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Los Bonos Carrasquilla

Por Laura Gil, Diario El Tiempo, Bogotá

Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda y creador de los bonos "agua" que empobrecen a 117 municipios de Colombia. Foto CARACOL Radio

¿El que la hace la paga?

La permanencia del ministro compromete el activo más valioso de cualquier gobierno: la coherencia.

Lleva un mes y tiene el desgaste de mitad de periodo. En pocos días, la presidencia de Iván Duque habrá batido un récord, cuando se enfrente a la moción de censura más temprana en la historia de un gobierno. El responsable, Alberto Carrasquilla.

La consulta anticorrupción le sirvió, en bandeja de plata, una bandera al mandatario, y él supo recogerla para poner a prueba sus propuestas de consenso en torno a pactos nacionales. Lideró una convocatoria amplia que las fuerzas políticas atendieron y una mayoría de la opinión celebró. El escándalo en que se ve envuelto su ministro de Hacienda está en vías de destruir una iniciativa con tan alto poder de congregación como la lucha contra la corrupción.

Las cosas son simples. Una reforma constitucional que Alberto Carrasquilla tramitó en su paso anterior por el ministerio, reglamentada luego por su sucesor, permitió a municipios necesitados de acueductos y alcantarillados endeudarse a 19 años, con las transferencias del sistema general de participaciones (SGP) como garantía, tasas de interés que bordearon la usura, prohibición de pago adelantado y ningún requisito previo de viabilidad técnica de los proyectos.

El esquema financiero que Alberto Carrasquilla diseñó quebró los municipios y enriqueció a los privados. ¿A quiénes? A la Alianza Fiduciaria, que él asesoró, y a Konfigura Capital, que él fundó.

A un negociante no hay por qué exigirle compromiso con las poblaciones más vulnerables del país; a un ministro de Hacienda, sí.

El Grupo Financiero de Infraestructura fue conformado por Alianza Fiduciaria y Konfigura Capital. Entre 2009 y 2011, la Alianza Fiduciaria emitió bonos de agua por un valor de 440.000 millones de pesos para financiar instalaciones en 117 municipios. En 2012, el Ministerio de Vivienda encontró que “las entidades territoriales incurrieron en altos costos financieros y operativos a partir del desembolso del crédito” y, en muchos casos, se quedaron sin obras o con sobrecostos. “Los costos de la operación crediticia descontados por el prestamista –Carrasquilla y su equipo– promediaron el 1,31 % del valor del crédito, el cual asciende a un total de $ 5.764 millones”, y eso fueron solo los gastos.

La entidad trasladó a la Fiscalía las irregularidades que encontró. En 40 municipios se encontraron proyectos siniestrados o sin ejecutar, en 65 se encontraban en alto riesgo si no se tomaban medidas de inmediato, y solo en 12 avanzaban con normalidad.

De los recursos de agua potable y saneamiento básico del SGP, Soacha había comprometido 37 %, pagado intereses por dos años y no ejecutado obras; y Jamundí, en el Valle del Cauca, dedicaba, de sus transferencias mensuales, 70 % al pago de la Alianza Fiduciaria. San Jacinto del Cauca, Bolívar, había pignorado el 40 %, y no se sabía a ciencia cierta en qué se habían gastado; San Carlos, Córdoba, 80 %, y Caldas, Antioquia, 85 %.

En 2014, la Nación intervino para salvar a los municipios, y este periódico tituló: ‘Fin de la pesadilla de los bonos de agua’. Las condiciones para comprar la deuda fueron tan leoninas que se le exigió al Gobierno el acuerdo de cada uno de los 117 municipios para adelantar la operación.

Si las autoridades locales fueron ineficientes, no fue culpa de Alberto Carrasquilla; si algunos hicieron su agosto, tampoco. A un negociante no hay por qué exigirle compromiso con las poblaciones más vulnerables del país, ni preocupación por el endeudamiento exagerado de los municipios ni consideración con el uso de los recursos públicos; a un ministro de Hacienda, sí.

Alberto Carrasquilla no es apto para continuar en la cartera económica. Su permanencia compromete el activo más valioso de cualquier gobierno –la coherencia–.

LAURA GIL

 

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