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Los intocables, en Colombia son incontables…

Por Paola Ochoa Amaya, Diario El Tiempo, Bogotá

Ilustración: Juan Felipe Sanmiguel

En Brasil meten a la cárcel al que viole la ley, no importa si es el dueño del país. En Colombia, la justicia sigue ciega.

“Detrás de toda gran fortuna siempre hay un gran crimen”. La frase es de Balzac, el novelista francés más importante de la primera mitad del siglo XIX. Y cae como anillo al dedo para entender lo que está pasando en Brasil, en donde varios multimillonarios están yendo presos por delitos de talla mayor, como enriquecimiento ilícito y corrupción.

Este martes pasó lo impensable: la justicia brasilera condenó a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, el constructor más grande y poderoso del Brasil. Odebrecht pagó cientos de millones de dólares en coimas y sobornos para quedarse con licitaciones de Petrobras, la petrolera estatal. Giró el dinero a través de paraísos fiscales y cuentas offshore, a nombre de empleados o subordinados.

Su condena se produce tan solo nueve meses después de haber sido detenido por la Fiscalía, que todo el tiempo lo tuvo recluido en una cárcel en Curitiba. Aquí no hubo penthouse por cárcel, ni rumbas con whisky y manicuristas. Acá la justicia fue implacable, a pesar del reto que tenía por delante: un billonario que manejaba el país a su antojo, financiaba millonarias campañas para presidente, quitaba y ponía mandatarios como quien juega ajedrez.

Por corrupción en Petrobras también está siendo investigado otro poderoso multimillonario: el banquero André Estevez, dueño del PTG Pactual, cacique del sistema financiero brasileño y latinoamericano. Estevez y Odebrecht pagaban ‘serruchos’ para quedarse con contratos inflados, a lo largo y ancho del Estado. Las licitaciones de Petrobras les servían para obtener millonarios contratos y enriquecerse aún mucho más.

El escándalo en Brasil no solo salpica a los billonarios: también a los políticos más pesados. Hace apenas cinco días, la Fiscalía detuvo a Lula da Silva, el expresidente más popular del país suramericano. Lo acusa de ser “uno de los principales beneficiarios” de una trama para favorecer a empresas corruptas entre los años 2004 y 2012. Por eso el viernes lo interrogó sin descanso: cheques, giros, pagos, remodelaciones de apartamentos tríplex en la playa y desvío de dinero para beneficiar a contratistas de la petrolera estatal.

¡A Lula! El político más poderoso del Brasil, el hombre que sacó a 30 millones de personas de la pobreza, el gobernante más importante de las últimas dos décadas en Latinoamérica. La investigación no para ahí: un total de 48 congresistas brasileños también están siendo investigados, incluidos los actuales presidentes de Cámara y Senado.

Pero mientras en Brasil los políticos y billonarios corruptos son tratados como criminales, en Colombia a los pillos con plata y poder se les trata como divinidades: hasta a Víctor Maldonado, de Interbolsa, están a punto de darle casa por cárcel. Ya pasaron los 240 días –desde el 22 de mayo del 2015– tras la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, y las audiencias de juicio no arrancan. La clásica de los abogados marrulleros: vencimiento de términos.

Le darán el beneficio y lo mandarán a una mansión en Cartagena o Bogotá. Al igual que su cómplice en Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, quien ‘paga’ su pena en un penthouse de 800 metros cuadrados, con sirvientes y comodidades a todo taco. O como a Guido Nule, que le dieron casa por cárcel porque se le dañó una rodilla y tenía que andar en silla de ruedas. O Erbert Otero, extesorero del Citibank y exsocio de Proyectar, quien paga su terrible condena desde una estrafalaria mansión en la sabana de Bogotá.

O como Emilio Tapia, ‘la Gata’ y el exgobernador de La Guajira ‘Kiko’ Gómez: todos condenados pero pagando sentencias en la Naval de Cartagena o en hospitales de primera, dizque porque están amenazados o muy enfermos. O como Iván Moreno, en una cárcel de baja seguridad en San Gil (Santander). O su hermanito Samuel, a quien después de 8 años por fin lo condenaron por los contratos de las ambulancias. La Fiscalía está pidiendo 25 años, pero si mucho le darán 15 y le descontarán los 8 que ya lleva.

La historia de impunidad en Colombia es larga. Jaime Michelsen no pagó un solo día de cárcel, a los Lloreda nunca los tocaron y hoy viven en Miami por todo lo ancho y Jaime Lara –con circular roja de la Interpol– se pasea por los clubes sociales bogotanos. A los pillos de la élite colombiana no los tocan. Somos el país de los intocables.

Brasil, aunque está en una situación muy complicada, tiene sobre qué construir hacia delante. Nosotros no hemos podido acabar con la impunidad que más duele: la de los poderosos y ricos del estrato 6.
@PaolaOchoaAmaya

 

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