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Los magistrados de la JEP: desafíos de una jurisdicción asediada

Por Camilo Ernesto Bernal* (razonpublica.com)

La Justicia Transicional es un modelo diseñado para cerrar conflictos y sanar heridas, dijo el Presidente Santos durante la entrega de la lista de 51 magistrados encargados de aplicar la JEP.

En medio del debate sobre la reglamentación de este sistema judicial, se anunciaron los nombres de sus 51 magistrados. ¿Qué retos deberán enfrentar? ¿Qué deben hacer para promover la confianza ciudadana en la justicia y en esta nueva jurisdicción?

Y finalmente llegaron las magistradas…

El 26 de septiembre el Comité de Escogencia anunció la lista de los 51 magistrados y magistradas que conformarán las salas y secciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y el nombre de la Directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

La nota característica del cuerpo judicial escogido es su heterogeneidad. Por primera vez las mujeres son mayoría (20 magistradas), incluyendo a la primera presidenta Patricia Linares. Los pueblos étnicos están representados por ocho togados, dos mujeres y dos hombres indígenas, y tres mujeres y un hombre afrocolombianos. Entre las personas escogidas se encuentran destacados abogados y abogadas defensores de derechos humanos, académicos, litigantes, negociadores técnicos del proceso de paz, y también, integrantes y exintegrantes de la justicia ordinaria y militar.

Uno de los aspectos quizás más interesantes de la decisión del Comité reside en su habilidad para decepcionar y producir desconcierto entre el amplio público que esperaba su decisión, por distintas razones. Según el vocero del Comité Diego García Sayán, ellos buscaron que la JEP no fuera un espejo de la justicia ordinaria. Y lo lograron.

Pero un público heterogéneo manifestó en las redes sociales su rechazo a los jueces  seleccionados con distintos argumentos y matices:

  • De un lado están los distintos grupos de poder vinculados al proceso de paz que esperaban mantener su influencia y el control de la aplicación de la ley por interpuesta persona. Para ellos la tarea estuvo mal hecha, entre otras razones, por la indebida presión de los grupos rivales sobre el Comité. Por ello lamentan la falta de transparencia y advierten que esta escogencia pone en riesgo el proceso de paz.
  • Muy de cerca están los futuros afectados con la funciones de la jurisdicción, que ante la falta de argumentos y la magnitud de la amenaza que perciben con los nombres de los escogidos, salieron a descalificar de forma personal a algunos de magistrados quizá con la vana ilusión de neutralizarlos.
  • De otro lado están los distintos sectores que integran la profesión jurídica, para quienes los criterios utilizados en la selección resultaron ser incomprensibles. Estos se quejan porque juristas de amplio renombre, que según su interpretación “tenían una silla asegurada”, hoy no forman parte de la JEP; mientras que unos “aparecidos”  que no tiene ni “el porte” ni “la tradición” dentro de la rama judicial tendrán en sus manos el ejercicio de la magistratura.
  • A este grupo se une el sector de profesionales que sin tener los conocimientos ni la experiencia esperaba colarse en el ramillete de los ungidos, y naturalmente, no fueron considerados.
  • Finalmente está un sector que públicamente celebra que las mujeres gobiernen la JEP pero que en privado y en los corrillos se preguntan si tendrán los conocimientos, el temple y la valentía para sentar a los máximos responsables en la silla de los acusados.

El debate democrático sobre la escogencia de los funcionarios del sistema integral es saludable y debe ser promovido, máxime cuando la ciudadanía no tiene confianza en los procesos de selección de altos dignatarios del Estado. No obstante, es importante tener claro que cualquier metodología utilizada para la escogencia de los jueces iba a producir descontentos.

Es válido que la opinión pública debata sobre si los escogidos son más idóneos que los excluidos, o si alguna suplente debería ser titular; incluso es válido discutir si algunos de ellos tendrán que declararse impedidos cuando asuman competencia. Pero nada de ello invalida el proceso de selección.

Pero tal vez el logro principal  de esta experiencia será el que pueda servir de ejemplo para renovar el sistema de administración de justicia de Colombia, con el fin de incluir profesionales altamente competentes y de hacerlo realmente equitativo en términos de acceso de las mujeres, de los pueblos étnicos, de las regiones, de la academia y de sectores independientes.

El reto de corto plazo: crear la JEP

Debate sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.
Debate sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.
Foto: Conexión Capital

Aunque suene paradójico el primer reto de los magistrados escogidos es el de “crear” la institución en la que van a trabajar. Algunas cosas dependerán del Congreso y del gobierno, y otras de su propio trabajo.

Si bien hay avances desde el punto de la regulación normativa, como lo mencioné en otro artículo para esta revista, el ejercicio de las funciones jurisdiccionales depende directamente de que se expida la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, que actualmente se discute en el Congreso.

Hoy el Gobierno no tiene las mayorías suficientes para lograr la aprobación de la iniciativa en el Senado (necesita 53 votos, perdió 8 de Cambio Radical, no tiene los 20 de Centro Democrático), ni en la Cámara (necesita 84 votos, perdió 16 de Cambio Radical, no tiene los 19 de Centro Democrático) debiendo sortear la oposición de esas poderosas bancadas:

  • De un lado, Cambio Radical anunció públicamente que no votará el articulado por considerar que el texto incluye exagerados beneficios para los integrantes de las Farc, y pone en riesgo los intereses de los empresarios y del campesinado.
  • De otro lado, el Centro Democrático  que ha rechazado la JEP por considerarla “la justicia de las Farc”, decidió promover un referendo para sacarla de la Constitución y reemplazarla por la Justicia Penal Militar.

Dado que la aprobación de la norma es incierta, el Presidente Santos decidió avanzar promulgando un decreto con disposiciones transitorias para poner en funcionamiento la Jurisdicción. Se espera que con estas normas la presidenta, el secretario ejecutivo de la JEP y el Ministerio de Justicia puedan poner en marcha el trabajo de las salas y secciones antes de la llegada de la Ley estatutaria.

Sin embargo, estas medidas no le quitan urgencia a la expedición de la Ley estatutaria. Como la política es dinámica, habrá que esperar el desenlace de este trámite legislativo, que ojalá termine positivamente.

Los retos de mediano plazo: ¿La JEP: tribunal para la venganza?

Corte Suprema de Justicia.
Corte Suprema de Justicia.
Foto: Corte Suprema de Justicia

Mientras se sortea (o no) este importante obstáculo, los magistrados tendrán que darse su reglamento, crear su código de procedimiento y asumir las funciones judiciales establecidas en las normas ya aprobadas. En el entre tanto, tendrán que enfrentar muchos desafíos técnicos y políticos.

Primero tendrán que demostrar que están en capacidad de asumir sus funciones de manera imparcial, validando en cada actuación su respeto por el derecho al debido proceso, que corresponde a los perpetradores y a las víctimas, con el fin de quitarle piso a quienes acusan a la jurisdicción de ser un tribunal para la venganza o para la impunidad de las atrocidades.

Tendrán que demostrar con hechos concretos que el mecanismo de justicia se rige por el imperio de la ley, la lucha contra la impunidad, y no por consideraciones políticas. Su independencia se pondrá a prueba todos los días, con las presiones mediáticas de todos los que tienen interés y esperan beneficiarse en términos generosos de las actuaciones de la jurisdicción.

En otra dimensión de este desafío se ubica el reto de que los magistrados restablezcan la confianza ciudadana en la justicia. Hoy, frente a la captura del antiguo director de la unidad anticorrupción de la Fiscalía y de un ex presidente de la Corte Suprema por su participación en varios hechos de tráfico de influencias y corrupción (que comprometen a otros magistrados de la Corte), es realmente muy difícil pedirle a la opinión pública que confíe en las cortes y en el sistema judicial.

Segundo, los magistrados tendrán que diseñar mecanismos eficaces para lograr que la participación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones al DIH sea efectiva, y en condiciones de dignidad y seguridad, para que su dolor y su verdad formen parte de las decisiones judiciales. Este reto es mayúsculo por dos razones:

  • Hasta la fecha las partes negociadoras instrumentalizaron la retórica de las víctimas y de sus derechos para obtener el apoyo popular frente al Acuerdo de paz, mientras que, en los desarrollos normativos (incluido el proyecto de Ley estatutaria) les han impedido el reconocimiento de sus derechos y facultades como intervinientes especiales. Si los parlamentarios no revierten esta situación ahora mismo, la única oportunidad para concretar la participación efectiva de las víctimas, sin ser perfecta, vendría a ser la futura elaboración del Código de procedimiento de la JEP.
  • Por otra parte, traducir la retórica del Acuerdo final sobre la centralidad de las víctimas en un proceso penal incluyente, respetuoso de los enfoques diferenciales y con reconocimiento de las diferencias territoriales, para un universo de millones de víctimas, es realmente un imposible práctico. Los magistrados tendrán que diseñar un sistema eficaz que brinde justicia a las víctimas, haciendo un uso transparente y ampliamente debatido de sus facultades de priorización y selección de casos, con la debida articulación con los otros mecanismos no judiciales del sistema.

 

* Abogado criminólogo y profesor de la Universidad Santo Tomás. 

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