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Mujeres con familiares desaparecidos sufren más la opresión

Por Marcela Belchior (Adital Noticias)

En la condición de esposas, madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas, mujeres de varias partes del mundo no sólo sufren un camino accidentado en busca de resoluciones para los casos y soluciones para encontrar un pariente. Situaciones generadas por las desigualdades de género les imponen a ellas una serie de penalidades extras. La conclusión es señalada en una reciente investigación realizada por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), que actúa en más de 30 países, apoyando necesidades locales y promoviendo el intercambio de experiencias. En América Latina, la situación es particularmente preocupante en Colombia, cuyo conflicto armado interno ya dura más de 50 años. En México y Centroamérica, las desapariciones forzadas también son frecuentes teniendo en cuenta la guerra contra el narcotráfico y el desplazamiento hacia Estados Unidos.

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En América Central, mujeres luchan en busca de parientes que desaparecieron durante su migración a Estados Unidos. Foto: Reproducción.

Según la entidad, las opresiones de género, muchas veces se sobreponen a los perjuicios económicos, legales, sociales y psicológicos de esas mujeres, que buscan a un pariente, que en muchos casos era proveedor de la familia. La pérdida obliga al público femenino a aceptar trabajos mal remunerados e inseguros, además de que las mujeres se exponen a riesgos de ser explotadas o que vulneren su bienestar y la educación de sus hijos. Además, en la mayoría de los casos, esposas de personas desaparecidas no pueden tener acceso a los bienes del marido ni tienen derecho a beneficios sociales, que las amparen en ausencia del compañero.

Según la investigación, muchas mujeres se ven obligadas a declarar fallecidos a los parientes como única salida para recibir algún beneficio social por parte del Poder Público. Socialmente, las mujeres pueden, inclusive, sufrir condena por parte de la propia familia por la desaparición del compañero, dejándola en situación de ostracismo por tratarla como una carga financiera.

En culturas con el patriarcado más fuerte, esposas de hombres desaparecidos pierden el respeto y la posición social, siendo estigmatizadas y marginadas. El temor de perder la custodia de los propios hijos también contribuye para que esas mujeres acepten la ayuda de los demás familiares, aunque pierdan su autonomía en la organización y mantenimiento de las necesidades cotidianas.

De acuerdo con el estudio, las mujeres que lidian con la desaparición en la familia, sufren de una mal llamada “pérdida ambigua”, causada por la constante incertidumbre y por la tensión generada por la desaparición forzada. La ausencia de los parientes coloca a las mujeres en la línea de frente de la búsqueda de respuestas, muchas veces a costa de riesgos personales, como amenazas, secuestros y violencia psicológica.

De acuerdo con Amrita Kapur, del ICTJ, comprender las necesidades concretas de las mujeres ayuda a gobiernos y entidades a concebir programas y a crear instituciones que afronten, eficazmente, las consecuencias de larga duración para las mujeres que lidian con casos de desapariciones forzadas. “Para facilitar el luto público y el proceso de cicatrización de heridas, también son importantes las reparaciones simbólicas, que deben ser hechas después de consultar a familiares y comunidades, con la finalidad de impedir la retraumatización y el rechazo del entorno”, afirma Kapur.

En ese sentido, ella recomienda, por ejemplo, que en monumentos a desaparecidos, se reconozca también el papel de las mujeres como activistas y defensoras de la verdad y de la justicia. Tal medida ayudaría a superar estereotipos que todavía las retratan como víctimas pasivas.

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En Argentina, mujeres de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo buscan hijos desaparecidos desde la dictadura militar de Jorge Rafael Videla (1976-1981).

Sepa más

En los últimos 35 años, en más de 80 países del mundo, desaparecieron, de manera forzada, decenas de miles de personas, como consecuencia de conflictos o actos de represión. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue el primero en reconocer internacionalmente este derecho, el año 1983, con referencia a Uruguay.

Jurídicamente, ese status de desaparecido fue reconocido en 1988, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con un caso de desaparición forzada registrado en Honduras. A partir de ese momento, la actuación de los gobiernos ante esa violación de derechos ha avanzado en el sentido de incluir la búsqueda de la verdad, a través de exhumaciones, juicios, reparaciones y cambios en la legislación.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, y ratificada por Colombia en 2012, consagra el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad sobre sus parientes y obtener reparaciones.

 

Es periodista de Adital. Maestra en Comunicación y Semiótica en Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), investiga las relaciones culturales en América Latina.

Correo electrónico:
marcela@adital.com.br
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