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País imposible

Por Ramiro Bejarano Guzmán, Diario El Espectador, Bogotá

Manos colombianas, manos comunes clamando porque haya paz. Foto taringa.net

 

Según la última encuesta de Gallup, todo va mal, y a ese sentimiento no escapa el proceso de paz. Nos equivocamos intentando primero reconciliarnos con las Farc, cuando hemos debido empezar por tratar de hacer las paces entre quienes estamos del otro lado.

El discurso opositor, primero del Centro Democrático y últimamente de Cambio Radical, rechazando visceral e irresponsablemente la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y cuestionando que las Farc pueda inscribir su candidato a la Presidencia ha calado en quienes se suponía habían entendido el sentido y la importancia de hacer la paz; ya son muchas las voces que creen que los exguerrilleros deben hacer política, pero después de que hayan pasado por la cárcel.

Solamente a los insensatos se les puede ocurrir que la paz se diseñó para que los rebeldes fueran a prisión muchos años y luego sí llegaran al Congreso y a cargos públicos. No hay en los acuerdos de La Habana una sola frase que permita siquiera sugerir que eso fue lo que se pactó. Tampoco fue así con la guerrilla liberal, ni con el M-19, ni con el Ira en el caso de Irlanda, ni en ninguna parte del mundo. Eso que parecía obvio, de repente se volvió una herejía por cuenta de las equivocaciones del Gobierno y la intolerancia de Uribe y sus intransigentes alfiles. En efecto, el numeral 36 del acuerdo de víctimas previó que “la imposición de cualquier sanción no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”. Y en el Acto Legislativo 01 de 2017 el artículo transitorio 20, sobre participación en política, previó que “la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. Es más, en este mismo artículo se consagró que “respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia”. Les conviene a los incendiarios que se oponen a la paz, que estudien los acuerdos de La Habana, en vez de pontificar con mentiras.

Quienes, a pesar de la claridad de estas disposiciones, se enfurecieron con la candidatura del jefe de las Farc, además nos están metiendo en un callejón sin salida, pues tampoco quieren dejar que el Congreso reglamente la JEP. Es decir, no permiten que la JEP funcione, pero sí exigen que a ella se sometan los exguerrilleros. Ni rajan, ni prestan el hacha.

Es culpa del Gobierno no haber explicado que en los acuerdos de La Habana está prevista una justicia especial para juzgar a los exguerrilleros a la que tendrán que someterse, sin que eso les impida hacer política. Así de sencillo y claro. Lo otro es condenar el proceso de paz con las Farc al fracaso, y de paso el del Eln. Este país es tan de malas que solo falta que la ultraderecha triunfe en su empeño de malograr la paz.

Adenda No 1. Grave la acusación del precandidato Juan Fernando Cristo al expresidente César Gaviria, de haberse convertido en jefe de debate de Humberto de la Calle y de estar promoviéndole una guerra sucia al estilo J.J. Rendón. Mal suceso que pone en riesgo no solo la consulta del próximo 19 de noviembre, sino la supervivencia del liberalismo. Cristo tiene razón: para que esa consulta sea transparente y una a los liberales, el jefe único de la colectividad debe asegurar que se comportará como tal y no como teniente de uno de los precandidatos.

Adenda No 2. Las denuncias por corrupción en el Sena no pueden quedarse en la insubsistencia de su exdirectora María Andrea Nieto. Que los entes de control, por ejemplo, investiguen la feria contractual del Sena en Buga y si en ese carrusel han tenido que ver el exalcalde de la ciudad John Harold Suárez y el senador Carlos Fernando Motoa.

 

 

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