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NO AL IMPUESTO A LA VEJEZ

El gobierno quiere ver a los viejos pagando impuestos Foto portalboyaca.com

 

En el informe final presentado al Ministro de Hacienda y Crédito Público el pasado diciembre, la Comisión de Expertos Para la Equidad y Competitividad Tributaria. encargada de estudiar todo el régimen tributario nacional y territorial y presentar una serie de recomendaciones para una reforma tributaria, se observa que una de tales recomendaciones consiste en asimilar el ingreso por pensión al ingreso de asalariado cuando en las páginas 47 y 48 del citado informe se manifiesta:

  1. propuesta 5. Pensiones

 

  1. Con el fin de imprimir mayor progresividad al impuesto de renta de las personas naturales y acercarse a las prácticas internacionales, se propone imponer sobre los ingresos de esta fuente la misma tributación y los mismos límites a beneficios que recaerían sobre los trabajadores asalariados. Este tratamiento implica que los pensionados podrán acceder automáticamente al beneficio del 25% de exención del ingreso y podrán usar beneficios adicionales (vivienda, personas a cargo, etc.) hasta por un 10% del ingreso, todo ello dentro de los límites absolutos de los beneficio sindicados atrás. Adicionalmente, los pensionados podrán descontar del impuesto a pagar el aporte obligatorio realizado al Sistema de Seguridad Social en Salud.

 

  1. Dado que cerca del 80% de las pensiones en Colombia son de montos inferiores a dos salarios mínimos, esta medida no las afectaría, dejándolas exentas en su gran mayoría. En efecto, de acuerdo con cifras del Gobierno para 2012, la pensión promedio en Colombia estaba en 1.17 SMLV. La propuesta solo recaería sobre las de mayor monto, contribuyendo a la progresividad del impuesto

 

CONSIDERACIONES

 

El informe de la comisión omite todo análisis sobre el origen de los recursos que el pensionado persona natural recibe a título de pensión así como toda consideración relativa a la razón por la que tales personas reciben dicho ingreso. Se limita a concluir con la recomendación mencionada: que los pensionados se deben someter a la misma tributación de los trabajadores asalariados y acercarse a las prácticas internacionales.

En su análisis, la comisión deja de lado cosas tan importantes como que la pensión es una prestación económica que consiste en un ingreso que recibe el trabajador cuando a causa de su edad cesa su vida laboral. No se desconoce el principio básico del derecho tributario, de la progresividad, que determina que los que ganen más tengan una mayor tasa efectiva de tributación, pero lo que pasa por alto la comisión es que este principio opera sobre la base de la existencia de una actividad productiva generadora de renta, como es el caso de la actividad laboral, de la cual son sujetos pasivos quienes la originan, sean ellos empleados o independientes. El anterior presupuesto no se presenta en los pensionados pues el valor que reciben como pensión corresponde al ahorro forzoso hecho durante más de 20 años durante su etapa productiva, con base en los cálculos que hizo el mismo Estado para determinar el monto de las cotizaciones, para que una vez terminaran esta etapa y pasaran a ser improductivos (pensionados) pudieran tener una fuente de ingreso, porque si no hubieran realizado tales ahorros, serían una carga para el Estado quien estaría obligado a mantener su “mínimo vital”. Los pensionados durante su etapa activa como trabajadores cumplieron estrictamente con sus aportes obligatorios al sistema de seguridad social en pensiones (ISS, Cajanal, Fondos Privados, entre otras instituciones) como asalariados o independientes, para constituir así una reserva pensional, con base en los cálculos del Estado, que les permitieran cubrir sus necesidades durante su vida improductiva. Por consiguiente, una vez finalizada su actividad laboral, lo que están recibiendo a título de pensión de jubilación, no es más que el retorno de los ahorros forzosos que el trabajador y la empresa o empresas donde laboró constituyeron en su etapa productiva.

Igualmente, cuando los pensionados estuvieron en su etapa productiva pagaron los impuestos de renta bajo las reglas y condiciones que el Estado les impuso, e hicieron las cotizaciones o aportes para pensión bajo el régimen definido por el mismo Estado, y en ese orden de ideas, los que más aportaron, porque su salario o ingreso gravable era mayor en su etapa productiva, obviamente ahorraron más y por ende reciben una mayor pensión, de ahí que no resulte apropiado señalar que se presenta un desequilibrio y que en aras de la equidad, el que más ahorró en su etapa productiva reciba luego como retribución un gravamen a su pensión, como lo pretende la comisión en su recomendación. Ya se conoce la estrategia recurrente del estado a través de sus reformas tributarias de gravar a un grupo limitado con tasas bajas y a través del tiempo ir aumentando dicha tasa y ampliando la base tal como ocurrió con el impuesto a los gravámenes financieros para mencionar un caso.

Se podría manifestar que estos aportes no fueron gravados en su oportunidad, pero una consideración de esa naturaleza desconoce el hecho de que las personas naturales son gravadas únicamente sobre las rentas que reciben y como estos aportes pasaron directamente a un tercero, como lo son los fondos de pensiones, y por ende no fueron entregados al trabajador, lógicamente no podían ser objeto del gravamen, tal como sucede con otros aportes exentos para los asalariados o independientes, como por ejemplo los aportes a AFC que están orientados al fomento de la construcción, entre otros. Haciendo un símil entre los ahorros para pensión con los ahorros en AFC y siguiendo la lógica presentada en la recomendación de la comisión, habría que concluir que cuando el aportante a un fondo AFC retira sus ahorros después de los 10 años, como está actualmente regulado, tendría que pagar impuesto de renta sobre el ahorro invertido en dicho fondo, lógica que echaría por tierra toda iniciativa para invertir en ese tipo de fondos.

Asimismo, no se puede ahora, después de haber adquirido el derecho a la pensión con total sujeción a las reglas vigentes en la materia, manifestarle a los trabajadores, ahora pensionados, que esas reglas del juego han sido modificadas con respecto a los aportes que él y las empresas hicieron a dichos fondos durante su larga etapa productiva y que ahora sobre dichos ahorros deben tributar, cuando esta situación no estaba contemplada en la época de realización de tales aportes para adquirir tal derecho.

Igualmente es preciso agregar, que cuando un trabajador adquiere el estatus de pensionado, su ingreso a título de pensión es significativamente reducido a un porcentaje del promedio del salario de los últimos 10 años, lo que implica que el trabajador que desee tener una pensión mayor y más digna, deba hacer mayores aportes al fondo de pensiones durante su etapa productiva, para atender su mínimo vital que forjo durante dicha etapa.

Adicionalmente a los pensionados se les descuenta la totalidad de los aportes en salud es decir un 12% de su pensión mientras que a los trabajadores activos solo el 4%, más un porcentaje de fondo de solidaridad que es también una carga tributaria real, es decir más del 12% de descuento sobre el valor de la pensión. Esta situación es tan inequitativa que el mismo Presidente de la República Juan Manual Santos así los reconoció y prometió corregir este adefesio en su campaña, promesa que hasta la fecha no ha sido honrada.

De otra parte los incrementos anuales de las pensiones se efectúan con base en el IPC, mientras que los ingresos de trabajadores activos se realizan con base en el aumento del salario mínimo más un porcentaje de productividad, que es superior al IPC, lo cual constituye igualmente, una verdadera inequidad que en términos reales le ha hecho perder valor a la pensión.

Por todo lo anterior y sin olvidar que efectivamente hay necesidad de recaudo de parte del Estado, se debe usar más la imaginación y buscar otras alternativas que permitan sustituir este pretendido recaudo que dada la recomendación planteada por la comisión no representaría mayores ingresos tributarios y en cambio se impondrían cargas tributarias sobre los ahorros de los pensionados incumpliendo, además, la promesa reiterada hecha por el señor Presidente en el sentido de no crear nuevos gravámenes. El Gobierno Nacional a través de la DIAN y en aras de obtener ingresos debería enfilar todos sus esfuerzos en combatir la elusión y evasión que según los últimos cálculos supera la increíble cifra de $63Billones de pesos e implementar un adecuado control interno que evite que de sus mismas arcas sean saqueados impuestos pagados por los colombianos como sucedió con el caso de la devoluciones de IVA por parte de los chatarreros, para mencionar un solo caso.

Como conclusión se puede decir que no puede someterse a los pensionados a tributar sobre sus ahorros asimilándolos a asalariados e independientes puesto que no se encuentran en la misma situación de rentas, y bajo esa disimilitud aplicarles una misma regla tributaria implicaría una violación flagrante al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política que exige igualdad de situación para recibir el mismo trato. Lo anterior se sustenta en:

  • Los asalariados e independientes reciben renta en su etapa productiva, mientras que los pensionados reciben el producto de sus ahorros en la etapa improductiva.
  • La renta de los asalariados se incrementa en un porcentaje superior al de los pensionados puesto que la pensión solo se ajusta por el IPC, esta situación ha afectado en forma significativa a través del tiempo el valor corriente de la pensión.
  • Los asalariados aportan mucho menos al sistema de salud como se mencionó anteriormente.

 

Agradecemos su atención.

 

PENSIONADOS DE COLOMBIA

(A CONTINUACION FIRMAS

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