía, con capital suficiente para la explotación en grande escala de los pozos o fuentes de petróleo que se encuentran en los terrenos baldíos de la Nación, comprendidos dentro de los siguientes linderos: desde la desembocadura del río Sogamoso en el río Magdalena, este río aguas arriba hasta la desembocadura del río Carare, este río arriba hasta encontrar el pie de la Cordillera Oriental, y de aquí siguiendo por el pie de la cordillera, hasta encontrar el río Sogamoso, y este río aguas abajo hasta el primer lindero citado.

 

ARTICULO 2º. El presente contrato durará por el término de treinta años que empezarán a contarse desde la fecha en que se dé principio a los trabajos de explotación.

 

ARTICULO 3º. El Concesionario se compromete a emplear el capital de que trata el Artículo 1º en la extracción de petróleo crudo, en refinarlo y separar sus componentes, dándolo al consumo del país a un precio que permita hacerle competencia al que se importa de Europa a los Estados Unidos.

 

ARTICULO 4º. El Concesionario se obliga a dar al Gobierno el quince por ciento (15%) del producto neto de toda la producción, por semestres vencidos. Para tal efecto el Gobierno, por medio de un agente o comisionado especial, podrá examinar las cuentas de la empresa.

 

ARTICULO 5º. El Concesionario queda obligado a dar principio a los trabajos dieciocho meses después de que el presente contrato sea aprobado, quedando caducado éste si vencido el plazo no lo hiciere.

 

ARTICULO 6º. El Gobierno se obliga a permitir la extracción del petróleo en los terrenos de propiedad de la nació delimitados en el Artículo 1º por cuenta del Concesionario o de quien sus derechos presente; y a no conceder igual permiso durante el tiempo del contrato para que otra persona o compañía establezca trabajos de la misma naturaleza dentro de los linderos demarcados por el citado Artículo 1º.

 

ARTICULO 7º. Para todos los efectos legales se declara obra de utilidad pública la explotación a que se refiere este contrato, y en tal virtud el Concesionario gozará de todos los derechos y acciones que conceden las leyes a empresas de esta clase.

 

ARTICULO 8º. El Gobierno se compromete a no gravar con derechos de exportación ni otros, el petróleo que se extraiga en virtud del presente contrato.

 

ARTICULO 9º. El Gobierno se compromete a dar al Concesionario, o a quien sus derechos presente, una vez establecida la empresa mil (1.000) hectáreas de tierras baldías por cada una de las primeras cinco fuentes o pozos de petróleo que ponga en explotación; fuentes entre las cuales figuran las que con los nombres de La llana y Hospital ha descubierto el Concesionario.

 

PARÁGRAFO. La adjudicación de tierras baldías de que trata este artículo se hará de acuerdo con las disposiciones sobre la materia y el costo de mensura y delimitación será de cargo del Concesionario.

 

ARTICULO 10º. Las concesiones a que se refiere el presente contrato es entendido que se otorgarán en cuanto no hieran intereses o derechos ya adquiridos.

 

ARTICULO 11º. El presente contrato podrá ser traspasado, previo permiso del Gobierno, al individuo o compañía que tenga a bien el Concesionario; pero en ningún caso podrá verificarse a favor de gobierno o nación extranjera.

 

ARTICULO 12º. En caso de que el traspaso se haga a favor del individuo o compañías extranjera, será condición indispensable de que el Concesionario acepte en todas sus partes lo dispuesto en el artículo 15º de la Ley 145 de 1888, “sobre extranjería y naturalización”, cuyas disposiciones deberán quedar incorporadas en la correspondiente escritura de cesión.

 

ARTICULO 13º. Vencido el término de este contrato, podrá ser prorrogado a voluntad de ambas partes, por el tiempo que estimen conveniente.

 

ARTICULO 14º. El presente contrato requiere para su validez la aprobación del Honorable Consejo de Ministros y del excelentísimo señor Presidente de la República.

 

En fe de lo expuesto, se firman dos ejemplares de un mismo tenor; en Bogotá a veintiocho de noviembre de mil novecientos cinco.

Modesto Garcés, Roberto De Mares.

 

Unas pocas semanas antes, el general Rafael Reyes había celebrado un contrato de similares características con el general Virgilio Barco para la explotación de petróleo en la región del Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela.

 

Estos dos contratos estaban enmarcados en los términos de la Ley 30, dictada en 1903, y con la cual se legisló por primera vez sobre los yacimientos de petróleo ubicados en baldíos de propiedad de la nación.

 

La norma reservaba al Estado la propiedad de los hidrocarburos y del carbón descubiertos en las tierras baldías.

 

La Ley 30 precisaba que los “contratos de arrendamiento” de los terrenos baldíos que suscribiera el Gobierno con particulares, requerirían de la aprobación del Congreso de la República, pero como se mencionó antes, en la fecha en que se firmaron las “Concesiones” las cámaras legislativas se encontraban suspendidas en sus funciones mientras sesionara la Asamblea Nacional Constituyente.

 

La población colombiana era entonces de 4.5 millones de habitantes. El 85% era población campesina, dotada apenas de medios primitivos para la producción agropecuaria.

 

  • Anexo a la “Crónica de la Concesión de Mares”, Miguel Angel Santiago Reyes
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