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Los “falsos positivos” y la libertad de expresión

Lo Mejor del Domingo por Eligio Palacio.

Los "falsos positivos" (lafm.com.co)

Seis importantes columnistas expresaron libremente sus puntos de vista frente  a los crímenes perpetrados por hombres uniformados que cegaron en los últimos años la vida de miles de indefensos colombianos , a cambio de honores, condecoraciones y ascensos, bajo el supuesto actuar en nombre y en defensa de la patria.

En distintos medios de comunicación pero con la misma sensibilidad, Maria Elvira Bonilla, Antonio Caballero, Hernando Gómez Buendía, Felipe Zuleta Lleras, María Jimena Duzán y Ramiro Bejarano, coincidieron al abordar un tema que avergüenza a las fuerzas militares y clama justicia de las víctimas, de sus familias y de la sociedad civil colombiana:

PAZ

EL ESPECTADOR

¡QUE HABLEN LOS GENERALES!

María Elvira Bonilla

Más de un colombiano de aquellos que han tomado decisiones de guerra no debe dormir tranquilo. La conciencia toma voz en los desvelos y los muertos nunca callan.

Y no pienso en los guerreros rasos del ejército legal y de los grupos al margen de la ley, los que hunden el gatillo, esos padecen su tormento en el diario vivir de sus precarias existencias. Pienso en los hombres de las decisiones, ¡tan erráticos!, que mantienen a los colombianos atorados en ese conflicto, degradado desde donde se le mire.

Porque nada más degradado que las acciones de miembros de las Fuerzas Militares que terminaron en el asesinato a sangre fría y premeditado de gente inocente, campesinos, ciudadanos humildes, para responder a la directiva 29 del 25 de noviembre de 2005, firmada por el Ministro de Defensa Camilo Ospina en el gobierno de Álvaro Uribe. Fue el único acto por el que se mal recordará el efímero paso de este abogado, quien dejó la Secretaría Jurídica de la Presidencia para ser cabeza de las FF. MM. y viajar luego a la OEA a intentar apagar los incendios por las investigaciones que caminaban con pie firme contra su jefe por la violación de derechos humanos amparada en el propósito de derrotar a cualquier precio a la guerrilla de las Farc.

La directiva de Camilo Ospina creó los incentivos perversos de recompensas por bajas, sin controles claros, que derivó en las ejecuciones extrajudiciales. Además de asesinarlos, se pagó por su muerte cerca de $ 4 millones. Nunca se sabrá, por el secretismo con el que las FF. MM. se gastan los $23 billones de presupuesto, cuánto pagamos los colombianos por matar compatriotas inocentes.

Firmada la perversa directiva, Ospina permaneció seis meses más en el Ministerio. Lo sucedió Juan Manuel Santos en cuyo período —2006 a 2009— se reportó, según la Fiscalía, el mayor número de asesinatos extrajudiciales por los cuales están condenados 817 soldados, cabos y tenientes, e investigados 22 generales. Le siguieron Gabriel Silva, Rodrigo Rivera y Juan Carlos Pinzón, a quienes le han seguido reportando bajas como principal criterio de resultados operativos.

Desde que estalló el escándalo de los falsos positivos, los dos presidentes, Uribe y Santos, y los cinco ministros de defensa, han intentado evadir responsabilidades tratando de convencer que la aterradora cifra de 3.000 inocentes fue el resultado de comportamientos irregulares aislados. Pero la teoría empieza a desmoronarse. El cambio de modelo de investigación del fiscal Eduardo Montealegre, basado en la teoría de delitos de sistema, empieza a demostrar que en efecto hubo sistematicidad y que se trató de un entramado de hechos que respondía a un plan de acción con patrones identificables, en el que los oficiales se limitaban a pedir bajas sin averiguación alguna, terminado avalados y premiados por la jerarquía militar. La Fiscalía habría identificado a 180 batallones y otras unidades tácticas, adscritos a 41 brigadas, con lo cual se confirma que no se fueron comportamientos individuales y que la institución está más manchada de lo que Santos quiere aceptar. Los primeros cuatro generales más comprometidos ya fueron llamados a interrogatorio. Ojalá empiecen a hablar, sin necesidad de comisión de la verdad.

EL INFIERNO EN COLOMBIA

Hernando Gómez Buendía

Jonathan Soto fue una de las 4.475 víctimas. Tenía 17 años y parece que andaba en malos pasos. Le ofrecieron un trabajo en Ocaña.

Lo llevaron. Lo mataron. Le pusieron un vestido de las Farc. Lo registraron como baja en combate. Lo enterraron bajo un NN.

Una barbarie como las pipetas, las motosierras, los sicarios, los secuestros o las violaciones. Como la larga cadena de barbaries que son la historia de la humanidad: como los genocidios, la guerra química, las ciudades bombardeadas o los campos de concentración.

Quizá no es para tanto. Al fin y al cabo estamos ante no muchos muertos, de un único balazo, de sujetos “desechables”, de un exceso de celo en guerra justa, de que ya hay muchos soldados condenados.

O tal vez sí es para tanto, porque los hechos que intentamos esconder bajo el nombre anodino de falsos positivos, son un capítulo inédito y horrible en la historia terrible de la barbarie humana:

—Primero porque esta atrocidad no se propuso destruir o afectar al enemigo. Su víctima no fue el soldado extranjero, el guerrillero, el adversario político, el sospechoso, el de la raza inferior o la persona odiada. Fue un crimen de guerra por fuera de la guerra.

—Segundo, por la falta de motivo. En la guerra se mata para defenderse, vencer al enemigo, obtener información, difundir el terror o satisfacer un odio visceral. Repáselas Usted: a Jonathan no lo mataron por ninguna de estas causas.

—Tercero, por el cúmulo de infamias: concierto para delinquir, desaparición forzada, trata de personas, asesinato, falsificación de documentos y fraude.

—Cuarto, por la no-identidad de la víctima. Fue alguien escogido con cuidado que sin embargo no existe sino como cadáver para ponerle un informe. Alguien que sirve sólo si no es nadie.

—Quinto, por la identidad de los victimarios. No fueron hampones, guerrilleros, terroristas ni enfermos mentales: fueron 5.133 miembros de nuestra Fuerza Pública que han sido o están siendo investigados, más los generales y civiles al mando que no han sido sujetos a investigación penal ni a sanción política.

—Sexto, por lo hondo que apunta. El acto fue demasiado deliberado para ser fruto de un impulso, necesitó demasiados cómplices para ser un secreto y fue repetido demasiadas veces para tratarse de manzanas podridas o de casos aislados.

—Séptimo, por lo alto que apunta. Hay presidente, ministro, generales y comandantes en todas las brigadas que han sido —o que no han sido— investigados por sus doctrinas, sus directrices, sus órdenes o su ignorar lo que estaba sucediendo. Hay la huella palpable de una brutal cultura de cuartel. Y hubo un incentivo suficiente para que cerca de 5 mil agentes del Estado asesinaran a esos 4.475 jóvenes, con el único fin de ganar otra medalla y unos días de licencia.

—Octavo, porque debimos esperar 7 años para que una ONG extranjera viniera a recordarnos que los grandes culpables de esta atrocidad van en camino de quedar impunes.

¡Como duele Colombia!

 

 

OTRO SAPO GRANDE

Felipe Zuleta Lleras

Tal vez en una de las decisiones más difíciles y duras que haya tomado la Fiscalía General de la Nación desde su creación en 1991 es la de vincular a 4 generales de la república, 2 retirados y 2 en servicio activo, al mal llamado episodio de los falsos positivos, cuando realmente se trató de ejecuciones extrajudiciales.

Valerosa decisión y ciertamente peligrosa pero necesaria.

A la fecha la Fiscalía tiene más de 900 condenas por estos hechos y otro par de miles de investigaciones, por unos hechos que ocurrieron supuestamente entre el 2006 y el 2010, pero que, según algunos investigadores, venían sucediendo desde el 2002.

Estas ejecuciones sin lugar a dudas se aumentaron cuando el Ministerio de Defensa expidió la norma que incentivaba las bajas con permisos y recompensas. Se dispararon los crímenes, pues se impuso la política del conteo de cuerpos o body count, como se conoció durante la guerra de Vietnam. Es decir, una manera monstruosa de medir los resultados de la guerra.

Es claro que este triste episodio para las fuerzas militares acabará, más temprano que tarde, salpicando al entonces ministro de Defensa, al presidente Juan Manuel Santos, un hombre que hoy se la juega por la paz, pero quien durante el gobierno del presidente Uribe se la jugó a muerte por la guerra.

Todo esto es el contrasentido del conflicto armado. En donde en algún momento nuestras fuerzas militares utilizaban los mismos mecanismos criminales de la guerrilla para combatir al enemigo. Eso por supuesto es totalmente prohibido en un Estado de derecho, en donde el Estado jamás puede utilizar las armas de la Nación para delinquir en contra de su enemigo. Entiendo que a muchos les parecerá que eso  no es lo justo, pero desafortunadamente para ellos, la democracia impone unas normas que no pueden ser vulneradas por el Estado y por sus fuerzas militares.

Y claro está, resulta imposible no atar este tema con los diálogos que se están llevando a cabo en La Habana, pues al final del día, ese proceso de paz debe culminar precisamente en un acuerdo que permita a nuestros soldados y policías —que hayan cometido crímenes— y, a los criminales de las Farc, acogerse a la justicia transicional que tanto detestan los enemigos del proceso.

Crimen es crimen, sin importar de dónde provenga. Y de ahí la importancia de lo que han propuesto el expresidente Gaviria y el fiscal Montealegre de garantizarle a los miembros de las FF. MM. que sus procesos nunca serán reabiertos una vez se hayan acogido a la justicia transicional. De no ser así, no existe la menor posibilidad de que alcancemos la paz, pues sería un exabrupto que los soldados acaben presos y los guerrilleros libres.

Por eso es necesario que entendamos que el país debe apoyar el proceso de paz, proceso que debe beneficiar a todos por igual pues es en la práctica la única manera sensata de acabar la guerra. El país, como dice el presidente, debe tragarse muchísimos sapos y este es uno de ellos y muy mal que sabe.

 

 

TRAGEDIA QUE NO CESA

Ramiro Bejarano Guzmán

Los falsos positivos siguen siendo un drama tanto para las familias de las víctimas que con razón reclaman verdad, justicia y reparación, como para las fuerzas militares y el gobierno, que se vieron desarticulados a la hora de poner la cara.

El informe estremecedor sobre “El rol de los altos mandos en falsos positivos” de Human Rights Watch (HRW), reveló informaciones de gravedad suprema que hacen parte de expedientes de la Fiscalía. Ahora se habla de generales activos que deberán rendir declaraciones sobre estos hechos, y se ve más claro que estos crímenes macabros no fueron hechos aislados sino una política sistemática de exterminio. No de otra forma se explica que el ministro de Defensa de la seguridad democrática, Camilo Ospina, hubiese expedido la resolución que sirvió de base para que se montara esa tenebrosa operación de ejecuciones extrajudiciales.

Las declaraciones conocidas del presidente y del nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, denotan desconcierto y dificultad para enfrentar el problema. En primer término, Santos, seguramente sin haber leído el informe de HRW, descalificó a la ONG y no sólo pidió que no manchen a las fuerzas militares, sino que se rasgó las vestiduras por la legitimidad de las fuerzas armadas que como institución no estaban siendo cuestionadas. Lo curioso de su declaración fue el reto de querer defender la “legitimidad de las fuerzas armadas hasta la tumba”, claro que no dijo la de quién, si la propia, o las fosas de los muchos desaparecidos.

Y el novel ministro de defensa, a quien hay que desearle que tenga éxitos en su gestión, se le oyeron declaraciones confusas que tendrá que afinar con el tiempo. En efecto, primero Villegas soltó la equívoca frase de “algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia les deberán a la justicia, pero Colombia les debe más a las Fuerzas Militares”. La indiscutible gratitud nacional con militares jamás puede conceder licencia para nada que esté por fuera de la ley, mucho menos para que ejecuten a civiles inocentes. Villegas descalificó a HRW con el argumento de que Colombia hace 5 años no es acusada de violaciones de derechos humanos, como si eso purgara todo lo que todavía está por investigarse y sancionarse de los falsos positivos, que es en últimas lo que está pidiendo la ONG norteamericana, nada más ni nada menos. En los días tempestuosos que le esperan al mindefensa ojalá no esté tan despistado para ofrecer explicaciones a la opinión pública.

Y el inefable procurador, quien tampoco había leído el informe, otra vez dio señales de la concepción fascista con la que se aproxima a los informes de una ONG respetable y acatada como lo es HRW. Según Ordóñez, se trata de informaciones “envenenadas y sesgadas” lo que en su caso es por lo menos una imprudencia, porque es a él a quien le tocará juzgar disciplinariamente a los oficiales que sean llamados a responder por estos hechos. Pero la Procuraduría no tiene norte, unas veces está al servicio de la causa de sus amigotes y copartidarios, como en el caso del magistrado Pretelt o como cuando favoreció al corrupto y diletante de Angelino Garzón después de hospedarse en su casa de Ginebra (Suiza) al mismo tiempo que lo investigaba disciplinariamente, otras persiguiendo a sus críticos o haciendo política partidista.

Se equivoca el Gobierno si cree que con tan precarias declaraciones de sus más encumbradas autoridades doblará la página de este nuevo informe de HRW. El asunto no es solo que este documento ya esté en poder del Departamento de Estado americano, lo que tendrá consecuencias adversas. Mientras aquí unos insensatos ignoran el informe, la prensa mundial da cuenta de cómo en otras latitudes están leyendo este documento que debería ser abordado desapasionadamente por todos los colombianos.

Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación tiene la palabra.

Adenda. El acertado nombramiento de la jurista María Clara Galvis en el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, es un honor para Colombia. Por fin designan a alguien realmente experto en derechos humanos y en derecho internacional humanitario.

 

 

SEMANA

TRES MIL CADÁVERES

Antonio Caballero

Hay que mirar también la responsabilidad de los ministros de Defensa. Y en particular la de Camilo Ospina, que en 2005 ordenó la política del conteo de cadáveres y les puso precio: 3.800.000 pesos.

El presidente Juan Manuel Santos salta a defender “a capa y espada” a los altos oficiales en activo señalados por Human Rights Watch como posibles ordenadores o amparadores de los más de tres mil “falsos positivos” cometidos por los hombres bajo su mando en los años aciagos de los gobiernos de Álvaro Uribe. “¡Que no vengan a mancharlos!”, exige Santos. Pero si están manchados es porque se mancharon ellos, no porque alguien se haya dado cuenta. “¡Sin ninguna documentación de soporte!”, se indigna Santos. No hay documentos, pero hay tres mil cadáveres. Tres mil asesinados disfrazados con uniforme guerrillero después de muertos. Tres mil asesinatos que a los asesinos les valieron premios, días de permiso, condecoraciones, ascensos. Que yo recuerde, fue sin soporte documental, por simple sentido común, como hace siete años el mismo Juan Manuel Santos, por entonces ministro de Defensa, destituyó de un tacazo a 17 coroneles, mayores y generales por las primeras denuncias de estos mismos terribles y vergonzosos “falsos positivos”. Lo que hace ahora HRW es simplemente pedir que se prosiga la tarea que entonces emprendió Santos.

Añade el presidente que los oficiales mencionados por la ONG de derechos humanos “solicitaron a la Fiscalía y a la Procuraduría el registro de sus antecedentes, que demuestran que no hay ni una sola investigación en su contra”. Lo cual no prueba nada; y en cambio habla muy mal de la Procuraduría y de la Fiscalía: ante la macabra y abrumadora evidencia de esos tres mil cadáveres de civiles, el 20 por ciento de los muertos reportados como bajas en combate entre 2002 y 2008, han debido iniciar de oficio investigaciones contra los posibles responsables, tanto por acción como por omisión. El nuevo ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, va más lejos en el sofisma: “Colombia –alega– lleva mucho tiempo sin poder ser acusada de violadora de derechos humanos”.

Ese no es un argumento para rebatir las acusaciones que se hacen ahora, y por añadidura no es cierto: la acusan casi a diario, y desde hace decenios. Los primeros casos de detenidos desaparecidos datan de 1977. La Corte Suprema acaba de condenar a 31 años de cárcel a los militares que asesinaron en 1993 a los negociadores de paz de la Corriente de Renovación Socialista y fingieron que habían caído en combate. Un juez acaba de condenar a 18 años al guerrillero de las Farc que asesinó a su jefe y a su compañera por la promesa de una recompensa multimillonaria que, por lo visto, no le han pagado las Fuerzas Armadas. La Fiscalía acaba de llamar a declarar a cuatro generales retirados de alto nivel de los años de plomo de Uribe, incluyendo a uno que llegó a la comandancia de las Fuerzas Militares. Pues tampoco es verdad, como afirma el presidente, que solamente se hayan “cometido errores” en materia de abusos castrenses. Son demasiados “errores”. Las habitualmente desdeñadas “manzanas podridas” dentro de la institución han acabado por pudrir el barril.

Y si el fiscal Eduardo Montealegre algo investiga, aunque lenta y tardíamente, el procurador Alejandro Ordóñez se empecina en la negativa a hacerlo. Por el contrario: acusa al acusador, siguiendo la habitual táctica de los uribistas, y sentencia campanudo:

–“La actitud del Estado colombiano debe ser de condena frente a esas acusaciones (las de HRW) ligeras y envenenadas por el sesgo que se le conoce”.

Parece que están otra vez como antes del sobresalto de decencia institucional provocado por la revelación de los “falsos positivos” en el primer momento. Otra vez como los tres monos sabios japoneses que se tapan los ojos para no ver, las orejas para no oír y la boca para no hablar.
Me parece, además, que la denuncia de Human Rights Watch se queda corta. Está muy bien que se señale la responsabilidad de la alta oficialidad, y no solo la de los cientos de soldados, cabos y tenientes ya condenados. Pero hay que mirar también la de los civiles que les trazaron el camino de las atrocidades. La de los ministros de Defensa, para empezar. Y en particular la de Camilo Ospina, que en 2005 ordenó la política del conteo de cadáveres y les puso precio: una recompensa de 3.800.000 pesos por cada guerrillero muerto. La de su jefe el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El cual no solo justificó cínicamente los “falsos positivos”, llamando “ajusticiados” a los asesinados e insultándolos después de muertos al insinuar con sonrisita pícara que “no estarían allá cogiendo café”, sino que los promovió activamente con su exigencia a los soldados de que mostraran resultados, ciertos o falsos, de victoria. Lo puedo imaginar en sus tan elogiadas rondas telefónicas de mandos militares al amanecer:

–¡Qué, coronel! ¡Y es que su batallón no combate a la Far o qué? ¿Allá no hay terroristas muertos? ¿Me va a tocar a mí ir personalmente?

Y como por milagro empezaban de inmediato a aparecer cadáveres hasta en los más urbanos cuerpos de intendencia.

Por eso muchos no quieren que se escudriñe la historia para que se esclarezca la verdad. Puede resultar incómoda.

 

 

EL GENERAL EN SU LABERINTO

Maria Jimena Duzán

El general Rodríguez sí tiene una investigación abierta por falsos positivos en la Fiscalía.

El actual comandante de las Fuerzas Militares, general Rodríguez, le ha salido al paso al informe presentado por Human Rights Watch en el que se le vincula a casos de falsos positivos, con más falacias que verdades. Primero ha dicho que no tiene ninguna investigación que lo relacione con esa práctica que según el informe de HRW fue sistemática entre los años 2002 y 2008, y que consistía en escoger desde ladrones y vagos hasta  campesinos inocentes o jóvenes discapacitados para matarlos y hacerlos aparecer como dados de baja en combate. Para despejar las dudas que según él ha sembrado de mala fe el informe presentado por José Miguel Vivanco, muestra un certificado exprés que le dio la Fiscalía horas después de publicado el informe de Human Rights Watch, según el cual la Justicia no tiene ninguna investigación en su contra que lo relacione con falsos positivos.

La verdad es otra: el general Rodríguez sí tiene una investigación abierta por falsos positivos en la Fiscalía desde hace un año. El coronel González del Río, preso desde 2012 por falsos positivos, lo nombró en una declaración el 24 de junio de 2014 ante la Fiscalía, en la que confesó su participación en cerca de 140 casos de falsos positivos.

La mención que hace González del Río del actual comandante de las Fuerzas Militares se remonta a 2008. En ese momento González del Río era el jefe del Gaula de la Cuarta Brigada de Medellín y el general Rodríguez era el coronel que se desempañaba como comandante de esa brigada. Según el testimonio dado por González del Río ante la Fiscalía, él y sus hombres se encargaban de hacer la inteligencia para conseguir potenciales víctimas. Ese informe era aprobado por el coronel Rodríguez y según González del Río, con frecuencia el actual comandante de las Fuerzas Militares le decía que no le dieran detalles de las operaciones, pero que no le fueran a salir con que “se les volaron o los capturaron porque lo que se necesitaban eran bajas”.

El general Rodríguez ha desechado estos señalamientos con el argumento de que son todos una mentira, producto de la venganza porque él fue quien denunció a González del Río por corrupción, hecho que según el general produjo su posterior captura. Sin embargo, la Fiscalía apresó a González del Río no por corrupción sino por su presunta vinculación a tres casos de falsos positivos sucedidos en Caldas.

De buena fuente sé que el actual comandante de las Fuerzas Militares insiste en decir que no conocía a González del Río, pero resulta prácticamente imposible que no se hubieran visto por lo menos una vez a la semana en la comandancia de la Cuarta Brigada. La Fiscalía además tiene en su poder el folio de vida del coronel González del Río en el que el entonces coronel Rodríguez lo felicita por unas operaciones. La Fiscalía ya descubrió que por lo menos una de esas operaciones se trató de un caso de falsos positivos en que resultaron muertas siete personas.

En realidad solo cuando González del Río decidió hace un año colaborar con la Fiscalía, la comandancia y en especial el general Rodríguez lo empezó a tachar de bandido y de corrupto. Antes era un coronel mimado, que merecía privilegios inusitados por parte de los altos mandos pese a que desde 2012 había sido capturado por la Fiscalía por tres casos de falsos positivos. Mientras el general Rodríguez era comandante del Ejército, González del Río tuvo un carro oficial del Ejército y un soldado activo asignado como su conductor que lo recogía y le hacía las vueltas. Conversaba con los generales de tú a tú y se le permitía salir de la Brigada 13 a reuniones en el Jockey Club. Pudo incluso irse de vacaciones a Villavicencio con su familia en carros tanqueados con gasolina del Ejército; hay audios en poder de la Fiscalía en los que conversa con el entonces magistrado Villarraga intentando traer su caso a la justicia penal militar, y hay otro en donde se le oye conversar con una  jueza penal militar que le dice que si logra traer su proceso, ella lo archiva.

De no haber sido porque la revista SEMANA denunció hace un año y cuatro meses estos inexplicables privilegios de los altos mandos con un coronel preso, y reveló comprometedores audios en los que se develaba la existencia de una estrategia para silenciar a los militares implicados en falsos positivos a punta de contratos, el coronel González del Río seguiría aún activo, con sus privilegios inmerecidos, con licencia para hacer negociados a cambio de su silencio y no hubiera terminado colaborando con la Fiscalía ni nombrando a generales como Rodríguez Barragán.

Queda en el ambiente el interrogante de por qué la Fiscalía le entregó un certificado exprés al general Rodríguez en el que le aseguraba que no había una investigación en su contra por falsos positivos, cuando en realidad sí la había.

Aclaro: no se trata de condenar a priori al general Rodríguez. Se trata simplemente de que atienda a una investigación en curso que lo vincula a una práctica inhumana en la que perdieron la vida muchos colombianos porque se impuso la aterradora tesis de que entre más muertos mostraran, mejor les iba en el Ejército. Es lo mínimo que esperamos de quien comanda las Fuerzas Militares.

 

 

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