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Los colombianos, los periodistas… ¿y el Estado?

Por William Giraldo Ceballos

Imagen vozlibre.com.mx

Más allá del dolor y de la condena por el  crimen de los periodistas ecuatorianos sacrificados por una  banda criminal que desertó de la guerrilla, cabe preguntarse en dónde están el Estado, sus autoridades y las fuerzas armadas que deben garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos.

La algarabía que arma el periodismo porque tiene en sus manos los micrófonos, las cámaras, la palabra y los medios de comunicación para expresar su dolor y  acusar a los criminales de estar atentando contra la libertad de expresión, no puede ser el  argumento para reclamar protección al gremio dejando por fuera la realidad que viven millones de colombianos y centenares de extranjeros que visitan el país, convertidos en víctimas por todo tipo de delincuentes.

Colombia cuenta con el Ejército mejor entrenado y mejor dotado técnica y logísticamente de esta parte del continente americano, cuenta con una de las mejores policías judiciales para investigar todo tipo de delitos y sin embargo las mafias urbanas y rurales actúan libremente  en las regiones fronterizas y en los principales centros urbanos y turísticos del país. Esas instituciones creadas con propósitos constitucionales no actúan mientras no se les den ordenes dentro de una organización estatalmente jerarquizada. Parece que no se les tuviera en cuenta.

El Catatumbo, en Norte de Santander, frontera con Venezuela, ahora Tumaco, en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador y el noroccidente de Antioquia fronterizo con Panamá son una especie de territorios soberanos de las mafias en las que no pueden intervenir autoridades civiles ni militares, según se deduce de la creciente actividad criminal no solo del narcotráfico sino del contrabando de todo tipo de mercancías, el tráfico de personas y el consecuente asesinato de campesinos, indígenas, líderes sociales y extranjeros que se aventuran por esos lugares.

Para no ir a las funestas estadísticas oficiales, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Neiva etc, se registran anualmente miles de asesinatos de ciudadanos víctimas de atracos y “ajustes” de cuentas entre traficantes, por el consumo de drogas, por el tráfico y el microtráfico. El número de hurtos a residencias crece, el número de muertos por celulares aumenta.

En la impunidad han quedado los asesinatos de turistas mexicanos, italianos, españoles, víctimas del narcotráfico y cuyos cadáveres fueron hallados en las habitaciones de sus hoteles en Cartagena, Medellín y Bogotá.

En Colombia el problema no es la pobreza, no es la crisis social o el desempleo. El problema no es que maten periodistas y se renueve  el escándalo porque se esté atentando contra la libertad de prensa y de expresión…

El duelo, el dolor, la solidaridad pasarán al olvido como la impunidad que coronará estos y muchos otros crímenes que no tienen el mismo despliegue en los medios de comunicación como el asesinato colectivo de soldados y policías a manos de grupos armados de la guerrilla o de la mafia narcotraficante.

Los periodistas y sus medios estarán atentos dentro de 40 días cuando los colombianos irán a las urnas a elegir sus nuevas autoridades.

¿Y el Estado quedará en buenas manos?

 

 

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