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Eliminar los subsidios en los servicios públicos ¿ y la devaluación?

Por William Giraldo Ceballos

Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda. Foto Revista Semana

Frenar la devaluación del peso frente al dólar, sería una medida también efectiva para desmontar los subsidios que pretende el gobierno del Presidente Iván Duque  con la aplicación de tarifas reales a los servicios públicos domiciliarios  y sobre todo porque ese costoso estímulo a las exportaciones lo pagan todos los colombianos.

Se creyó originalmente que la devaluación gradual de la moneda nacional acabaría con la dependencia de las exportaciones de café, pero se convirtió en un susbsidio a los empresarios  que, atenidos a ese beneficio, no han desarrollado herramientas propias para ser competitivos en los mercados internacionales.

La devaluación, además, encarece el servicio o pago de la deuda internacional del país.

¿Pensará el Ministro Alberto Carrasquilla eliminar también el recargo del 20 por ciento en las tarifas de servicios públicos que pagan desde 1994 los “ricos” de los estratos 4, 5 y 6 para subsidiar a los más pobres de los estratos 1, 2 y 3?

Una decisión absolutamente política adoptada en 1994 con base en la herramienta de la estratificación, es decir la división de los colombianos en seis clases sociales, se estableció en Colombia los subsidios en las tarifas de servicios públicos para los más pobres mediante una mezcla de aportes del Estado y con el recargo tarifario  o “contribución”  del 20 por ciento de los más ricos.

El gobierno de entonces le dio un carácter populista a la medida bajo la premisa de que los más ricos, ubicados en los estratos 4, 5 y 6  subsidiarían las tarifas de los pobres ubicados en los estratos 1, 2 y 3.

Según las leyes 142 y 243 de 1994 el  recargo del 20 por ciento en las tarifas de los más ricos  estaría acompañado por las contribuciones que para el mismo propósito harían el sector no residencial -comercio e industria- más los recursos administrados por el Ministerio de Minas y Energía, para subsidiar el consumo de electricidad y gas, a través del Fondo de Solidaridad y del hoy Ministerio de las TIC, en el caso de la telefonía y, en materia de agua, una parte del subsidio  correría a cargo de los municipios y los departamentos.

Otras leyes desarrollaron posteriormente el mandato de la Constitución Nacional establecido en ese sentido en el Capítulo 5 para  que el Estado busque el bienestar general y el mejoramiento  de la calidad de vida  de la población, o sea la norma superior a la legalmente argumentada ahora por el Departamento Nacional de Planeación, según la cual la Ley del Presupuesto es superior a todas las demás en materia de la administración de la Hacienda Pública.

Pero aterrizando a la realidad, cuando el país suma hoy una informalidad muy superior a la de 1994, sería una descalabro político más grave quitarle el subsidio del 50 por ciento a las tarifas de los servicios públicos del estrato 1 y del 40 por ciento al estrato 2.

De acuerdo a la encuesta del Sisben, en el estrato 1 están aquellas familias que difícilmente obtienen  un ingreso de supervivencia, mientras en el estrato 2 están aquellos hogares en donde su progreso se mide por  adquirir un televisor, un equipo de sonido o una nevera.

Si bien es cierto que los subsidios engendran maliciosas dependencias y el aprovechamiento indebido por parte de avivatos   que se ubican en los sectores más deprimidos para beneficiarse de las tarifas subsidiadas en energía, gas y agua, hacerlo de manera tajante y sin un estudio socio-económico adecuado, sería una injusticia.

Está en manos del Congreso un juicioso y más científico  -¿se les puede pedir eso a los legisladores?- examen de la propuesta contenida en el Plan Nacional de Desarrollo.

La propuesta puede presentarse como  pragmática.

¿Pero, se pregunta la opinión pública, hay pragmatismos en un Estado  que paulatinamente ha destinado de manera creciente el recaudo de impuestos al gasto de funcionamiento en detrimento de políticas para corregir la iniquidad social?

Ya son 17 ministerios y en los últimos 20 años más de 50 agencias estatales creadas para optimizar las faenas oficiales  sin mejorar las condiciones de vida de los colombianos.

Hay más empleos informales, incluidos los de los profesionales y el nivel de los ingresos han crecido inversamente.

Y todos los colombianos son consumidores de una gran variedad de productos importados, incluyendo ya el arroz y el café.

 

 

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