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Palabra gruesa

Por Carlos Alberto Ospina M.

Jefe guerrillero de las FARC Jesús Santrich. Foto elcolombiano.com

La soberbia aleja cualquier tipo de relación y produce un efecto contrario a la posibilidad de entendimiento. La ausencia de tesis y la incapacidad para persuadir al otro, sin la dialéctica de las armas, se traduce en la imposición de verdades reveladas con el ánimo de figurar en la palestra pública, ignorar las normas legales, y más grave aún, descalificar las decisiones de la Corte Constitucional, tildándolas de “un palo en la rueda” para el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. Privado de la vista, más no, de un halo de amargura e insolencia, Jesús Santrich, exacerbado, dijo que varios de los denominados cuerpos normativos del Acuerdo Final “van a llegar a las inocentes manos de la Corte Constitucional para volverlos mierda como pasó con el fast track”. Una cosa, es ser soez u ordinario, debido a la tierra de capote producida por décadas de violencia; y otra muy diferente, pretender poseer derechos como ciudadano incólume, siendo malhechor en proceso de reinserción. “Un humanismo bien ordenado no comienza por sí mismo, sino que coloca el mundo delante de la vida, la vida delante del hombre, el respeto por los demás delante del amor propio” (Claude Lévi Strauss).

 

Un análisis simple de los signos que representa, esgrime, las Farc, coincide que los códigos de conducta son impositivos, radicales e intolerantes. De por sí, obsoletos a la luz de las aspiraciones políticas, y arcaicos, en el marco del sistema de comunicación marxista de poner la lucha de clases en el centro de la discusión retórica. Al interior del grupo armado, la pregonada justicia natural y la equidad, no existen. Los partisanos rasos, ubicados en las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), se alimentan con enlatados de campaña; mientras, la cúpula de la organización pernocta en hoteles de 5 estrellas y viaja en Clase Ejecutiva o en el avión presidencial. Al decir del comisionado de paz, Sergio Jaramillo, dichas Zonas Veredales no serán temporales, porque se trasmutarán en Centros de Capacitación y Reincorporación, una vez las Farc entreguen las armas. En términos de Iván Márquez serán Ciudadelas de Paz, porque “nosotros queremos tierras. Así está contemplado en los decretos y en el Acuerdo de Paz”. Es por esto por lo que el estudio jurídico de la Corte Constitucional, vale excremento para las Farc. Ellos se amparan en el pacto político, en la Justicia Especial para la Paz y en la expedición de normas con fuerza de ley en cumplimiento de lo negociado con el Gobierno. Estamos en presencia de un nuevo concepto relacionado con el Estado Social de Derecho y la democracia que ofrece un significado específico para alguien, pero termina siendo un lenguaje de trampas e interpretaciones complacientes.

 

“No sabemos cómo va a quedar conformada la Corte Constitucional”, advierte Iván Márquez, al rotular que el proceder de los magistrados es “una amenaza contra el proceso de paz”. En el fondo, hay varios tapados. Un guerrillero en tránsito de dejación de armas y con varios procesos judiciales pendientes, no tiene la autoridad moral, ni legal, para cuestionar el lícito ejercicio de una de las ramas del poder público. Tampoco consiste en una frase sacada de contexto; es decir, los farianos apuntan a desarticular y desconocer la coordinación armónica de los poderes para, en un futuro cercano, crear una especie de Tribunal Supremo al estilo de Venezuela. No se requiere de un complejo estudio hermenéutico para saber interpretar el enfoque lingüístico de las Farc y su premeditado rumbo de instituir un nuevo imaginario social. “El significado es el uso” y ellos saben muy bien que el país es ambivalente, dividido por el odio, harto de sufrir la violencia de toda índole, amnésico, corrupto, morboso, oportunista y volátil como la flatulencia previa a la frase rabanera de Santrich, a quien se le olvidó que el respeto no es una cuestión de bondad ni de intimidación, simple y llanamente, es tema de convicción moral.

 

Es inadmisible que, el otrora, profesor de biología en El Doncello, Caquetá, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, declare, el día D + 180, que “no sé cuántas armas hay en las caletas ni tengo la cifra de cuántos niños siguen en las filas” de las Farc. Acá hay un incumplimiento concreto del punto 3.1.1.3 del denominado Acuerdo Final en lo concerniente a “Suministro de Información”. A pesar de esa inobservancia, sin espabilar, Márquez, afirma que “la decisión de la Corte Constitucional no es fortuita, es una tendencia…aquí todo el mundo quiere meterle la mano al acuerdo”. La pregunta directa es: ¿Qué de malo tiene honrar la Constitución de esta imperfecta democracia? Equivocado o no, incoherente y falto de carácter, el gobierno de Juan Manuel Santos, cuenta con la habilitación legislativa y el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la Carta Política, el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En ese orden de ideas, al destituido e inhabilitado ex ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño Hoyos, también se le fueron las luces con la expresión “Volver trizas el acuerdo de paz”. Londoño recurrió a un símil más eufemístico que Santrich, en este caso, para demostrar su descontento con lo pactado entre el Gobierno y las Farc. Tanto odio y radicalidad política entre todos los bandos en contienda, a secas, nos deja con el abrigo espiritual, que de Dios venga el remedio.

 

El Acto Legislativo 01 de 2016 facilita y asegura el cumplimiento del Acuerdo Final al conferir al Presidente Santos la autorización extraordinaria y excepcional para expedir decretos con carácter de fuerza material de ley. El pasado 29 de mayo de 2017, se expidió el decreto 903, “Por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FARC EP”. Acá hay varios dilemas éticos:

  1. Considerar la extorsión, el secuestro, el abigeato, la minería ilegal, el comercio de personas, la esclavitud sexual, el lavado de activos y el narcotráfico como fuentes para la obtención de “recursos de guerra”, definitivamente, deforma cualquier ideario supuestamente revolucionario.
  2. Un miembro del Secretario de las Farc afirma “no saber cuántas armas hay en las caletas ni cuántos niños permanecen en las filas”. Hoy en día, podrán argumentar que, tampoco, saben cuáles bienes y cuántos activos, recursos de guerra, poseen para la reparación integral a las víctimas del conflicto.
  3. El decreto 903 indica que la reparación a las víctimas se hará “observando los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a los recursos de guerra”. ¡Uf! Otra vez, Jesús Santrich, mandará a los togados a comer… lo indecible.

 

Las Farc en su conjunto, deben comprender y aceptar que el pueblo colombiano no tiene deudas pendientes con ellos; menos aún, escudarse detrás de una supuesta “pedagogía de paz” para hacer proselitismo político armado, ingresar a las instalaciones del Congreso de la República, herir a un “desorientado” soldado y lanzar arengas, a diestra y siniestra, por cuanto lugar pasan. A la luz de la Justicia Ordinaria, la Corte Penal Internacional o la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep), cualesquiera que se les aplique, los guerrilleros se encuentran Sub Judice: pendientes de resolución judicial. Amnistiados o ubicados en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, los crímenes de lesa humanidad, seguirán siendo eso, conductas punibles, puesto que “su carácter especialmente grave ofende no sólo a la víctima, sino a toda la familia humana”. (Estatuto de la Corte Penal Internacional).

 

Pasado el día, D+180, las Farc no deben, ni pueden, hacer política. El proceso de dejación de armas no los habilita a nivel civil, sin antes comparecer en juicio, para buscar adeptos en medio del desengaño de la gente. Los guerrilleros carecen de argumento de autoridad para exigir aprobación, después de más de 5 décadas de operaciones bélicas, tierra arrasada, 200 mil asesinatos y narcotráfico. La Verdad inicia en la conducta cotidiana que sea ejemplo de transformación, y sigue a través de la delación y confesión de los crímenes atroces. La Justicia es ponerse a disposición para ser investigados, juzgados y condenados por sus conductas al margen de la ley. La Reparación consiste en la voluntad sincera y la buena fe de entregar todos los bienes y activos encaletados, “recursos de guerra”, para subsanar a las víctimas. Y La No Repetición comienza con la dejación absoluta de las armas y la utilización de un lenguaje de paz: cero alevosías, altanerías, deslealtades, dobles intenciones e intrigas. Las Farc y los distintos actores de la violencia que padece el país, crearon la cultura de la desesperanza y el miedo. Entonces, toca remar contra el escepticismo sin volver ñola a la sociedad civil.

 

Enfoque crítico – pie de página. Por resolución presidencial los guerrilleros y los milicianos que ingresen a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, futuros guetos, serán amnistiados o indultados.

 

Las leyes expedidas con base en el Acuerdo Final, no modifican la Constitución, pero adquieren carácter prevalente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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