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Mandos medios y corrupción

Por William Giraldo Ceballos

Foto eltiempo.digital

La red de corrupción descubierta en la Contraloría de Bogotá es apenas el punto de partida de lo que debería ser la acción de la Fiscalía General de la Nación o lo largo y ancho de las entidades públicas ante las cuales ciudadanos y empresarios adelantan trámites que van desde la solicitud de licencias de funcionamiento, hasta la contratación de obras y  las compras a proveedores de bienes y de servicios.

Los mandos medios. Muchos de ellos con delegación autorizada para contratar, comprar y dar trámite paso a paso a las solicitudes, tienen también “la sartén por el mango” para hacer sus fechorías.

Agilizar un permiso “tiene un costo”. El industrial o el empresario aspirantes a suministrar  bienes y  servicios a las instituciones oficiales, deben pagar por interpuesta persona “el favor” de convertirse en proveedores bajo condiciones tales como subir o encarecer la oferta con el ánimo de incluir en el precio aquel porcentaje que se destinará “al jefe” o al “comité” que toma las decisiones.

Es la corrupción estimulada desde los despachos oficiales y en la que incurren ciudadanos y empresarios que no encuentran otra alternativa para lograr los objetivos en sus trámites, licencias o permisos y en las actividades económicas que desarrollan.

Llama la atención que muchos de los funcionarios que, apalancados por padrinos políticos acceden a la administración pública para devolver  favores a sus protectores y obtener patrimonios personales mal habidos.

Del uso del servicio público de transporte para llegar a la oficina, pasan al manejo de vehículos de alta gama. Pasan en corto tiempo del pago de arrendamiento en un barrio popular a copropietarios en nuevos condominios,  el “Club House” de estrato diez  o con una segunda vivienda en conjuntos campestres de lujo. Algunos fuera del país.

Pertenecer a la nómina oficial se convirtió en un ascensor para adquirir estatus  a costillas de los que pagan impuestos, de los ciudadanos comunes y de los empresarios convertidos en sus cómplices.

Lo que ocurre en Bogotá está pasando en el país. Los presupuestos para la salud, para el bienestar de las familias más pobres, las ayudas para los adultos mayores más humildes, se quedan olvidados en la administración pública para financiar campañas electorales locales, como ocurrió en Girardot, Cundinamarca en donde no se volvió a saber nada sobre el proceso de los dos alcaldes -el anterior y su sucesor- avalados por un partido que prefiere pasar de agache y que de esa forma alcahuetea la corrupción de sus candidatos a los cargos públicos.

La Contraloría de Bogotá es hoy por hoy  una fabrica de nuevos ricos.

Parafraseando al desaparecido colega Antonio José Caballero: “muchos lucen cosas que valen más que ellos”

Y todo pasa a los ojos de todo el mundo, pero nadie ve, nadie investiga, nadie dice nada.

 

 

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